De rodillas ante los comuneros de Catacaos: un gesto histórico del Vaticano que no alcanza a todas las víctimas del Sodalicio

José Enrique Escardó Steck, primer denunciante público de los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana y uno de los sobrevivientes más visibles, recibió con mesurada esperanza la misa de reparación celebrada el 23 de mayo de 2026 en Catacaos, Piura. «Me alegra que a los comuneros de Catacaos, víctimas del Sodalicio, la Iglesia les pida perdón mirándolos a los ojos y puestos de rodillas. Sé que para ellos eso es muy importante y espero que les dé fuerzas para seguir su lucha», escribió en X.

Sin embargo, Escardó aclaró que no estaba dando declaraciones generales:

«Gracias por su interés, señores periodistas, pero no estoy dando declaraciones sobre el “pedido de perdón” de la Iglesia católica a “las víctimas del Sodalicio”. Solo aclaro que fue a los comuneros de Catacaos, que es solo uno de los grupos afectados por la secta. Ojalá les devolvieran sus tierras e hicieran que el aún obispo José Antonio Eguren y sus curas compinches dimitieran del estado clerical, pero no, ahí siguen como si nada. Ustedes sí exigen a sus pecadores confesados cumplir con la penitencia, pero, cuando les toca, solo se arrodillan frente a las cámaras y listo, todo arreglado por arte de magia y marketing».

¿Qué es la Comunidad Campesina de Catacaos y por qué es víctima?

La Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, perteneciente al pueblo originario Tallán en Piura (norte de Perú), es una comunidad agrícola y ganadera que lleva más de una década denunciando el despojo de aproximadamente 10.000 hectáreas de tierras comunales.

Los comuneros no son víctimas directas de los abusos sexuales, psicológicos y físicos del principal escándalo del Sodalicio, sino víctimas indirectas de abusos de poder, despojo territorial, hostigamiento judicial, criminalización de líderes y violencia asociados a empresas vinculadas al entorno del Sodalicio.

La Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) y empresas relacionadas (Miraflores Perú SAC, Santa Regina SAC, Inversiones San José y Agroindustria San Gerardo) terminaron controlando predios que los comuneros trabajaban históricamente. Esto generó denuncias por usurpación, desalojos judiciales, hostigamiento, criminalización de líderes y violencia. Los comuneros fueron tratados en los tribunales como «ocupantes precarios» pese a su posesión ancestral.

Víctimas mortales y clima de violencia

La lucha ha dejado víctimas fatales. Guadalupe Zapata Sosa, comunero y defensor de las tierras, fue asesinado el 8 de diciembre de 2011 al intentar impedir que personas no identificadas levantaran cercos en tierras comunales. Recibió un disparo y dejó viuda (Fiorella Martínez) y dos hijos menores. Su caso simboliza la violencia contra quienes resistían la apropiación de terrenos. Existe un colectivo de defensores con su nombre: «Guardianes Defensores de Bosques Secos “Guadalupe Zapata Sosa”».

Cristino Melchor Flores, presidente de las Rondas Campesinas de La Vega El Caballo (sector El Morante), fue asesinado el 6 de febrero de 2023 con dos disparos mientras se dirigía a vender quesillos y ganado en Chulucanas/Morropón. Era líder defensor de los derechos territoriales frente a traficantes de tierras y había recibido amenazas previas. En la misa de reparación estuvieron presentes familiares de ambas víctimas.

La Asociación Civil San Juan Bautista niega cualquier responsabilidad o vinculación con estas muertes. Según sus comunicados (incluido el de mayo de 2026), la muerte de Guadalupe Zapata ocurrió en 2011 en un enfrentamiento durante un desalojo en el Asentamiento Humano Miguel Grau, ajeno a su participación; y la de Cristino Melchor Flores se debió a problemas extorsivos relacionados con su actividad como comerciante en la carretera Piura-Chulucanas. La entidad sostiene que se trata de eventos distintos e independientes, indebidamente agrupados para atribuirle responsabilidades inexistentes.

Criminalización de líderes y acusaciones de vínculos con bandas criminales

Líderes como Marcelino Ynga Ynga (uno de los rostros más visibles de la defensa de las tierras) han enfrentado múltiples denuncias penales por parte de la ACSJB y empresas relacionadas. Se le acusó principalmente de usurpación, hurto agravado, terrorismo y otros delitos vinculados al conflicto territorial. Los comuneros y organizaciones de derechos humanos denuncian estas acusaciones como una estrategia de hostigamiento judicial y criminalización de defensores.

Han surgido graves denuncias contra la ACSJB por presuntos vínculos con bandas criminales. Aunque no hay sentencia judicial firme que pruebe que la asociación contrató directamente una banda para desalojar comuneros, existen evidencias documentadas de pagos a la banda La Gran Cruz del Norte (dedicada a sicariato, invasiones y tráfico de tierras en Piura).

El expolicía Pedro Zapata Monteza denunció que en operativos se encontraron vouchers de transferencias de la ACSJB a la empresa fachada de la banda (DEGIO CRUZ S.A.C.) por supuestos «servicios de vigilancia», que en la práctica se vinculaban a acciones de despojo. Miembros de la banda condenados declararon haber recibido pagos de la ACSJB.

La Asociación Civil San Juan Bautista niega rotundamente cualquier vínculo con bandas criminales. Afirma que solo ha actuado mediante procesos judiciales legítimos y que los pagos, en caso de haber existido, fueron por servicios de seguridad lícitos. Ha demandado por difamación a Zapata y otros.

