“Unidos por la paz y la seguridad. Protege a quienes nos protegen”, es la campaña solidaria que busca recaudar fondos para la adquisición de chalecos antibalas para los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Una iniciativa en la que trabajan en unidad la Conferencia Episcopal y la universidad San Ignacio de Loyola.

El objetivo es comprar mil chalecos antibalas que contarán con el diseño y certificación de calidad de organizaciones en Estados Unidos y que buscan garantizar la protección de la vida de los agentes que a diario enfrentan las acciones del crimen organizado en las calles de Perú.

Alianza interinstitucional

La Conferencia Episcopal peruana asumirá el proceso de compra de los chalecos sin apelar al rol de intermediarios, lo que garantizará transparencia, eficiencia y calidad; prioridades para los gestores de la campaña.

“Cada chaleco que entreguemos será una vida protegida y un mensaje de unidad frente a la delincuencia. Hoy necesitamos que la sociedad civil se una a esta cruzada”, afirmó Raúl Diez Canseco, presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y uno de los promotores de la iniciativa.

La campaña se anunció durante la premiación del concurso “Policía Soy”, certamen que reconoce la vocación de servicio de los agentes.  El proyecto “Unidos por la paz y la seguridad. Protege a quienes nos protegen”convocará a empresarios, gremios, instituciones y miembros de la sociedad civil, para reforzar la primera línea en defensa de la acción de los delincuentes, lo que constituye un objetivo común para la sociedad peruana.

Aumentan homicidios y extorsiones

Las tres instituciones involucradas en el desarrollo de la campaña son los mismos de la iniciativa “Respira Perú” que en 2020 y 2021 lograron proveer de oxígeno a cientos de pacientes enfermos de COVID-19.  Ahora, volverán a unir fuerzas para aportar a la lucha contra el crimen organizado y que los uniformados sientan con esta dotación que “la Policía no está sola”.

La campaña responde a una realidad lamentable y es el aumento vertiginoso durante los últimos meses de los niveles de violencia e inseguridad en Perú. Solo en la primera semana de agosto de 2025, se registraron 1293 asesinatos en todo el país, con un promedio de cinco a seis homicidios diarios. Lima concentra la mayor parte de los casos con 462, seguida de La Libertad con 141, el Callao con 121 y Piura con 82.

Otro de los delitos que va en aumento son las extorsiones que en 2024 alcanzaron una tasa de 64,7 por cada 100 mil habitantes, dato que representa un aumento del 438 % respecto a las cifras de años como 2019. Las víctimas recurrentes de este delito orquestado por bandas organizadas son los transportadores, dueños de bodegas, farmacias, restaurantes y pequeños negocios. Se trata de una situación que trastorna la vida diaria de miles de peruanos.

Personal insuficiente

Según los datos que proporciona el Ministerio del Interior peruano, en promedio hay 387 policias por cada 100 mil habitantes. No obstante, hay 12 regiones del país que se encuentran por debajo de esa cifra, lo que puede entenderse como un desbalance respecto a la distribución de uniformados y un considerable déficit de atención a la ciudadanía. A la falta de personal se agregan las dificultades que existen respecto a la insuficiencia y poco mantenimiento del parque automotor lo que impide el traslado y capacidad de respuesta de la policía frente a los llamados de la ciudadanía, lo que afecta su percepción como un cuerpo efectivo y dispuesto a garantizar la seguridad ciudadana.

Pese a la insuficiencia de policías para atender las necesidades del país, en el primer semestre de 2025, la policía peruana desarticuló 344 bandas criminales y logró detener a 7.739 presuntos responsables de delitos que operaban en el área de la provincia constitucional del Callao.

Otro de los problemas que enfrenta la policía peruana es su implicación en delitos o los visos de corrupción en el desarrollo de sus actividades, de hecho, porque cientos de policías están siendo investigados por participar en acciones criminales. Esto perjudica su credibilidad entre la gente a lo que se agrega la ineficacia de las medidas estatales y la defiiciente percepción sobre sus acciones.