Iglesia exige al Estado mexicano políticas contra el desplazamiento forzado de pueblos originarios y Afro
México no tiene datos oficiales sobre la cantidad de indígenas y Afro que dejaron sus territorios por la violencia.
Los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Michoacán son los más afectados.
La Iglesia mexicana hizo un llamado urgente al Estado para que reconozca abiertamente la crisis del desplazamiento forzado que vive el país y garantice un marco legal de protección integral para las víctimas.
En el documento titulado “Nuestro hogar es nuestro territorio y nuestro corazón”, las organizaciones eclesiales de México señalaron que el extractivismo, la pérdida de tierras comunales y la violencia, son algunas de las causas del desplazamiento forzado en territorios habitados por pueblos originarios y afromexicanos.
Ante la problemática los líderes sociales y religiosos reunidos en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, pidieron al gobierno coherencia ante la gravedad del fenómeno en el país. "Debe reconocerse, sin eufemismos, la existencia de la realidad del desplazamiento forzado”, dijeron al asegurar que el crimen organizado sería una de las principales causas.
Sometidos e ignorados
"La gobernanza criminal sobre nuestros territorios, sigue forzando a los pueblos a huir. Infringir violencia, provocar división, obliga a distribuir y consumir drogas; además de realizar actos ilícitos para beneficio de intereses criminales”, explicaron.
Igualmente afirmaron que la población se encuentra a merced de diversas estrategias criminales al ser sometidos con “amenazas, intimidación, extorsión, miedo, desaparición, trata de personas, asesinatos y masacres". Al respecto, pidieron con urgencia la creación de herramientas legales e institucionales, es decir “un marco jurídico y políticas de prevención y atención integral” para las comunidades originarias y afromexicanas.
Para las organizaciones eclesiales, esta situación trae consigo otros dramas, como el reclutamiento forzado que “convierte a los jóvenes y comunidades, en carne de cañón y chivos expiatorios ante la ceguera, omisión y complicidad de quienes tienen mandato y obligación de proteger al pueblo e impartir justicia”.
Luchar contra la impunidad
Un escenario, que azota a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, por lo que criticaron abiertamente a “quienes mantienen la narrativa de una paz que se empeñan en proclamar, mientras el dolor, el llanto, la ejecución, la cárcel y la muerte se cimbra a su alrededor sobre los pobres, frágiles y pequeños", se lee en el documento.
Tras el reciente encuentro que congregó a personas desplazadas y acompañantes de comunidades indígenas y afromexicanas por convocatoria de las dimensiones episcopales de Pastoral Social, Movilidad Humana, Pastoral de Pueblos Originarios y la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez; los líderes religiosos y comunitarios recordaron que el territorio es un espacio sagrado e indivisible para los pueblos.
Así compartieron experiencias y manifestaron los dolores que consignaron en este documento con el deseo de interpelar a las autoridades, locales y federales para evitar que las violaciones a los derechos humanos sigan impunes. Según explicaron los organizadores, el objetivo central de las jornadas presenciales y la posterior redacción del documento buscan "visibilizar y compartir experiencias de acompañamiento a las comunidades afromexicanas y de pueblos originarios, desplazados por la violencia y los fenómenos climáticos”.
Comprometidos para defender derechos
Se trata de "un espacio de escucha y reflexión conjunta, para fortalecer la fraternidad, la esperanza y la búsqueda de justicia". Pese a esta dura realidad la Iglesia y los líderes comunitarios, ratificaron su compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos territoriales y la preservación de las identidades ancestrales.
“Todos somos guardianes de la tierra y el territorio, tenemos derecho tanto a quedarnos como a movernos sin ser agredidos y la responsabilidad de protegerla y defenderla del despojo y ecocidio", insistieron. Los líderes religiosos y comunitarios concluyeron ratificando su anhelo como organizaciones eclesiales de seguir trabajando por "un territorio donde habiten la justicia, la paz y la defensa de los débiles".
La declaración aparece firmada por los obispos Rodrigo Aguilar, de San Cristóbal de Las Casas; José Hirais, presidente de la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos; Eugenio Andrés Lira, presidente de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana; Engelberto Polino, responsable de la Dimensión Ejecutiva de Pastoral Social-Cáritas mexicana; y el padre Gilberto Hernández, asesor de la Comisión Diocesana de la Tarea Social en la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.
