Desentrañando el "nudo consultivo" sobre los laicos

(Rafael Luciani / Global Catholic).- Desde el Concilio Vaticano II, los laicos participan en foros pastorales parroquiales y diocesanos donde se reúnen, consultan, debaten y, en algunos casos, toman y ejecutan decisiones.

Sin embargo, como se refleja en las consultas sinodales, muchos párrocos y obispos tienden a aferrarse a su postura anterior —que solo otorga a los laicos funciones consultivas en el proceso de toma de decisiones de la Iglesia— en contra del consejo dado, sin explicar sus decisiones.

Si bien puede tener validez canónica, socava la credibilidad de la Iglesia en el ejercicio de su autoridad y puede generar descontento entre quienes participan en las consultas.

La forma en que se toman las decisiones en la Iglesia a menudo parece contradecir las propias afirmaciones de la Iglesia sobre sí misma: qué es el Pueblo de Dios; que el bautismo confiere la misma dignidad a mujeres y hombres; y que el Espíritu despierta en cada creyente un instinto natural, llamado sensus fidei, para conocer el Evangelio; actuando con demasiada frecuencia como si solo los ordenados hubieran recibido el bautismo.

Este tipo de toma de decisiones termina centrándose más en quién tiene el poder de decidir que en las consecuencias eclesiales de la dignidad bautismal que comparten todos los bautizados.

La frase latina votum tantum consultivum (un voto meramente consultivo) debería ayudarnos a comprender la dificultad de la cultura actual de toma de decisiones de la Iglesia.

El Documento Final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos —que el Papa Francisco asumió como el “Magisterio ordinario del Sucesor de Pedro”— propone un cambio tanto canónico como teológico en los procesos de toma de decisiones y subraya la necesidad de repensar la relación entre una votación consultiva y una deliberativa.

En este sentido, el Informe Final de la Comisión Canónica, establecida tras la segunda sesión de la Asamblea Sinodal (2024), propuso eliminar la palabra “tantum” (“meramente”) y conservar solo “consultivo” en varios cánones del Código vigente.

Primeros siglos descentralizados

Los canonistas nos recuerdan que en las comunidades asociativas formadas en torno a un carisma —como las órdenes e institutos religiosos, los movimientos y las asociaciones— el gobierno compartido ha sido común desde hace mucho tiempo. Deliberan sobre los asuntos en capítulos, eligen órganos de gobierno y emiten votos que vinculan a todos los miembros.

Sin embargo, en las parroquias o diócesis, la cultura de la gobernanza compartida y la deliberación se perdió o nunca existió.

Un ejemplo significativo fue la primera fase del proceso sinodal, en la que muchos miembros (fieles) de las parroquias no fueron informados ni se les dio la oportunidad de participar, a pesar de que el propósito mismo era escuchar la voz de todo el "Pueblo de Dios" sobre los asuntos que afectan la vida y la misión de la Iglesia.

En los primeros siglos de la Iglesia, los obispos eran elegidos por votación y la toma de decisiones estaba ligada a la búsqueda del consenso entre toda la comunidad,

A lo largo de los siglos, la autoridad se ha concentrado gradualmente en manos de ministros ordenados, mientras que muchas prácticas sinodales de los primeros siglos han sido reemplazadas por estructuras más jerárquicas y centralizadas.

Cabe recordar que, en los primeros siglos de la Iglesia, los obispos eran elegidos por votación y la toma de decisiones estaba ligada a la búsqueda del consenso entre toda la comunidad, como lo atestigua el ministerio episcopal de San Cipriano de Cartago.

Hoy en día, principios como la corresponsabilidad, la transparencia y la evaluación comunitaria pueden parecernos novedosos, pero están profundamente arraigados en antiguas prácticas eclesiales.

Hablar hoy de una participación “meramente consultiva” no solo es una deficiencia administrativa, sino que también contradice la eclesiología del Concilio Vaticano II e ignora los recursos que ofrece el derecho canónico vigente.