Vinculación con el Sodalicio de Vida Cristiana

El Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en 1971 por Luis Fernando Figari (expulsado y sancionado), es una organización católica conservadora disuelta por el Vaticano en 2025 tras escándalos de abusos sexuales, psicológicos, físicos, de poder, de conciencia y económicos.

Su vinculación con las empresas es principalmente indirecta, a través de personas comunes (sodálites o exsodálites), fundación, directivos compartidos, direcciones físicas y flujos financieros, aunque formalmente se presentan como entidades independientes.

Tanto el Sodalicio como la ACSJB han señalado que esta última «fue creada a título personal por algunos miembros del Sodalicio y otras personas» para colaborar con su misión apostólica. Exmiembros y críticos sostienen que, dada la obediencia absoluta a los superiores y el control jerárquico estricto, no era posible actuar con verdadera autonomía «a título personal», especialmente en proyectos de gran envergadura.

José Antonio Eguren Anselmi, entonces sacerdote sodálite (luego arzobispo de Piura y Tumbes), fue en 1991 uno de los fundadores de la ACSJB, su presidente inicial y tuvo roles directivos hasta su renuncia formal como asociado en 2001. En 2008, la ACSJB promovió la Misión Nuestra Señora de las Mercedes, donde el Sodalicio designaba consejos de administración. En 2011, la ACSJB donó a esta Misión un terreno (valorizado en alrededor de 1.87 millones de soles) para un camposanto, con cláusula que destinaba posibles excedentes a actividades del Sodalicio.

Empresas como Miraflores Perú SAC, Santa Regina SAC (antes Agrícola Santa Regina SAC), Inversiones San José y Agroindustria San Gerardo comparten directivos y apoderados con la ACSJB. Ejemplo: Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, apoderado común. Inversiones San José fue dirigida por sodálites de larga trayectoria como Erwin Scheuch Pool, José Ambrozic Velezmoro y Juan Carlos Len Álvarez. Comparten o han compartido direcciones en San Borja (donde funcionó una comunidad y centro pastoral del Sodalicio) y formaron parte de la cadena de transferencias de las tierras de Catacaos.

Los denunciantes (comuneros, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal y periodistas) consideran estas empresas como una red vinculada al Sodalicio para proyectos agrícolas e inmobiliarios (como el Miraflores Country Club). La ACSJB niega irregularidades y afirma que opera de forma autónoma.

Eguren ha negado cualquier irregularidad, afirmando que las tierras se adquirieron legalmente y que ya no tenía vínculo con la ACSJB cuando ocurrieron las transacciones principales. En una carta de octubre de 2024, tras su expulsión del Sodalicio, calificó las acusaciones de tráfico de tierras como «falsa imputación periodística».

La misa del 23 de mayo de 2026

Ante la solicitud formal de reparación de los comuneros ante monseñor Jordi Bertomeu (comisario pontificio encargado de la liquidación del Sodalicio), se celebró una misa en la parroquia San Juan Bautista de Catacaos. Encabezaron el acto monseñor Jordi Bertomeu, el cardenal Carlos Castillo (arzobispo de Lima), el cardenal Pedro Barreto (arzobispo emérito de Huancayo), monseñor Luciano Maza Huamán (arzobispo de Piura), monseñor Gilberto Alfredo Vizcarra (arzobispo de Trujillo) y monseñor Cristóbal Mejía (obispo de Chulucanas).

Se trató de un hecho histórico e inédito, que muestra actualmente la voluntad de la Iglesia de avanzar en el cumplimiento de lo que el papa León XIV señala en su encíclica Magnifica humanitas: «Vivir la justicia en la Iglesia significa sanear las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropellos. Al respecto, la escucha de las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia es parte integrante de un camino de justicia, que comprende el reconocimiento del daño, la reparación justa y la prevención. Todo poder está al servicio de la comunión y la misión. Toda autoridad está al servicio del Pueblo de Dios».

Las autoridades eclesiásticas se arrodillaron ante los comuneros. Bertomeu reconoció: «Hemos llegado tarde, tendríamos que haber llegado hace 20 años» y pidió perdón por los abusos de poder, el despojo territorial, la criminalización y el hostigamiento. Se rindió homenaje a las dos víctimas fallecidas: Guadalupe Zapata Sosa y Cristino Melchor Flores.

Como señaló Escardó, esta misa fue específica para los comuneros de Catacaos por los daños territoriales y asociados, no una disculpa general a las cientos de víctimas directas de abusos sexuales, psicológicos y espirituales del Sodalicio en Perú y otros países. Muchas de esas víctimas aún esperan justicia civil, indemnizaciones plenas y sanciones más contundentes.

Escardó y otros sobrevivientes valoran el gesto como un avance importante, especialmente para una comunidad campesina e indígena, pero insisten en que la verdadera reparación requiere acciones concretas: devolución o compensación por las tierras, rendición de cuentas de los responsables y justicia más allá de lo simbólico.

El caso sigue abierto. Mientras la Iglesia avanza en procesos de escucha y reparación bajo supervisión vaticana, los comuneros continúan sus luchas judiciales y los sobrevivientes de abusos demandan que los gestos se traduzcan en cambios estructurales. Como resumió Escardó, el perdón de rodillas importa, pero la lucha continúa.