Puesta en marcha de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo: Estos son los 16 profesionales independientes

La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya está constituida y la componen dieciséis profesionales independientes y expertos en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas, según ha informado la institución que dirige Ángel Gabilondo, que cumple así con el compromiso adquirido en el Protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para poner en marcha el nuevo sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

La Unidad de Víctimas se responsabilizará de la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

Componentes

Los dieciséis componentes de la Unidad de Víctimas son, por orden alfabético:

1. Xabier Arzoz Santisteban. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
2. María Avilés Navarro. Letrada de la Administración de Justicia y asesora en el Defensor del Pueblo.
3. Olga Belmonte García. Doctora en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, participó en la creación y fue miembro del Proyecto REPARA (Reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de abusos) del Arzobispado de Madrid.
4. Carlos Calderón Modrego. Abogado y psicólogo especializado en violencia sexual.
5. Antonio Fernández Barba. Coordinador de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
6. Karina Mikkelsen Geldres. Administrativa de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. 
7. Antonio Mora Lladó. Jefe del Servicio de Estudios y Documentación en el Defensor del Pueblo y director de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
8. José Manuel Muñoz. Psicólogo forense y criminólogo.
9. Noemí Pereda Beltrán. Doctora en Psicología. Catedrática de Victimología en la Universidad de Barcelona.
10. María Jesús Raimundo Rodríguez. Fiscal adscrita de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado.
11. Laura Rodríguez Santiago. Psicóloga forense y criminóloga.
12. Alejandro Saiz Arnaiz. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.
13. Gustavo Suárez Pertierra. Catedrático emérito de Derecho Eclesiástico del Estado.
14. José María Trillo-Figueroa. Abogado y asesor en el Defensor del Pueblo.
15. Josep María Tamarit Sumalla. Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida.
16. Gema Varona Martínez. Profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco, directora del Instituto Vasco de Criminología y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología.

Según el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “se ha tratado de reunir a un grupo de personas expertas en diversas disciplinas que, estoy seguro, van a hacer un trabajo serio y riguroso”. Gabilondo señaló el día de la firma del Protocolo que “este sistema trata de reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas, y asegurar la justicia y la reparación efectiva con medidas simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas”.

El Protocolo, rubricado en la sede del Defensor del Pueblo por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, desarrolla el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero.

El mismo concreta cómo va a funcionar el sistema iniciado miércoles, 15 de abril, y con qué plazos, y detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas. Las reparaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado, y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia. 

Compromisos de las instituciones firmantes 

El Protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación -ya operativa- que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios. 

El Defensor del Pueblo, por su parte, constituye la Unidad de Víctimas que se va a encargar de llevar a cabo la evaluación individualizada de las solicitudes. También elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación. 

Por su parte, la CEE y la CONFER emitirán, a través de una comisión asesora (Comisión Asesora PRIVA), un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. 

Se crea, asimismo, una Comisión Mixta compuesta por nueve miembros en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Su función será alcanzar un acuerdo por consenso en aquellos casos en los que la valoración de la Unidad de Víctimas no obtenga la conformidad de la Comisión Asesora PRIVA o de la víctima. 

 “Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños. No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano”, ha subrayado Ángel Gabilondo.