“Una ley que fomenta la impunidad para los delitos de lesa humanidad”, es el concepto de doce obispos peruanos sobre la aprobación de la ley que concede la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Los obispos que hablan en nombre de los equipos de Pastoral Social que participaron en la reciente Semana Social, aseguran que la ley de amnistía libra del cumplimiento de la sentencia a los responsables de conductas punibles como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, acceso carnal violento y torturas. En consecuencia, la ley está lejos de ser un avance y constituye un impedimento para que las víctimas tengan acceso a la justicia, otro derecho del que serán privadas, una tendencia que busca romper con el proceso de la judicialización.

El compromiso de la Iglesia

Estos delitos, aclaran los obispos “recibieron sentencia firme de tribunales nacionales, son también reconocidos por convenciones y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el Estado Peruano suscribió en su momento”.

Si bien, los obispos ratifican la conclusión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, según la cual el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, no desconocen que en este contexto de guerra, “quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos, dejaron de lado su responsabilidad y respondieron a la barbarie del terrorismo con igual barbarie". Un hecho que lamentan sin marginarse del “compromiso permanente de la iglesia, de acompañar a las víctimas y sus familiares, sean quienes sean, porque son producto del conflicto armado interno que vivió el país”.

Desde la perspectiva de la Iglesia, es errado pensar que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la de población inocente. Esto representa una “grave herida en el frágil tejido social del país y debilita todo esfuerzo de unidad entre los peruanos”, porque en términos sencillos, ninguna guerra vale “las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o asesinado”. De hecho debe preocupar “la perdida de la vida de un solo ser humano, porque es un ser sagrado, creado a imagen y semejanza de Dios".

Justicia para todos

Así, los obispos peruanos reiteran que la justicia es para todos, por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad, no pueden tener una duración cruel e irrazonable.

Citando el comunicado de la Conferencia Episcopal del 23 de agosto de 2024, cuyo contenido pone de manifiesto la valoración y agradecimiento por el trabajo de las  fuerzas armadas y la policía nacional, los obispos no ocultan su preocupación porque aun teniendo la posibilidad de estudiar cada caso, se generalizó una amnistía que permite la impunidad para aquellos que cometieron delitos en el pasado y siguen violando flagrantemente los derechos humanos en este momento; valiéndose como argumento de la situación de los sindicados que por razones de edad, no pueden pagar las penas por sus delitos.

"Lamentamos que se pretenda desconocer y romper convenciones y acuerdos logrados con instancias internacionales sobre este tema y que nos encontremos en complicidad con tendencias que pretenden romper el orden internacional, basado en la democracia y el respeto de los derechos humanos”, afirman.

Los pastores acogen el dolor de las víctimas y fieles a su misión, “reafirman su compromiso de seguir colaborando, promoviendo y acompañando verdaderos procesos de reconciliación nacional, que no dejen a nadie de lado y estén fundados en la verdad y la justicia"; porque en sus palabras "la ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, restándole gravedad a la muerte y los delitos que con ensañamiento se perpetraron en contra de otros seres humanos".

Normalizar el atropello

De esta forma los obispos peruanos se suman a quienes piden a los magistrados del poder judicial, que tienen en sus manos la posibilidad de controlar la implementación de la norma, que "en nombre de la justicia inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”.

"No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos y el acceso a la verdadera justicia", advierten al tiempo que movidos por la fe y la esperanza, invitan a los actores políticos y sociales a dejar de lado toda actitud de rivalidad e iniciar un camino de reconciliación, sobre la base de la justicia y la verdad, en aras de alcanzar una paz duradera".

Aclarando que Perú no puede, ni debe contradecir, mucho menos apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía". Una comunicación que los obispos cierran recordando las palabras del Papa Francisco: "El compromiso con los derechos humanos no termina nunca".

El documento aparece firmado por los cardenales Carlos Castillo arzobispo de Lima, Pedro Barreto presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA); acompañados por los obispos Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo y administrador apostólico del vicariato apostólico de Jaén, Jorge Izaguirre obispo de Chosica, Carlos Salcedo Ojeda de Huancavelica, Guillermo Cornejo auxiliar de Lima, Gerardo Antón Zerdín del vicariato apostólico de San Ramón, Jesús María Aristín del vicariato apostólico de Yurimaguas, Cristóbal Mejía de la diócesis de Chulucanas, Miguel Ángel Cadenas vicario apostólico de Iquitos, David Martínez de Aguirre vicario apostolico de Puerto Maldonado y Martin Quijano Rodríguez del vicariato apostólico de Pucallpa.

Perdón y olvido

Durante el mes de agosto la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía en un acto en el palacio de Lima. En su discurso habló de "hacer justicia" y "honrar" a quienes lucharon contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú. La ley causó indignación entre las familias de las víctimas cuyas vidas cambiaron para siempre por causa de estos momentos dolorosos para los peruanos.

Entre ellos están los familiares de las víctimas de la matanza de La Cantuta en 1992, donde miembros del servicio de inteligencia y de la policía secuestraron y asesinaron a 10 personas en una universidad, a ellos se suman los sobrevivientes de la masacre de 69 indígenas operada por una patrulla militar en Accomarca en agosto de 1985. Dos de los diversos episodios violentos ejecutados por organismos estatales cuyos miembros sindicados y judicializados ahora gozarán de libertad.