En el País Valenciano ha sido muy comentada la nota de la dirección de À Punt (la televisión valenciana), sobre la emisión del audio de la grabación del Cecopi del 29 de octubre, día que murieron ahogadas 229 personas. Y es que la dirección de À Punt (es decir, la empresa), ha dicho que “el código deontológico periodístico impide difundir el audio de la grabación”, que sí que ha dado a conocer RTVE y gracias al cual hemos sabido lo que se decía en aquella reunión. La dirección de la CACVASA ha lamentado que esas imágenes hayan sido sustraídas de los archivos de la redacción de À Punt y se hayan filtrado (afortunadamente), a otro medio de comunicación, como es, RTVE, gracias al cual hemos podido conocer las “intimidades” del Cecopi, aquel 29 de octubre, hasta ahora, escondidas.

Por cierto que la (valiente) jueza de la Dana, ha admitido ese audio que ha difundido RTVE, como prueba en la causa que investiga. La misma jueza ha elevado a 229 ahogados (y no 228), ya que ha contabilizado el bebé de una joven embarazada de ocho meses, que murió ahogada. Por lo tanto, este material que ha dado a conocer RTVE, sí que es importante. Un audio que À Punt, excusándose en su código deontológico, ha escondido a los valencianos.

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Y es que entre esconder la verdad y darla a conocer, no hay código deontológico que valga. Este código deontológico explica por qué durante casi once meses, los valencianos no hemos conocido la verdad de lo que pasó en el Cecopi. Por eso me alegro de que RTVE haya emitido el audio.

A mí me gustaría que los miembros de la dirección de À Punt (que han hecho tantos aspavientos por la emisión del audio), mirando a la cara de los familiares de las víctimas del 29 de octubre, teniéndolos delante, tuviesen la valentía de defender su código deontológico, que ha permitido esconder a las asociaciones de afectados por la Dana, la realidad de lo que pasó en el Cecopi aquella tarde-noche tan trágica.

A mí me gustaría que los directivos de À Punt defendiesen su código deontológico delante de la señora Dolores Ruiz, que vio como el agua del barranco de Xiva arrastraba a su marido y a sus dos hijos, que murieron ahogados. Esta señora, llena de dolor, decía que con la muerte de su marido y de sus dos hijos, “me han quitado la vida por dentro”. O que defendiesen el código deontológico delante de la señora Rosa Mª Àlvarez, cuyo padre murió ahogado. Esta señora afirmaba: “mi padre no había muerto, lo habían asesinado”. O delante de la señora Toñi García, que  perdió a su marido y a su única hija, ahogados en Benetússer y que decía en una entrevista: “tengo mucho dolor, tristeza, rabia, porque considero que fueron asesinados”. Seguro que no lo harán. Seguro que los directivos de À Punt no serán capaces de defender su código deontológico (que ha escondido la información del Cecopi), delante de estas persones, llenas de dolor, de lágrimas y de desesperación, ya que perdieron a sus seres más queridos.

Y es que conocer la verdad, que es lo que piden las asociaciones de víctimas del 29 de octubre, es muy importante. Mucho más importante que esconder lo que se dijo en aquel Cecopi, que es lo que ha hecho la dirección de À Punt durante casi once meses.

À Punt habría de tener como código deontológico las palabras de Jesús, que encontramos en el Evangelio de San Juan: “La verdad os hará libres” (Jo 8:32).

Es impactante el vídeo de la presentación, en Barcelona del libro: “Els morts de Mazon” (Vilaweb, “Barcelona escolta amb emoció continguda les víctimes de Mazon”; 11 de julio de 2025), donde vemos y palpamos el dolor de tres personas que perdieron a sus seres queridos, porque la alerta llegó a la ciudadanía tarde, como ha reconocido la jueza de la Dana.

Y mientras tanto, ¿dónde está la voz de la jerarquía valenciana? ¿Dónde está la voz de la Iglesia que denuncie esta actitud de esconder (manipulando) una información fundamental en la investigación de lo que pasó aquel 29 de octubre. Por eso es importante recordar que el papa León, ha pedido a la Iglesia “una teología encarnada, impregnada de los dolores y esperanza de la Humanidad” (Religión Digital, 13 de septiembre de 2025). 

Y por eso mismo, la señora Mariló Gradolí manifestó, con toda la razón del mundo, que “la sociedad valenciana, los vecinos de los 75 pueblos afectados, necesitamos una respuesta (que no se nos ha dado), sobre lo que pasó el 29 de octubre y queremos responsabilidades jurídicas, sociales y políticas” (Youtube, entrevista a Mariló Gradolí, marzo 2025). Y es que el objetivo de la asociación de familiares de las víctimas de la Dana, que preside la señora Gradolí, es pedir “justicia y reparación”, ya que, como ha dicho esta señora, “ha muerto gente porque no se dio la alerta”.

Por eso creo que fue un error que À Punt no hiciese público el audio del vídeo, como afirma en su artículo, “El error de intentar esconder el vídeo del Cecopi”, el señor Joan Carles Martí, director del diario Levante (Levante, 12 de septiembre de 2025). También aconsejo leer el artículo del periodista Alfons Garcia, “Nunca tuve tanto dinero ni tanta rabia” (Levante, 13 de septiembre de 2025).

El comunicado de la dirección de À punt retrata muy bien a sus miembros, que prefieren esconder la verdad, a darla a conocer. Y eso nos muestra la deriva de la RTVV desde que gobierna el PP en el País Valenciano.

Una muestra de esta deriva es el caso de la periodista Elena Tamarit, que ha dejado À Punt, acogiéndose a la cláusula de conciencia del contrato, debido al cambio ideológico de la radiotelevisión pública valenciana. Esta periodista, que hasta el pasado mes de julio dirigía el magazine, “A poqueta nit”, y que se muestra crítica con la nueva dirección, habla de manipulación y de presión a los trabajadores, mientras reivindica el trabajo de los profesionales de la redacción de RTVV. La periodista Elena Tamarit denuncia “el maltrato animal, la cobertura taurina, la falta de respeto a nuestra lengua, la falta de veracidad y pluralidad en los servicios informativos y el aumento de la programación en castellano”. Por eso Elena Tamarit ha dicho que no se reconoce “en los valores de la casa” ni en la directiva, que es “una correa de transmisión del Consell, partidista”. Y Elena Tamarit afirma que “la ciudadanía está muy decepcionada con el giro ideológico de la cadena” (). Y es que ante la duda sobre si ha de prevalecer el código deontológico periodístico (ocultando lo que pasó en la reunión del Cecopi) o el derecho a tener una información, no hay color.

La ciudadanía tiene el derecho a estar informada, y no podemos aceptar el silencio que ha impuesto el código deontológico de À Punt, ocultando una información decisiva. Y es que estamos hablando “de 228 muertos” y los familiares de las víctimas “merecen que toda la información salga a la luz, para esclarecer qué pasó aquel 29 de octubre” (Vilaweb, 12 de septiembre de 2025).

Esta es también la opinión de la Intersindical Valenciana, que ha dicho que “el comunicado de la dirección no representa la voz de la plantilla” de À Punt.

Por cierto, ¿qué se esconde detrás de la dimisión (o la destitución), del vicepresidente de la Generalitat del País Valenciano, Gan Pampols? Porque decir que su trabajo en la reconstrucción del territorio después de la Dana, ya está completada, no se lo cree nadie.