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La versión oficial contradice la de los testigos oculares
(Vatican News).- Los hechos se remontan al pasado 30 de diciembre durante una redada para capturar a 28 personas acusadas de ser miembros del Nuevo Ejército Popular, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.
Según las autoridades, los sospechosos habían intentado resistirse al arresto. Varios miembros de la Iglesia local expresaron inmediatamente fuertes dudas sobre esta versión de los hechos, condenando el asesinato. Esta posición fue reiterada en una carta pastoral publicada en los últimos días y firmada por el nuevo cardenal José Advincula, arzobispo de Capiz, junto con otros siete obispos locales.
La carta - informa la agencia Ucanews - pide una investigación exhaustiva por parte de una autoridad independiente para averiguar la verdad sobre el incidente. Según los informes de varios testigos oculares, de hecho, las víctimas no estaban armadas y no ofrecieron resistencia.
Los obispos también creen que los nueve líderes fueron asesinados. Su muerte sería atribuible a la obstinada resistencia de las tribus Tumandok a la construcción de una mega excavación en su tierra. De hecho, no es raro que las autoridades filipinas acusen a los líderes indígenas que luchan por sus derechos de ser miembros o partidarios de las guerrillas comunistas.
Los obispos de las Bisayas Occidentales afirman que las atrocidades cometidas han creado un clima de temor e incertidumbre en las comunidades Tumandok: "El temor ha obligado a muchos a abandonar sus comunidades y a emigrar a lugares más seguros", dicen. Algunos incluso han sido obligados a confesar que son miembros del Partido Comunista. Los prelados reiteran entonces su solidaridad y cercanía "con los hermanos y hermanas de la tribu Tumandok": "Compartimos su dolor y su ansiedad. Empatizamos con el miedo y la inseguridad de los desplazados por la violencia y condenamos firmemente todos los asesinatos", escriben.
El asesinato de los líderes indígenas de Capiz se suma a la larga trayectoria de ejecuciones extrajudiciales que se ha producido en Filipinas en los últimos tiempos y que ve entre las víctimas a líderes sociales, incluidos los vinculados a la Iglesia, no pocas veces acusados de simpatizar con los rebeldes comunistas. En su carta, los obispos de las islas Bisayas occidentales piden, por tanto, que la policía y el ejército "sigan escrupulosamente las normas éticas establecidas por las reglas de combate durante sus operaciones", también llevando cámaras a todas las operaciones para protegerse de acusaciones falsas y para proteger a los civiles" de cualquier abuso.
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