La incompatibilidad del cristianismo con la derecha económica
«La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía»: el contundente recordatorio del papa León XIV en Argentina
La compatibilidad entre la fe cristiana y la adscripción a la derecha político-económica suele darse por sentada en amplios sectores sociales. Sin embargo, cuando contrastamos determinados postulados del liberalismo económico, especialmente en sus versiones más desreguladas, y del conservadurismo fiscal con el pensamiento social de la Iglesia, aparecen fricciones doctrinales profundas. La propiedad, el papel del mercado, la justicia distributiva y la responsabilidad del Estado plantean preguntas que no pueden resolverse apelando únicamente a la libertad económica o a la iniciativa individual.
No se trata de negar el valor de la empresa, la propiedad privada o la responsabilidad personal, sino de preguntarse qué ocurre cuando estos principios se convierten en absolutos y dejan de estar al servicio de la dignidad humana. Ahí comienza una tensión que merece ser examinada desde el Evangelio.
El punto de partida antropológico: la persona como fin, nunca como medio
El núcleo de la incompatibilidad entre el capitalismo desregulado y el Evangelio radica en qué ocupa el centro del sistema: el capital o el ser humano. Durante su histórica visita apostólica a Argentina en noviembre de 2026, primero ante las autoridades políticas en el Palacio Libertad de Buenos Aires y posteriormente en su encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV resumió en una sentencia contundente más de un siglo de enseñanza social católica:
«El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía» (Discurso en la UCA, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2026).
No era una afirmación abstracta. En ese mismo encuentro, el Pontífice recordó que el desempleo no consiste simplemente en perder una fuente de ingresos, sino que hiere la dignidad, limita la capacidad de contribuir a la sociedad y puede conducir a la exclusión. También advirtió de que el crecimiento económico debe traducirse en verdadero desarrollo humano y que el bien común exige «superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista».
En su intervención ante las autoridades argentinas, el día anterior, León XIV había insistido igualmente en que una de las condiciones más elementales de una sociedad justa es poder vivir del propio trabajo. Reclamó favorecer las oportunidades, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades. No contrapuso, por tanto, la creación de riqueza a la justicia social, sino que recordó que la primera pierde su legitimidad moral cuando olvida a las personas.
Cuando una doctrina económica exige sacrificar sistemáticamente el bienestar de los más vulnerables en el altar del déficit cero o de la rentabilidad financiera, invierte el orden moral exigido por el cristianismo. La estabilidad económica puede ser un instrumento necesario, pero nunca un fin que justifique cualquier coste humano.
La primacía del destino universal de los bienes sobre la propiedad privada
Uno de los ejes centrales de determinadas corrientes de la derecha económica es la defensa de la propiedad privada como un derecho prácticamente absoluto e inviolable. Frente a esta concepción, la tradición católica, desde los Padres de la Iglesia hasta los pontífices contemporáneos, subordina la propiedad privada a un principio superior: el destino universal de los bienes.
En la encíclica Populorum Progressio (1967), el papa Pablo VI retomó la enseñanza de san Ambrosio para afirmar de manera taxativa:
«La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario» (n. 23).
Posteriormente, Juan Pablo II reforzó esta idea en Laborem Exercens (1981), señalando que sobre toda propiedad privada grava siempre una «hipoteca social» (n. 14), y el papa Francisco insistió en Fratelli Tutti (2020) en que «el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados» (n. 120).
Esto no significa que la Iglesia niegue la propiedad privada ni que considere ilegítima la acumulación de bienes por sí misma. Reconoce su valor para la libertad personal, la autonomía y el desarrollo de la iniciativa humana. Lo que rechaza es que ese derecho pueda ejercerse al margen de las necesidades de los demás. La propiedad tiene una función social y no puede convertirse en una justificación moral de la indiferencia ante la pobreza.
