La prioridad nacional, una tentación general

Que prime el ser nacional sobre la necesidad a la hora de acceder a determinados servicios sociales básicos, ha suscitado un malestar general que va más allá de la indignación moral. La referencia a una 'prioridad nacional', en los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox, avergüenza tanto que algunos firmantes buscan ahogarla en sinónimos como 'arraigo' o 'vecindad'.

La expresión, que no es nueva, produce salpullido porque nos retrotrae a una idea-fuerza del hitlerismo (Volksgemeinschaft) que empezó sirviendo a la exclusión étnica y acabó legitimando las cámaras de gas, es decir, sirvió tanto para discriminar a los otros (ya fueran extranjeros o alemanes de otra sangre) como para desnaturalizarlos o exterminarlos.

Esta ola de indignación es uno de esos sentimientos que expresan la buena salud moral de una sociedad. Puesto que es tan compartida, me pregunto si no ha llegado el momento de avanzar en humanidad, revisando el lugar de privilegio que ocupa 'la prioridad nacional', pero entre los indignados. Sería grave ingenuidad pensar que esa prioridad de lo nacional es un asunto de la extrema derecha o de nacionalistas irredentos. Es, también, una piedra en el zapato de todo el pensamiento moderno o progresista o ilustrado o como queramos llamarlo.

Me refiero a lo siguiente. La evocación de una 'prioridad nacional' nos indigna porque atenta a la autoridad de los Derechos Humanos según la cual somos iguales por nacimiento y ante la ley. Eso se puede interpretar de dos maneras muy distintas. Para entenderlo no hay más que recordar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que desencadenó la Revolución Francesa. Ahí se distingue entre los derechos del hombre y los del ciudadano, pero ¿por qué distinguirlos? se preguntó enseguida un observador tan agudo como Karl Marx. Pues porque no son iguales. Para disfrutar de los derechos cívicos (vivienda, trabajo, participación política, elegir y ser elegido, subsidios etc) hay que ser ciudadano, es decir, nacional. El Estado, que es el que administra los derechos, sólo se ocupa de los suyos.

Ciudadano no es cualquiera sino sólo aquél que el Estado reconoce como tal: para empezar los que comparten tierra y sangre (los nacionales), y, también, aquellos otros extranjeros a los que les otorga la ciudadanía (los nacionalizados). ¿Y qué pasa con los que no son ciudadanos, es decir, los que sólo son hombres? Para responder pensemos en lo que les pasa a los emigrantes que llegan a las puertas de otro país sin más títulos que 'ser humanos': se les expulsa. El emigrante sin papeles descubre que la condición humana –el ser humanos– no comporta ningún derecho porque los derechos son para los ciudadanos, es decir, para los nacionales. Hannah Arendt que, como judía, experimentó lo que significa ir por el mundo sin más documento que el de haber nacido humana, decía que más importante que nacer humano es tener papeles. Sin ciudadanía no eres nadie, de ahí que ella exigiera el «derecho a tener derechos», que hay que entender como el derecho a pertenecer siempre a algún Estado y ser así siempre ciudadana de algún lugar.

De acuerdo con el espíritu de esa Declaración lo suyo sería que los derechos de los nacionales fueran también de los humanos porque mientras reduzcamos los derechos cívicos a los ciudadanos, lo que en el fondo estamos diciendo es que los famosos derechos humanos no existen porque sólo son derechos que dan o reconocen los Estados, pero no que uno tenga por nacer humano.

Nos hemos instalado en esa contradicción porque nos da vértigo pensar lo que significaría que el de fuera tuviera sin más los mismos derechos que los de dentro. Y es un vértigo justificado porque tomarse en serio los Derechos Humanos supone cuestionar esa distinción y, por tanto, extender los derechos del ciudadano a todo ser humano. Esto nos da miedo.

Los Derechos Humanos nos merecen tanto respeto porque son como las nuevas Tablas de la Ley. La diferencia es que no queremos que sean sólo preceptos morales sino derechos reales de suerte que si no se respetan, el transgresor sea sancionado. Pero no existe esa instancia mundial que tenga ese poder sancionador (la ONU no llega a tanto). El poder real lo tienen los Estados, pero sobre los suyos, los de la nación, de ahí que a los Estados sólo les intereses los derechos que afectan a los suyos, a los ciudadanos. Los de fuera, los emigrantes, no tienen más amparo que un vago desiderátum moral que los Estados no están obligados a respetar.

Quizá haya llegado el momento de empezar a pensar la contradicción que supone que haya derechos del ciudadano, que garantizan bienestar, y haya derechos del hombre que no garantizan nada. Si nos indigna que, en nombre de la 'prioridad nacional', se deje fuera de servicios materiales básicos a los emigrantes, deberíamos preguntarnos si podemos aceptar que los derechos humanos sólo alcancen a los ciudadanos.

Si no queremos que la indignación que produce la invocación de 'la prioridad nacional' quede en un fácil desahogo contra la extrema derecha, deberíamos revisar críticamente el lugar que nosotros asignamos a lo nacional en el santuario de los Derechos Humanos.