Ahora es el momento de las víctimas y supervivientes de la Iglesia española 

Cuando recibí la llamada de los técnicos del Defensor del Pueblo para que asistiera a una reunión en la que se iban a valorar las peticiones que les hice el pasado mes de abril, nada parecía particularmente diferente al resto. A pesar de que llevaba mucho tiempo esperando por ello, tras numerosas reuniones y viajes a la Península. 

Días después, mientras iba en el avión hacia la Meseta, se agolpaban muchas inquietudes en la cabeza —incluso emociones encontradas— que se mezclaban con el ensordecedor ruido de las turbinas que nos mantenían en el aire. 

Cosas del azar o del devenir de la vida, horas después del aterrizaje, me reencontré con ese hombre que, hace años, me animó a dar el paso de denunciar públicamente lo que el desalmado sacerdote me hacía para su personal deleite. 

Mi buen amigo —un pequeño salvador— y yo fuimos a ver el Guernica: una de las obras que representa el sufrimiento y el horror provocados por la violencia. No muy diferentes a los causados impunemente por tantos miembros de la Iglesia en España. 

Una vez que llegué a la Oficina de Atención a las Víctimas del Defensor, esperaban los técnicos encargados de la valoración. Incluso había una persona especializada en ciencia forense. Gracias a ese encuentro, pude contextualizar el porqué de las peticiones realizadas a través de la página del Ministerio de la Presidencia y Justicia.  

En cuanto al trato recibido por parte de ellos, fue exquisito. Hasta el punto de decirles: “Ojalá la Iglesia nos hubiera tratado así cuando denunciamos”. 

Los nervios y el miedo se disiparon. No me sentí revictimizado. Más bien al contrario: escuchado, apoyado, sin sentir que estaba siendo juzgado o sin tener que aguantar impertinencias. Toda la conversación estuvo marcada por la sensación de poder hablar con libertad. Y por haberse desarrollado en un entorno seguro y discreto. 

Hubo momentos intensos, pero no dolorosos. Acompañados de una profunda gratitud por haber materializado esta oportunidad de reparación.  

Salí convencido de que ahora es el momento de las víctimas y los supervivientes de esos actos atroces: de escucharlos, conocer sus necesidades y tener claro de qué manera pueden sentirse restituidos en su dignidad. 

Como este proceso es algo más que un reconocimiento moral o una indemnización económica, lo verdaderamente importante es que quienes estudien cada caso asuman su responsabilidad para que ese fin se logre. Incluidos, lógicamente, los miembros de la comisión mixta, que han de velar no por los intereses de la Iglesia, sino porque se haga efectiva la reparación integral de quienes la demanden.

Por este motivo, quiero aprovechar estas líneas para hacer un llamamiento a confiar en esta iniciativa y a acudir a ella sin miedo. Porque no es el resultado de la improvisación o de decisiones arbitrarias, sino que responde a lo que humanamente era posible hacer. Y puede contribuir a que las víctimas aborden consigo mismas esta cuestión pendiente y a que afronten la vida de manera más serena.  

Ojalá que procesos de este tipo no fueran necesarios. Sería una señal de que la jerarquía eclesiástica y la justicia no fallan. Ojalá puedan desarrollarse también en países hermanos que también sufren esta lacra. E incluso mejorarse, porque pocas cosas hay definitivas en esta vida. Pero, sobre todo, ojalá que la Iglesia aprenda a proteger y cuidar a la infancia y la adolescencia. Y sea capaz de poner a disposición de la justicia ordinaria a sus presuntos agresores. Así como las investigaciones canónicas que realiza sobre ellos y de las que presume.  

Solo entonces podrá afirmar que su compromiso con las víctimas es incuestionable. Y que su dolor lo asume como propio. 

De nuevo, la Iglesia española tiene una oportunidad para demostrar a la sociedad y a sí misma cuán creíbles son sus pretensiones de reparar —a través del acuerdo suscrito con el Estado— el daño infligido a tantos inocentes. Ojalá que sepa estar a la altura y no caiga en el boicot que ha venido haciendo sistemáticamente. Y que se ha mostrado como la estrategia preferida por la mayoría de los obispos españoles, con escasas excepciones como la del cardenal Cobo o el ordinario de Bilbao. 

No es posible determinar lo que hará el clero. Sin embargo, sí podemos vivir con la certeza de que, desde asociaciones como ANIR, hemos luchado y respondido en aquello que de nosotros dependía. Es decir, haciendo lo que nos correspondía: dando la cara, tendiendo la mano, exponiéndonos a la crítica pública y, por supuesto, trabajando para que las víctimas fueran escuchadas. Hoy podemos seguir caminando, a pesar de las represalias, sin vergüenza y con la cabeza bien alta.