Además, implica ignorar el hecho de que el Espíritu distribuye sus carismas y dones a todo el Pueblo de Dios y no solo a unos pocos elegidos. Esto es lo que afirmaron los Padres conciliares al redactar Lumen Gentium (párrafo 12).

Por lo tanto, escuchar al Pueblo de Dios no significa realizar una encuesta de opinión, sino más bien discernir entre todos y con todos lo que el Espíritu pide a la Iglesia en todo lugar y en todo momento, en virtud de la dignidad, los derechos y los deberes que emanan del bautismo.

En los Hechos de los Apóstoles, cuando los primeros cristianos tuvieron que decidir si los paganos conversos debían ser circuncidados, convocaron una asamblea en Jerusalén. Tras escucharse mutuamente, resolvieron la cuestión no por medio del «yo» de Pedro, sino por medio del «nosotros» de toda la comunidad, como se expresa en Hechos 15:28: «Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros».

La decisión definitiva del sínodo

El Documento Final del Sínodo describe los temas y dinámicas que constituyen este Nosotros eclesial de la siguiente manera: “toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y ofrecer consejo para que se puedan tomar decisiones” (FD 87).

Además, el documento presenta el principio de los Padres de la Iglesia del triple nihil sine (nada sin) como una expresión de una comprensión orgánica del proceso eclesial: “nada sin el obispo”, de Ignacio de Antioquía, y “nada sin vuestro consejo [de los presbíteros y diáconos] y sin el consentimiento del pueblo”, de Cipriano de Cartago.

Advierte: “Cuando se rompe esta lógica del nihil sine , la identidad de la Iglesia se oscurece y su misión se ve obstaculizada” (DF 88).

En la Iglesia, el proceso comunitario mediante el cual se desarrolla una decisión es más importante que la decisión en sí misma.

Por lo tanto, una decisión puede ser legalmente válida e incluso pastoralmente apropiada, pero si no se ha construido el sentido de comunidad durante su formulación, no puede considerarse propiamente eclesial, aunque sea legítima. En la Iglesia, el proceso comunitario mediante el cual se desarrolla una decisión es más importante que la decisión en sí misma.

El problema radica en identificar el vínculo que conecta todo el proceso sinodal a través de sus dos fases: toma de decisiones y decisión (DF 90).

La toma de decisiones, la formulación de la decisión, se produce "a través de un proceso conjunto de discernimiento, consulta y cooperación", mientras que la adopción de la decisión, la formulación de la misma, "es responsabilidad de la autoridad competente".

El sinodal está más allá de la consulta

Sin embargo, el documento señala que “no existe competencia ni conflicto entre estas dos fases”. El reto, entonces, consiste en establecer procedimientos y dinámicas claras que permitan a todos “buscar un consenso lo más unánime posible”.

Por lo tanto, la consulta y la deliberación no deben contraponerse (FD 92), como si fueran procesos opuestos, porque “la deliberación se lleva a cabo con la ayuda de todos, nunca sin la autoridad pastoral, que decide en virtud de su cargo”.

Por lo tanto, la autoridad no queda al margen del proceso deliberativo, pero tampoco se puede reducir este proceso a una consulta cuya única función sea informar a la persona que, en última instancia, decide.

Esto nos lleva a centrar la discusión en el modo de proceder mediante el cual se construye el «nosotros eclesial». Esta es precisamente una de las aportaciones del Documento Final, que afirma: «Hay casos en los que la legislación vigente ya estipula que la autoridad está obligada a consultar antes de tomar una decisión». (91)

La Asamblea Sinodal reinterpreta así la ley vigente desde la perspectiva de la eclesiología del "pueblo de Dios" y extrae ciertas conclusiones, de las cuales podemos destacar tres.

La primera cuestión se refiere a la dinámica de la consulta y la escucha: “La autoridad pastoral tiene el deber de escuchar a quienes participan en la consulta y, por consiguiente, no puede actuar como si no los hubiera escuchado”.

