Ultimátum de las víctimas de abusos: si no hay acuerdo esta semana, se concentrarán en las sedes de la CEE y la Nunciatura

El Vaticano desconocía que los obispos habían paralizado la firma del convenio, prevista para antes de la visita de los Reyes a León XIV. Las asociaciones denuncian la "revictimización constante" del colectivo, exigen que el convenio no se dilate más, y piden a la Santa Sede “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”

Víctimas de abusos de Navarra, en la sede de la CEE
Víctimas de abusos de Navarra, en la sede de la CEE

"Habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana". Con rotundidad, las distintas asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica han dicho 'Basta' y, este domingo, en una reunión on line, tomaron una decisión, por unanimidad, que se antoja histórica: si a lo largo de esta semana no se anuncia el pospuesto acuerdo para el protocolo de indemnizaciones para los supervivientes de la pederastia clerical entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, Confer y el Defensor del Pueblo, habrá "movilizaciones" y "concentraciones ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica".

"Es una auténtica vergüenza, es una revictimización constante", apuntan a RD representantes de estas asociaciones, que han asistido "perplejas" a lo que consideran "un nuevo espectáculo de indignidad" tras el fracaso de las dos últimas reuniones entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, que impidieron la firma de un convenio que todas las partes reconocen como "muy avanzado".

Argüello, Bolaños y Díaz Sariego, tras la firma del acuerdo
Argüello, Bolaños y Díaz Sariego, tras la firma del acuerdo | Raúl Salgado Muro/Pool Moncloa

La imagen de la visita de los Reyes de España a León XIV sin esa firma, y sin que Roma oficializara -todavía- el itinerario de su viaje a España fue convenientemente utilizada por unos y por otros para trazar dos relatos contrapuestos: el de un Bolaños derrotado, o el de unos obispos anti-indemnizaciones. Ni una cosa ni otra.

Lo cierto es que -como ya explicó RD-, sin obviar el hecho de fustrar que el ministro llevara a Roma un acuerdo cerrado (por aquello del relato que tanto gusta últimamente en ambientes eclesiales), el principal escollo no es tanto economico, sino de control. Y es que los obispos recelan de que el Defensor del Pueblo se convierta en una suerte de 'segunda instancia' para aquellas víctimas que no queden contentas con el dictamen del PRIVA.

Sea como fuere, otra verdad es que en Roma no conocían que el acuerdo se había frenado en el último instante. De hecho, fue el propio Bolaños quien informó de ello el pasado viernes al secretario de Estado, Pietro Parolin, quien mostró su extrañeza por esta particularidad. ¿Habrá habido llamada posterior? ¿Podrá dicha llamada acelerar las reuniones que, al menos oficialmente, no tienen fecha de reanudación?

“Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “firmen el convenio esta semana, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”

En todo caso, tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “firmen el convenio esta semana, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Una firma unilateral

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Comisión Asesora del Plan Priva
Comisión Asesora del Plan Priva

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para RD.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

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