Guatemala: de las dictaduras militares a la dictadura de los jueces

Introducción general

Del autoritarismo visible al autoritarismo legalizado

 Durante décadas, Guatemala vivió bajo dictaduras militares abiertas, sostenidas por la fuerza de las armas, el control del territorio y la supresión directa de la disidencia. Con la Constitución de 1985 y los Acuerdos de Paz de 1996, el país creyó haber cerrado ese ciclo autoritario e inaugurado una etapa democrática basada en el Estado de derecho, la separación de poderes y el imperio de la ley. Sin embargo, el paso del tiempo ha revelado una verdad incómoda: el autoritarismo no desapareció, sino que cambió de rostro.

Hoy, el poder que condiciona la vida política nacional ya no se ejerce principalmente desde los cuarteles, sino desde los tribunales. Jueces, fiscales y magistrados —amparados en resoluciones, expedientes y tecnicismos jurídicos— han asumido un papel político determinante, sin haber sido electos ni rendir cuentas a la ciudadanía. Bajo la apariencia de legalidad, se ha configurado un poder de facto que decide quién puede gobernar, quién puede competir políticamente y quién debe ser silenciado mediante la criminalización.

Esta reflexión sostiene una tesis central: Guatemala salió de las dictaduras militares para caer en la dictadura de los jueces. No se trata de una metáfora exagerada, sino de una descripción crítica de un sistema donde la justicia dejó de ser contrapeso del poder para convertirse en su principal instrumento de dominación.

Cuando hablamos aquí de ‘dictadura de los jueces’ no nos referimos al ejercicio legítimo de la función judicial ni al control constitucional propio de una democracia. Nos referimos a un patrón sistemático en el que sectores del sistema de justicia, capturados por intereses políticos y económicos, hasta del crimen orgnizado, ejercen poder sin control democrático, aplican la ley de forma selectiva, bloquean la voluntad popular expresada en las urnas y utilizan el derecho como instrumento de persecución, criminalización y disciplinamiento social.

PARTE I

Cuando la política se vacía, la justicia se desborda

El desplazamiento del poder y el origen de la dictadura judicial

Introducción a la Parte I

Esta primera parte aborda el origen estructural de la dictadura judicial. No parte de acusaciones, sino de una constatación histórica: la crisis prolongada de la política democrática en Guatemala. Aquí se analiza cómo el debilitamiento del Ejecutivo, la degradación del sistema de partidos y la incapacidad de las élites para ejercer conducción democrática crearon el vacío que permitió al sistema de justicia expandirse más allá de su función constitucional.

El vacío de la política y el ascenso de un poder judicial sin contrapesos 

El ascenso del poder judicial como actor político dominante en Guatemala no ocurrió de manera súbita ni accidental. Fue el resultado de un vacío progresivo de poder político, incubado durante años por la fragilidad estructural del Estado, la degradación del sistema de partidos y la incapacidad de las élites políticas para ejercer un liderazgo democrático coherente y sostenido. Cuando la política renuncia a su función de conducción, otros poderes ocupan ese espacio. En Guatemala, lo ocupó el sistema de justicia.

El Ejecutivo que emergió tras las elecciones de 2023 llegó al poder con legitimidad popular, pero con márgenes extremadamente reducidos de gobernabilidad. Sin mayoría sólida en el Congreso, con un aparato estatal capturado en múltiples niveles y con instituciones clave hostiles o cooptadas, el gobierno fue perdiendo capacidad real de maniobra. A ello se sumó la rápida fragmentación del oficialismo, las tensiones internas y la ausencia de una estrategia política clara para enfrentar a los poderes fácticos enquistados en el Estado. El resultado fue un Ejecutivo que gobierna formalmente, pero carece de control efectivo sobre los resortes centrales del poder.

Paralelamente, el sistema de partidos políticos profundizó su propio deterioro. Lejos de actuar como mediadores entre sociedad y Estado, muchos partidos se convirtieron en maquinarias electorales sin proyecto, atrapadas en una lógica de campaña permanente. Incluso sin convocatoria oficial a elecciones, el país entró en una disputa anticipada por el poder, marcada por el oportunismo, el cálculo corto y la ausencia de propuestas estructurales. Esta dinámica erosionó aún más la deliberación democrática y debilitó la política como espacio legítimo de resolución de conflictos.

Este escenario de debilidad política generalizada creó las condiciones ideales para que el sistema de justicia dejara de cumplir su función de contrapeso institucional y asumiera un rol protagónico. En ausencia de una conducción política firme, las decisiones clave comenzaron a trasladarse a los tribunales. Lo que debería resolverse mediante debate legislativo, negociación política o mecanismos democráticos pasó a definirse por medio de resoluciones judiciales, amparos y procesos penales.

Así, el derecho se politizó y la política se judicializó. Jueces y magistrados no solo interpretaron la ley, sino que incidieron directamente en la configuración del poder, estableciendo límites, vetos y condicionamientos a actores electos. Este desplazamiento no fue neutral: benefició a determinados intereses y consolidó un poder que no se somete al escrutinio ciudadano ni a la rendición de cuentas propia de la democracia.