La consulta no es una cortesía, ni la escucha una concesión. Ambas se convierten en mediaciones teológicas para discernir la voz del Espíritu a través de las voces y las vidas de los demás.

La segunda consecuencia se refiere a la necesidad de justificar su decisión. El canon 127 del Código establece que el superior, si bien no está obligado a seguir el consejo de quienes consulta, no debe apartarse de él, «especialmente si es unánime», sin una razón que, a su juicio, sea más convincente.

Las palabras “a su juicio” convertían al superior en el único juez de su propio razonamiento. Por el contrario, el número 91 del Documento Final no repite esas palabras y sostiene que la autoridad no se apartará del resultado de la consulta “sin una razón justificada que debe expresarse debidamente”.

La justificación ya no se limita a los pensamientos internos de quien toma la decisión, sino que debe hacerse pública para que la comunidad pueda evaluarla. Esto implica que, cuando un párroco o un obispo decide no seguir el consejo de su consejo pastoral, debe ofrecer una razón suficientemente fundamentada, ya sea doctrinal o disciplinaria, en lugar de invocar la autoridad de su ministerio.

El párrafo 93 del Documento Final añade que quienes sean consultados deberán formular su opinión con claridad, de modo que la autoridad, si decide lo contrario, «pueda explicar cómo la tuvo en cuenta en su deliberación». A su vez, se insta a todos a respetar la decisión una vez que la propia autoridad haya «respetado el proceso de consulta y expresado claramente los motivos que la justifican».

Proceder de esta manera podría transformar profundamente la cultura eclesial y ayudar a dejar atrás formas de clericalismo

Proceder de esta manera podría transformar profundamente la cultura eclesial y ayudar a dejar atrás formas de clericalismo que operan bajo “la suposición implícita de que quienes tienen autoridad en la Iglesia no son responsables de sus acciones y decisiones, como si estuvieran aislados o por encima del resto del Pueblo de Dios” (FD 98).

La tercera consecuencia se refiere al ejercicio de la autoridad: «Como en toda comunidad que vive según la justicia, en la Iglesia el ejercicio de la autoridad no consiste en la imposición de una voluntad arbitraria». Por lo tanto, una decisión no basta para ser canónicamente válida; debe ser también justa, bien fundamentada y debidamente explicada.

El Sínodo busca cambios sin demora

El Documento Final presenta el ejemplo de Pedro, quien, al regresar a Jerusalén después de bautizar a Cornelio y a los demás creyentes, es reprendido por la comunidad y «responde explicando las razones de sus acciones» (FD 95). Pedro no se escudó en su autoridad; al contrario, explicó sus actos.

Se puede afirmar, entonces, que la competencia de la autoridad “es inalienable”, pero “sin embargo, no es incondicional: no se puede ignorar una dirección que surge en el proceso consultivo como resultado de un discernimiento adecuado, especialmente si es llevado a cabo por órganos participativos” (FD 92).

El sínodo espera que los cambios se produzcan sin demora. El Documento Final afirma que «corresponde a las Iglesias locales encontrar las formas adecuadas de implementar estos cambios», porque «sin cambios concretos a corto plazo, la visión de una Iglesia sinodal no será creíble, y esto alejará a los miembros del Pueblo de Dios que han encontrado fortaleza y esperanza en el camino sinodal» (FD 94).

Procediendo de esta manera, con parrhesia , podemos abrir caminos para superar el nudo sin resolver que muchos han señalado a lo largo del proceso sinodal: “En la Iglesia, se consulta a muchos, muy pocos deciden y casi nadie explica por qué”.

El reto de la Iglesia sinodal consiste en ir más allá de la lógica de lo “meramente consultivo” y avanzar hacia el “consenso eclesial”, haciendo de la participación efectiva, la deliberación entre todos, el desarrollo de decisiones compartidas y la rendición de cuentas ante toda la comunidad dimensiones constitutivas del ejercicio de la autoridad.