"Las víctimas no somos una molestia para la agenda institucional ni un problema contable"

Me dirijo a los medios de comunicación, a la sociedad y a las instituciones como víctima y superviviente de abuso sexual infantil cometido en el seno de la Iglesia católica. Lo hago porque ya no quiero seguir viendo cómo se habla de reparación mientras, en la práctica, se bloquea. Lo hago porque detrás de cada retraso, de cada aplazamiento y de cada desacuerdo institucional hay personas concretas que seguimos esperando una respuesta justa. Y lo hago también porque el daño que sufrimos no prescribió, aunque sí prescribieran los delitos en los tribunales. 

Durante años, muchas víctimas hemos vivido con secuelas profundas en la salud, en la vida afectiva, en la estabilidad emocional, en el trabajo, en la confianza y en la propia identidad. Cuando por fin se abrió la posibilidad de una reparación, pensamos que al menos llegaría una respuesta seria, rigurosa y humana. Pero en mi caso, tras pasar por el Plan PRIVA, lo que he recibido no ha sido una reparación integral, sino una resolución insuficiente, opaca y no motivada de manera verificable. No se me explicó con claridad cómo se fijó la cuantía, no se rebatieron técnicamente mis alegaciones y no se individualizó adecuadamente el daño sufrido a lo largo de décadas. 

Cuando por fin se abrió la posibilidad de una reparación, pensamos que al menos llegaría una respuesta seria, rigurosa y humana. Pero en mi caso, tras pasar por el Plan PRIVA, lo que he recibido no ha sido una reparación integral, sino una resolución insuficiente, opaca y no motivada de manera verificable

No hablo solo de una cifra. Hablo del significado de esa cifra. Hablo de lo que implica que una institución valore el daño de una vida rota sin explicar de forma comprensible y contrastable los criterios aplicados. Cuando una reparación no es transparente, no es realmente reparadora. Cuando una víctima no puede entender por qué se ha decidido así sobre su caso, lo que siente no es alivio, sino impotencia. Eso también es revictimización. 

Los propios documentos oficiales hablan de escucha, dignidad, acceso a la información sobre el propio caso, acompañamiento y medidas proporcionadas al daño sufrido. El Defensor del Pueblo afirma con claridad que las víctimas son el sentido central de cualquier respuesta y que no basta con escuchar: hay que responder de forma efectiva. También los textos vaticanos más recientes insisten en la escucha informada, la transparencia y la asunción pública de responsabilidad. Sin embargo, entre esos principios y lo que muchas víctimas vivimos en la práctica sigue existiendo una distancia dolorosa. 

Esa distancia se ha hecho aún más evidente con el bloqueo de la Conferencia Episcopal Española al protocolo de reparación acordado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo. No estamos ante una discusión abstracta. Uno de los puntos centrales del conflicto es la negativa a permitir que las víctimas que ya pasamos por PRIVA y recibimos indemnizaciones claramente insuficientes podamos acudir al nuevo mecanismo de revisión. Es decir: se pretende dejar cerrados casos mal resueltos, aunque no hayan sido reparados de forma justa, individualizada y transparente. 

Uno de los puntos centrales del conflicto es la negativa a permitir que las víctimas que ya pasamos por PRIVA y recibimos indemnizaciones claramente insuficientes podamos acudir al nuevo mecanismo de revisión. Es decir: se pretende dejar cerrados casos mal resueltos, aunque no hayan sido reparados de forma justa, individualizada y transparente

Eso significa, en la práctica, que se intenta blindar un sistema que muchas víctimas consideramos insuficiente. Significa que se quiere dar valor definitivo a reparaciones que no responden al daño acreditado. Significa que se teme más revisar lo mal hecho que prolongar el sufrimiento de quienes llevamos toda una vida pagando las consecuencias. Y significa también que la cuestión económica vuelve a ponerse por delante de la verdad, de la responsabilidad y de la dignidad de las víctimas. 

En mi caso, he dejado constancia formal de que cualquier pago previo no puede ser entendido como una renuncia a una reparación integral, sino únicamente, en su caso, como pago a cuenta para evitar duplicidades. Porque la dignidad no se liquida con una cláusula de cierre. Porque el reconocimiento del daño no puede convertirse en una herramienta para impedir su revisión. Y porque ninguna víctima debería verse obligada a aceptar como definitivo un procedimiento que no ha garantizado la transparencia, la motivación ni la proporcionalidad exigibles. 

Lo que pido no es excepcional. