Avanzar en el campo de la libertad religiosa es el propósito de la presentación de las confesiones religiosas ante la Convención Constitucional chilena, entregada este martes, 19 de octubre. En representación de la Iglesia católica ha participado Mons. Fernando Chomali, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile.

El texto habla de la libertad religiosa, “como un valor esencial de la vida democrática y social del país”. Lo que se pide es que el Estado considere la fe religiosa como “un factor determinante de la vida de las personas y las comunidades”, pidiendo “tomar en cuenta los tratados y normas internacionales sobre este tema”. En sus palabras, los firmantes del documento afirman que “pocas cosas son más fundamentales, más importantes, para los seres humanos que sus creencias religiosas o morales personales”.

Dado que toda persona humana es religiosa y ciudadano, dicen entender que “los valores y principios éticos y morales que fluyen de la vivencia de una confesión religiosa, resultan ser un elemento muy importante para el desarrollo de las virtudes ciudadanas y de la convivencia social y la amistad cívica”. Por eso abogan, entre la religión y el Estado, por “una distinción sin separación, una unión sin confusión”.

Se llama a evitar lo que denomina neutralidad moral, señalando que “corresponde al Estado la promoción del bien común y favorecer la conducta ética o moral de las personas, en la vida social, política y económica”. Al mismo tiempo se habla de respeto a las leyes nacionales por parte de las diferentes confesiones en el uso de los medios para llevar a cabo su misión, así como de independencia y una legítima autonomía para realizar su misión.

El escrito hace ver que el Estado debe promover y tutelar las virtudes sociales, así como que “no goza de competencia para intervenir en las conciencias”. En el caso de las confesiones, no gozan de un poder coercitivo. De ahí se derivan, afirma el texto, el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de actuación de los miembros de las diversas confesiones en materia temporal.

Las confesiones no deben reducir la propia acción al ámbito privado y espiritual, ni quedarse al margen en la lucha por la justicia, señala el texto. También reconoce que tanto las confesiones religiosas como la actividad política, “están siempre al servicio del hombre”, lo que demanda colaboración entre ellas. Eso se expresa a través de convenios entre las confesiones religiosas y el Estado.

El texto señala algunas materias en que tanto las confesiones religiosas como el Estado tienen derecho a intervenir desde sus respectivas competencias y finalidades. Para ello se explicitan una serie de elementos en que eso se puede llevar a cabo.

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