RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que investigue la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1978
La Coordinadora cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron a la Iglesia inscribir miles de bienes mediante certificaciones de los propios obispos
La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando que investigue la actuación de los Registros de la Propiedad que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.
La iniciativa plantea una cuestión que va más allá de determinar a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inscrito: cuestiona la propia validez jurídica del procedimiento utilizado para realizar esas inmatriculaciones.
Durante décadas, los obispos pudieron promover la inscripción de bienes a nombre de la Iglesia mediante certificaciones expedidas por ellos mismos, utilizando una prerrogativa que la legislación hipotecaria había establecido cuando la Iglesia estaba equiparada a las Administraciones públicas.
RECUPERANDO sostiene que esta situación cambió radicalmente con la Constitución de 1978. Su artículo 16.3 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y el Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que la Constitución impide equiparar a la Iglesia católica con el Estado.
La pregunta que plantea ahora la Coordinadora es sencilla: si desde 1978 la Iglesia ya no formaba parte del poder público, ¿podían sus obispos seguir actuando como si fueran funcionarios públicos y emitir certificaciones con capacidad para inscribir bienes en el Registro de la Propiedad?
Durante décadas, los obispos pudieron promover la inscripción de bienes a nombre de la Iglesia mediante certificaciones expedidas por ellos mismos, utilizando una prerrogativa que la legislación hipotecaria había establecido cuando la Iglesia estaba equiparada a las Administraciones públicas
Y existe una segunda cuestión igualmente importante: fueron los propios Registros de la Propiedad los que aceptaron esas certificaciones y realizaron las inscripciones.
Por ello, RECUPERANDO solicita al Defensor del Pueblo que investigue si la actuación del servicio público registral durante más de tres décadas respetó los principios constitucionales de legalidad, objetividad y seguridad jurídica.
La queja no pide al Defensor del Pueblo que determine quién es el propietario de cada inmueble. Lo que solicita es que investigue si los actos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones fueron conformes con la Constitución y que, si se confirma su invalidez, promueva ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad.
La iniciativa puede tener una enorme trascendencia, ya que afecta potencialmente a miles de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1978 y 2015.
Un listado de bienes
RECUPERANDO recuerda además que España sigue sin disponer de una relación completa e identificable de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia. El listado publicado por el Gobierno en 2021 se limitó al periodo 1998-2015 y recogió 34.961 inmatriculaciones, dejando fuera décadas anteriores y sin aportar, en numerosos casos, los datos necesarios para identificar con precisión los inmuebles.
La Coordinadora reclama desde hace años conocer qué bienes fueron inmatriculados, con qué título se inscribieron y recuperar para los pueblos aquellos que legítimamente les pertenecen.
Con esta nueva queja, RECUPERANDO plantea ahora una cuestión previa y fundamental: determinar si el propio procedimiento que permitió realizar miles de esas inmatriculaciones después de aprobada la Constitución tenía realmente cabida en un Estado aconfesional y democrático.