Los familiares de víctimas que fallecieron una vez iniciado el proceso de reparación podrán reabrir sus causas

Las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia han visto con satisfacción el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que abre una puerta a la participación de los supervivientes de la pederastia clerical en todos los puntos del proceso, del que hasta la fecha estaban apartados.

Un "hito histórico", como lo ha definido, desde estas páginas, Juan Cuatrecasas, y que a falta de concreciones (esta semana está previsto un primer contacto con el Defensor del Pueblo para que éste reciba el mandato oficial para dicha encomienda), permitirá, entre otras cosas, que víctimas que ya han pasado por el plan PRIVA (incluso, aceptando la indemnización propuesta unilateralmente por la Iglesia) puedan solicitar una nueva baremación. También, que los familiares de víctimas que iniciaron el proceso de reparación, y murieron durante el mismo, puedan continuar con la voluntad del fallecido.

¿Cuáles son los puntos claves de este acuerdo? En primer lugar, y por encima de todas las cosas, que las víctimas (y las asociaciones que las representan) podrán elegir cuándo y dónde presentar sus demandas. Ya sea ante el Ministerio de Justicia, ante la Oficina de Víctimas del Defensor del Pueblo o, en las oficinas de las diócesis o congregaciones religiosas. No sólo será el PRIVA el único canal, como hasta ahora.

En segundo término, también sumamente relevante, que las víctimas podrán hacer algo más que aceptar la reparación ofrecida por los expertos de la Conferencia Episcopal, o negarse a hacerlo. Con el nuevo modelo, desde el principio, los denunciantes podrán hacer una petición razonada, y en caso de desacuerdo, ellos y sus representantes formarán parte de una Comisión Mixta que intentará tomar una decisión unánime. En caso contrario, será el Defensor del Pueblo, y no la Iglesia (el Estado, y no la representante de los victimarios), quien decida el importe final.

Los nuevos baremos seguirán el modelo irlandés, que alcanzaban los 300.000 euros, tres veces más que la cantidad máxima fijada por el plan PRIVA

¿Cuál será ese importe?

Otro de los puntos esenciales, por más que las víctimas no se mueven, ni mucho menos, por dinero. Tal y como adelantó Pedro Sánchez a las asociaciones el pasado viernes, el Defensor del Pueblo tendrá que establecer unos baremos, que serán "muy superiores" a los establecidos por la Iglesia (hasta ahora, entre 3.000 y cien mil euros), y que seguramente se basen en el modelo irlandés, donde las indemnizaciones podrían alcanzar los 300.000 euros. Esto es: tres veces más que en la actualidad.

¿Quiénes podrán beneficiarse del nuevo acuerdo? Todas las víctimas cuyos casos hayan prescrito civilmente, que tendrán un año (ampliable a otro) para denunciar. ¿Por qué este plazo? Por el deseo del Gobierno de que los casos no prescritos sigan el cauce judicial pertinente, más allá de que algunas víctimas continúan abogado por la imprescriptibilidad de estos casos.

¿Todas las víctimas?

Todas. Incluso, las que en su día acudieron al PRIVA y aceptaron la indemnización propuesta. Hay al menos tres casos (uno de ellos, de las reparaciones más altas hasta la fecha) que ya han planteado su intención de acogerse al nuevo modelo. En este caso, habrán de presentar una reclamación ante el nuevo organismo, que evaluará si reabre la causa. Si se hace, y recibe una cantidad superior, se descontaría lo ya recibido. Otra novedad relevante es que los familiares de aquellas víctimas que hubieran fallecido una vez iniciado el proceso, podrán seguir adelante, algo que no sucedía con el plan PRIVA.

En lo económico, las nuevas indemnizaciones estarán exentas de impuestos. ¿Y qué ocurre con las víctimas que ya lo recibieron en 2025 y que, por tanto, están obligados a tributar? En algunos casos, estamos hablando de pagos de más de 30.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el Senado aprobó el pasado 4 de diciembre una propuesta para que se aprobara esta exención retroactiva con carácter urgente, que todavía no se ha implementado. Algo que afecta a las 61 víctimas que ya han recibido indemnización a través del PRIVA, por un montante de 1.858.420,00€ (854.000,00 € corresponden a indemnizaciones de caso diocesanos y 1.004.420,00 a indemnizaciones de casos de instituciones religiosas). Que precisan de una respuesta urgente.