Guatemala, democracia bajo asedio: Pacto de corruptos, sabotaje institucional y una amenaza golpista en curso

La crisis que atraviesa Guatemala no es un simple problema de seguridad ni un episodio coyuntural de violencia. Se trata de una estrategia deliberada de desestabilización política impulsada desde estructuras del Estado cooptadas por redes de corrupción, con el objetivo de quebrar al gobierno democrático de Bernardo Arévalo y restaurar el viejo régimen de impunidad. Lo que está en juego no es solo la gobernabilidad, sino el futuro mismo de la democracia.

La llegada de Arévalo a la presidencia, en enero de 2024, abrió una grieta en el muro que durante décadas protegió a mafias políticas, económicas y judiciales. No fue una alternancia cualquiera, sino el inicio de una confrontación histórica entre dos proyectos de país: uno basado en la legalidad, la transparencia y el bien común; y otro sostenido por el despojo, la corrupción y la violencia estructural. Desde entonces, el llamado Pacto de Corruptos activó un dispositivo de caos inducido para desgastar al gobierno, erosionar la confianza ciudadana y preparar una restauración autoritaria.

Desde una lectura profética, Guatemala vive una noche moral en la que la injusticia se disfraza de legalidad y la violencia se presenta como solución. Como advirtió Isaías, se llama bien al mal y mal al bien. La democracia está siendo sacrificada por quienes dicen defender el orden, pero viven del desorden que produce la impunidad.

El Ministerio Público como actor político

El eje central de esta ofensiva contra la democracia es el Ministerio Público. Bajo la conducción de Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por socavar el Estado de derecho, esta institución dejó de ser garante de justicia para convertirse en un actor político de desestabilización. No se trata de omisiones aisladas, sino de un patrón sistemático de sabotaje institucional.

La estrategia es clara. Se persigue con saña a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y operadores de justicia que enfrentaron la corrupción en el pasado, mientras se protege de facto a estructuras criminales responsables de generar violencia y terror. Esta selectividad no es casual: responde a una lógica de alianzas cruzadas donde la impunidad es la moneda de intercambio.

Casos recientes evidencian cómo se minimizan delitos, se fragmentan investigaciones y se evita tipificar crímenes graves como terrorismo o asociación ilícita. De esta manera, el crimen organizado se vuelve funcional a un golpe blando que busca producir miedo, desgaste social y sensación de ingobernabilidad. Cuando la justicia se arrodilla ante el poder, el Estado deja de servir al pueblo y pasa a servir a los ídolos de la corrupción.

Violencia funcional y crimen organizado

Las maras ya no operan únicamente como estructuras delictivas de control territorial. En el contexto actual, funcionan como instrumentos de una estrategia político-criminal. La sincronía de motines carcelarios, ataques armados y mensajes de terror revela planificación y coordinación que desbordan la lógica de la delincuencia común.

El endurecimiento del control penitenciario impulsado por el gobierno rompió pactos informales heredados de administraciones anteriores. La respuesta fue inmediata: demostraciones de fuerza, violencia organizada y acciones dirigidas a deslegitimar al Estado. El mensaje es inequívoco: si no se permite operar a estas estructuras, el país arde.

Esta instrumentalización de la violencia confirma que la sangre derramada no es un efecto colateral, sino parte del cálculo político. Un Estado dividido internamente camina hacia la ruina cuando quienes deberían garantizar la ley se alían con quienes viven de su violación.

La batalla del relato

Ningún golpe blando prospera sin una guerra narrativa. Grandes consorcios mediáticos, históricamente vinculados a las élites tradicionales, han contribuido a construir un relato de miedo y desesperanza. Se ocultan responsabilidades estructurales y se personaliza la crisis en la figura del presidente, presentado como débil, incapaz o ideologizado.

Al mismo tiempo, se promueve el espejismo de la mano dura como solución mágica, ocultando sus costos democráticos y sus fracasos regionales. El mensaje implícito es peligroso: la democracia es el problema y el autoritarismo la solución. Así se prepara psicológicamente a la sociedad para aceptar salidas de fuerza que, en realidad, devolverían el poder a los mismos actores que hoy protegen a los criminales.

La manipulación informativa se convierte así en una forma moderna de idolatría: se sacrifica la verdad en el altar del rating y del poder. Sin verdad, la ciudadanía queda expuesta a la resignación y al miedo.

Gobernar sin ceder al autoritarismo

El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta una encrucijada compleja. Debe garantizar seguridad y orden sin traicionar los principios democráticos que le dieron legitimidad. Las medidas de excepción, el uso legítimo de la fuerza y la denuncia pública del sabotaje institucional han sido respuestas necesarias frente a una agresión real.

Sin embargo, el desafío es mayor: desmontar el andamiaje golpista sin caer en la trampa de la represión indiscriminada que buscan sus adversarios para aislarlo internacionalmente. Se trata de demostrar que la democracia puede defenderse con firmeza, legalidad y ética, sin reproducir las prácticas del pasado.

La autoridad auténtica no nace del miedo que impone, sino de la justicia que protege. Gobernar sin ceder al autoritarismo es hoy la prueba decisiva del proyecto democrático.

La ciudadanía como reserva moral

Frente al asedio, la ciudadanía organizada ha emergido como reserva ética y política del país. De manera particular, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales han demostrado una capacidad histórica para identificar que el verdadero enemigo no es el gobierno democrático, sino el sistema de corrupción que siempre ha utilizado la violencia para conservar privilegios.

No obstante, el desgaste social es real. El miedo, amplificado mediáticamente, busca quebrar la esperanza y provocar resignación. Aquí se libra una batalla profunda: optar por la lógica del terror o por la lógica de la dignidad. Sostener la esperanza en este contexto no es ingenuidad, sino un acto político de resistencia.

La Iglesia ante la hora decisiva

En medio de esta crisis, la Iglesia que camina en Guatemala —diversa, encarnada y muchas veces perseguida— ha desempeñado un papel silencioso pero significativo como conciencia moral del país. Desde comunidades de base, parroquias, ministerios laicales, vida religiosa y sectores del clero comprometidos, se ha acompañado a las víctimas, se ha formado conciencia crítica y se ha denunciado la normalización del autoritarismo.

Estas expresiones eclesiales no buscan poder ni privilegios, sino fidelidad al Evangelio y defensa de la dignidad humana. Su acción pastoral, cuando es coherente, resulta profundamente política en el mejor sentido: formar ciudadanos responsables, no súbditos resignados. El desafío alcanza también al episcopado, llamado a ejercer una palabra clara y colegial en defensa del Estado de derecho. El silencio o la ambigüedad, en momentos como este, terminan favoreciendo a la injusticia.

Entre la noche y el alba

Guatemala vive una hora decisiva. El Pacto de Corruptos ha optado por incendiar el país antes que perder el control del sistema de justicia. La alianza entre actores judiciales cooptados y estructuras criminales constituye hoy la mayor amenaza al orden constitucional y a la frágil democracia.

La renovación de las cortes y del Ministerio Público en 2026 será un punto de inflexión. De su desenlace dependerá si el país consolida el camino democrático o regresa a la noche autoritaria. No se trata solo de una disputa política, sino de una lucha ética por el alma de la nación. Guatemala está llamada a decidir si sigue siendo botín de mafias o si se convierte, por fin, en una casa común donde la justicia y la paz puedan encontrarse.