En Guatemala, el vacío de poder no significó ausencia de autoridad, sino reconfiguración autoritaria del poder. Allí donde la política abdicó de su responsabilidad histórica, emergió un poder judicial hipertrofiado que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, terminó subordinándolo a una lógica de control, exclusión y preservación del statu quo. El terreno estaba así preparado para la consolidación de una auténtica dictadura judicial.

La judicialización de la política: decidir sin representar, controlar sin rendir cuentas

La judicialización de la política en Guatemala constituye uno de los rasgos más preocupantes del actual deterioro democrático. No se trata simplemente de una mayor presencia de tribunales en la resolución de conflictos públicos —algo normal en un Estado de derecho—, sino de un desplazamiento sistemático de la decisión política hacia instancias judiciales que actúan sin legitimidad electoral, sin control democrático efectivo y, en muchos casos, con una clara orientación política. La justicia dejó de ser árbitro para convertirse en poder decisorio.

En este proceso, la Corte de Constitucionalidad, CC, ha desempeñado un papel central. Bajo el argumento de la defensa del orden constitucional, la Corte ha asumido funciones que desbordan claramente su mandato. Sus resoluciones no solo interpretan la Constitución, sino que ordenan agendas, definen correlaciones de fuerza y condicionan la actuación de otros poderes del Estado. De este modo, la CC ha operado como un legislador de facto, interfiriendo en la organización interna del Congreso, en la integración de comisiones clave y en la conformación de juntas directivas, alterando el equilibrio institucional que sustenta cualquier democracia funcional.

Este protagonismo judicial ha tenido consecuencias profundas. Al trasladar decisiones políticas al ámbito jurídico, se anula la deliberación pública, se vacía el debate parlamentario y se reduce la política a una disputa de expedientes, amparos y resoluciones. Lo que debería resolverse mediante negociación, acuerdos y responsabilidad política se define ahora en salas cerradas, mediante criterios técnicos que, lejos de ser neutrales, responden a intereses y alineamientos concretos. La ley se convierte así en instrumento de poder, no en límite del poder.

La judicialización también ha generado un fenómeno aún más grave: la despolitización forzada de los actores electos. Diputados, funcionarios y autoridades locales actúan bajo la constante amenaza de procesos judiciales, antejuicios o resoluciones que pueden anular sus decisiones o incluso su mandato. Este clima inhibe la acción política, fomenta la autocensura y refuerza una cultura de temor que paraliza la iniciativa pública. Gobernar deja de ser un ejercicio de liderazgo democrático para convertirse en una práctica defensiva, orientada a evitar represalias judiciales.

En este contexto, la rendición de cuentas se vuelve profundamente asimétrica. Mientras los actores políticos son sometidos a un escrutinio penal selectivo y permanente, los jueces y magistrados que toman decisiones de alto impacto político no rinden cuentas ante nadie. No enfrentan elecciones, no responden a la ciudadanía y operan protegidos por una institucionalidad cerrada que dificulta cualquier forma de control social o político. Esta ausencia de contrapesos convierte al poder judicial en un poder prácticamente irresponsable, con capacidad de veto sobre el sistema democrático.

El problema no es la existencia de un poder judicial fuerte, sino de un poder judicial hipertrofiado y politizado, que actúa sin los frenos que la democracia exige. Cuando la justicia se arroga la última palabra sobre la política, pero no acepta ser interpelada por la sociedad, se produce una inversión peligrosa: el derecho deja de proteger la democracia y pasa a someterla. La legalidad se mantiene en la forma, pero se vacía de contenido democrático.

Así, la judicialización de la política en Guatemala no ha fortalecido el Estado de derecho, sino que ha contribuido a su erosión. Al concentrar decisiones fundamentales en manos de actores no electos y no responsables ante la ciudadanía, se consolida un poder que gobierna sin gobernar, decide sin representar y controla sin rendir cuentas. Este es el núcleo duro de la dictadura judicial: un poder que se ejerce en nombre de la ley, pero al margen de la democracia.

Cierre de la Parte I

La crisis de la política como antesala del autoritarismo judicial

La dictadura judicial no surge por la fortaleza intrínseca del sistema de justicia, sino por la debilidad de la política. Cuando los espacios de deliberación democrática se vacían, otros poderes los ocupan. En Guatemala, ese desplazamiento no fortaleció el Estado de derecho, sino que lo reconfiguró de forma autoritaria. Esta primera parte deja claro que el problema no es la existencia de un poder judicial fuerte, sino su transformación en poder hegemónico, sin controles democráticos ni legitimidad popular.

De tal modo que la dictadura judicial no surgió por generación espontánea ni por la acción aislada de algunos operadores., sino fue el resultado de una crisis prolongada de la política, de la incapacidad del sistema democrático para procesar conflictos y de la renuncia de las élites a fortalecer instituciones representativas. Allí donde la política dejó de gobernar, los tribunales comenzaron a decidir.