El rechazo a la idolatría del mercado y la teoría del «derrame»
El pensamiento económico liberal sostiene que el mercado libre, regulado por la ley de la oferta y la demanda, es uno de los mecanismos más eficaces para asignar recursos y generar prosperidad. La Doctrina Social de la Iglesia no niega la utilidad de los mercados ni su capacidad para impulsar la actividad económica. Lo que cuestiona es su absolutización y la confianza ingenua en que el crecimiento económico terminará traduciéndose, por sí solo, en justicia social.
En Centesimus Annus (1991), tras la caída del bloque soviético, Juan Pablo II advirtió contra el riesgo de sustituir el totalitarismo por una «idolatría» del mercado:
«Existen numerosos bienes humanos que no pueden ser satisfechos por los mecanismos del mercado. Hay algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad» (n. 40).
De forma aún más directa, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), el papa Francisco criticó las teorías económicas que confían en que el crecimiento espontáneo y los mecanismos del mercado acabarán beneficiando a todos sin necesidad de políticas redistributivas:
«Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante» (n. 54).
En sintonía con esta línea, León XIV recordó en Buenos Aires que no basta con generar riqueza o atraer inversiones si ese crecimiento no se traduce en oportunidades reales y en la posibilidad de «vivir del propio trabajo» para quienes encuentran mayores dificultades. El Papa no cuestionó la iniciativa empresarial ni la creación de riqueza; cuestionó que el beneficio económico se convierta en el único criterio de éxito. De hecho, calificó la vocación empresarial como una tarea noble cuando se orienta al bien común y a la función social de la propiedad y del capital.
La cuestión, por tanto, no es mercado sí o mercado no. Es si el mercado constituye un instrumento al servicio de la sociedad o si la sociedad acaba sometida a sus exigencias. Cuando la rentabilidad se convierte en la medida de todas las cosas, la economía deja de ser una herramienta de desarrollo y corre el riesgo de transformarse en una estructura de exclusión.
La opción preferencial por los pobres frente al individualismo meritocrático
Mientras que ciertas corrientes de la derecha política enfatizan el mérito individual y tienden a explicar la pobreza como resultado de decisiones personales o de falta de esfuerzo, la Doctrina Social de la Iglesia sitúa la atención a los más vulnerables como un criterio moral ineludible y estructural.
Conviene aclarar que el cristianismo no niega el esfuerzo, el mérito, la responsabilidad individual ni la importancia de la iniciativa personal. Lo que cuestiona es convertirlos en explicaciones absolutas de la posición que cada persona ocupa en la sociedad, olvidando las desigualdades de partida, la precariedad, la falta de oportunidades y las estructuras que perpetúan la exclusión. No todos parten del mismo lugar ni disponen de las mismas posibilidades para construir su proyecto de vida.
La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla (1979) y, posteriormente, el Magisterio universal consolidaron la «opción preferencial por los pobres». Benedicto XVI, en Caritas in Veritate (2009), subrayó que la justicia es inseparable de la caridad y que la actividad económica no puede ser moralmente neutra:
«La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona» (n. 45).
La opción preferencial por los pobres no es una consigna política ni una preferencia sentimental. Es una exigencia evangélica que obliga a examinar las consecuencias reales de las decisiones económicas. Una sociedad no puede considerarse justa únicamente porque premie el esfuerzo de quienes prosperan; también debe preguntarse qué sucede con quienes, aun esforzándose, no consiguen salir adelante.
El papel activo del Estado y la justicia social
El ideario de determinadas corrientes de la derecha económica aboga por reducir el Estado a su mínima expresión, recortar el gasto público social y disminuir la carga fiscal como vías prioritarias para favorecer el crecimiento. No obstante, desde Rerum Novarum (1891), León XIII estableció que el poder público tiene el deber de intervenir para proteger a los trabajadores y corregir las desigualdades generadas por la asimetría entre el capital y el trabajo:
«Cuando se trata de defender los derechos de los individuos, los pobres y los desamparados tienen un derecho especial a la consideración del Estado. La clase rica se protege a sí misma con sus propios recursos y necesita menos la tutela pública» (Rerum Novarum, n. 37).
