(7 Margens).- La Asociación Coração Silenciado, que reúne a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, publicó este pasado 1 de diciembre un comunicado en el que manifiesta su «preocupación e indignación» por el proceso de concesión de indemnizaciones económicas, criticando duramente la forma en que se ha llevado a cabo.

El Grupo Vita, organismo de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), reaccionó al final del día con una nota enviada a los periodistas en la que niega las acusaciones formuladas por la asociación.

Según el comunicado de la asociación de víctimas, «a cada nueva etapa [del proceso de análisis y compensación de las víctimas de violencia sexual en el contexto de la Iglesia católica portuguesa] se hace más evidente un patrón de opacidad, lentitud y falta de respeto hacia las personas que han sufrido abusos, lo que contradice frontalmente los principios de verdad, transparencia y responsabilidad que la CEP dice defender».

La Coração Silenciado lamenta, en particular, que aún no se haya divulgado «ninguna información sobre la cantidad total disponible para la reparación de las cerca de 90 personas ya reconocidas por la Iglesia» y que no se dé a las víctimas en cuestión «acceso inmediato y completo a los dictámenes que les conciernen», de modo que el proceso de indemnización «sea plenamente transparente, digno y centrado en los supervivientes».

Un modelo "cerrado en sí mismo"

«Estos dictámenes serán conocidos por los obispos y formarán parte de la base de decisión para determinar los valores compensatorios. Sin embargo, la víctima sigue sin poder saber lo que se escribe sobre su vida, su sufrimiento y su credibilidad», subraya la asociación, recordando que « el Vaticano ya ha alertado sobre la necesidad de incluir a representantes de las víctimas en los procesos nacionales; sin embargo, en Portugal persiste un modelo cerrado en sí mismo, que decide por su cuenta y sin escrutinio», en alusión a las recomendaciones formuladas en octubre por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

En el comunicado, la asociación critica además el hecho de que todo el proceso avance «con una lentitud que, para las víctimas, se traduce en ansiedad, desgaste y retraumatización» y especifica que «las entrevistas se llevaron a cabo de forma excesivamente inquisitiva: sin acceso a teléfonos móviles, bolígrafos o papel por parte de las víctimas, obligándolas a repetir los mismos relatos en sesiones que llegaron a prolongarse hasta ocho horas».

El comunicado se produce después de que el pasado jueves se celebrara en Fátima un congreso promovido por el Grupo Vita, durante el cual el organismo reveló que el número de solicitudes de indemnización había aumentado a 93 y que el proceso de análisis y entrevistas debería concluir a principios de 2026 para que la CEP proceda a la asignación de las indemnizaciones. En este congreso, se notó la ausencia de la voz de las víctimas, a lo que Rute Agulhas, coordinadora de Vita, argumentó que no se pretendía exponerlas públicamente allí. La misma coordinadora señaló que la asociación Coração Silenciado estuvo representada allí, pero según el comunicado «esto no es cierto. La Asociación ni siquiera fue invitada al evento. De hecho, había una persona de esta asociación allí, pero a título meramente individual».

Rute Agulhas también firma la nota del Grupo Vita a los periodistas, en la que comienza recordando que «el proceso de concesión de las indemnizaciones económicas es responsabilidad de la CEP, y que el Grupo Vita solo colaboró en la redacción del reglamento y formó parte de las comisiones de instrucción».

«Sin embargo, y teniendo en cuenta que las afirmaciones ponen en tela de juicio el trabajo realizado, el Grupo Vita no puede dejar de pronunciarse, ya que no se reconoce en el comunicado de dicha Asociación», continúa el texto, reiterando que «el Grupo Vita cumplió el plazo establecido para la elaboración de los dictámenes (31 de agosto de 2025)» y que «desde entonces, el proceso ha continuado con el Grupo de Fijación de Importes y con la CEP».

Sobre las entrevistas realizadas por las Comisiones de Instrucción, Rute Agulhas asegura que «en ningún caso una entrevista duró ocho horas». «Sí, hubo situaciones en las que fue necesario realizar más de una entrevista (dos). En general, y por término medio, las entrevistas duraron unas dos horas y media», aclara la coordinadora del Grupo.

Salvaguardar la privacidad

«También es importante aclarar que, durante todo el proceso, siempre se permitió el uso de teléfonos móviles. Solo después del lamentable incidente en el que el Sr. António Grosso intentó grabar su entrevista sin el conocimiento y consentimiento de los demás participantes, los miembros de la Comisión de Instrucción comenzaron a apagar ellos mismos los teléfonos móviles y a pedir a las personas entrevistadas que hicieran lo mismo, como forma de salvaguardar la privacidad y la seguridad de todos», añade.

En la nota, Agulhas también asegura que «nunca se impidió a las víctimas utilizar papel y lápiz. Por el contrario, varias personas escribieron y tomaron notas durante las entrevistas, lo que demuestra la total libertad y autonomía que siempre se les garantizó».

La psicóloga informa además de que «el pasado 26 de octubre, el Grupo Vita se puso en contacto por correo electrónico con la Asociación Coração Silenciado, reconociendo la relevancia de su misión e invitándola a integrarse en el proyecto Sobre.VIVIR. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de dicha Asociación».

«También queremos subrayar que muchas víctimas y supervivientes no se reconocen en la forma en que ha actuado la Asociación Coração Silenciado. Por ello, hacemos un sincero llamamiento: que podamos construir juntos un enfoque positivo y constructivo, basado en el diálogo y el trabajo en colaboración, siempre con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan y merecen ser acogidos», concluye la nota.

Se puede contactar con el Grupo VITA a través de la línea de atención telefónica (91 509 0000) o del formulario de denuncias, disponible en el sitio web www.grupovita.pt.