La megaminería se ha convertido en una grave amenaza para la región del Chubut. El medio ambiente y los habitantes de la región son los más perjudicados por proyectos que según diferentes voces no están respetando las leyes nacionales e internacionales.

Al reciente mensaje de los obispos de la región, en el que manifestaron su claro apoyo a las reivindicaciones populares, se ha unido el del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen -ENDEPA- junto a la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA). En sus palabras muestran un apoyo explícito al Pueblo Mapuche Tehuelche, “que a partir de esta ley de zonificación minera que la legislatura de la provincia ha votado, vuelve a sufrir una vez más, el despojo, el ultraje y la violación de sus territorios, de su cosmovisión y el derecho a su autodeterminación”.

Desde la ENDEPA y la CEPA consideran inconcebible la falta de respeto por parte de la legislatura Chubutense al Acuerdo de Escazú, insistiendo en que están siendo cometidas “arbitrariedades jurídicas que son plenamente inconstitucionales”, entre ellas lo que respecta a “asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Tampoco está siendo respetado el Convenio 169 de la OIT que obliga a su vez a que la consulta sea libre, previa e informada.

Los firmantes del mensaje dicen ser “testigos, lamentablemente , de demasiados ejemplos en nuestro país que demostraron que la minería a cielo abierto no es sustentable, ni responsable; no trae desarrollo ni progreso sino despojo para los pueblos, y sólo beneficia a las empresas multinacionales que dejando delitos ambientales a su paso por los países donde llevan adelante sus proyectos, buscan instalarse en países como los nuestros donde la corrupción y complicidad política les permite avanzar y atropellar derechos adquiridos”.

Por eso se preguntan abiertamente: “¿A quién benefician estas leyes, que se aprueban ‘entre gallos y medianoche’, y a espaldas de dos iniciativas populares presentadas por el pueblo chubutense que exigen el NO a la MINA?”. También cuestionan “¿Cómo pueden 14 diputados decidir sobre un tema donde se juega la VIDA, la SALUD, el AGUA, la SOBERANIA, el FUTURO de las próximas generaciones, ¿por encima de la firme decisión del Pueblo Chubutense que desde hace casi 20 años viene manifestando su disconformidad con la zonificación y dio probadas razones de su rechazo?”.

Citando las palabras del Papa Juan Pablo II, en las que dice que “No hay Paz sin Justicia”, insisten en que “si las leyes son contrarias a la voluntad de los Pueblos, se vuelven inmorales e inconstitucionales; y el acto de mayor justicia es derogarlas y no darle la espalda a los Pueblos”. Por eso, no dudan en denunciar que “el Estado está siendo responsable de todo lo que pasa y seguirá pasando en Chubut”.

Ante lo acontecido, reclaman a la Legislatura de la provincia, junto al Pueblo Chubutense, “la URGENTE DEROGACION de esta ley contraria a toda la legislación nacional e internacional vigente en materia del cuidado del ambiente. Que se respete la voluntad popular. Exigimos al gobierno de la provincia el cese de la represión y hechos de violencia; que a través de la derogación de esta ley injusta y arbitraria vuelva a construirse el diálogo y la paz”.