La tradición social católica no propone un Estado omnipresente ni defiende que los poderes públicos deban sustituir a la sociedad, a las familias, a las asociaciones o a la iniciativa empresarial. El principio de subsidiariedad impide precisamente esa concentración de funciones. Pero tampoco admite que el Estado renuncie a sus responsabilidades cuando están en juego la protección de los derechos, la cohesión social y las condiciones necesarias para una vida digna.
El propio León XIV, en su visita a Argentina, insistió en la necesidad de que los poderes públicos favorezcan políticas estables, protejan el trabajo y garanticen oportunidades, sin ahogar la iniciativa privada. La cuestión no es cuánto Estado o cuánto mercado en términos puramente cuantitativos, sino qué instituciones contribuyen mejor al bien común y protegen efectivamente la dignidad de las personas.
El matiz doctrinal: la no identificación con ningún sistema político
Si bien estos puntos fundamentan la crítica de numerosos teólogos y movimientos cristianos hacia determinadas expresiones de la derecha económica, los propios documentos de la Doctrina Social de la Iglesia establecen que la fe católica no se identifica con ninguna ideología ni partido político determinado.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004) señala que la Iglesia no propone modelos técnicos ni sistemas económicos cerrados, sino criterios éticos para juzgarlos. De hecho, los mismos textos pontificios que critican el capitalismo liberal y el individualismo condenan también con firmeza el colectivismo socialista, la lucha de clases y el estatismo que anula la iniciativa privada y el principio de subsidiariedad (Centesimus Annus, nn. 13-15).
La tradición católica reconoce, por tanto, el valor de la propiedad privada, la libertad económica, la responsabilidad individual, la iniciativa empresarial y la creación de riqueza. El propio León XIV lo recordó en Argentina al reconocer la importancia de la iniciativa privada y de quienes arriesgan su patrimonio para generar empleo. Pero también dejó claro que esa actividad solo alcanza su plena legitimidad cuando se orienta al bien común y respeta la dignidad de quienes participan en ella.
Asimismo, sectores del pensamiento cristiano conservador argumentan que la defensa de la familia, la libertad religiosa, el derecho a la vida desde la concepción y la limitación del poder estatal frente a las comunidades intermedias son principios alineados con el Magisterio que suelen encontrar mayor acogida en formaciones conservadoras. Son cuestiones que merecen consideración y que forman parte del discernimiento político de los creyentes. Sin embargo, ninguna coincidencia en estos ámbitos puede dispensar de examinar las consecuencias sociales de las políticas económicas que se defienden.
La Iglesia no es de derechas ni de izquierdas. Pero eso no significa que todas las opciones económicas sean moralmente equivalentes ni que cualquier modelo de sociedad pueda presentarse como compatible con la fe. La neutralidad partidista no equivale a neutralidad moral. El creyente está llamado a discernir cada propuesta política a la luz de la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y el bien común.
La propiedad privada, la iniciativa empresarial, la libertad económica y la responsabilidad individual tienen su lugar en la Doctrina Social de la Iglesia. Pero ninguna de ellas puede convertirse en un absoluto. La libertad sin responsabilidad, el mercado sin justicia y la riqueza indiferente al sufrimiento ajeno terminan contradiciendo aquello que el cristianismo proclama.
Quizá por eso las palabras de León XIV en Argentina deberían interpelar especialmente a quienes reivindican públicamente sus raíces cristianas mientras defienden modelos económicos que pueden dejar a demasiadas personas al margen. No se trata de exigir a los cristianos que voten de una determinada manera, sino de recordarles que ninguna opción política queda exenta del discernimiento evangélico.
Porque, al final, la cuestión no es si el cristianismo debe adaptarse a la derecha o a la izquierda, sino si nuestras opciones económicas y políticas resisten la pregunta fundamental del Evangelio: ¿qué lugar ocupan en ellas los últimos, los trabajadores, los pobres y quienes no tienen capacidad para defender sus propios intereses?
Para escuchar el discurso del papa León XIV sobre la economía al servicio de la persona: https://www.youtube.com/shorts/ONuKTSZgc_I
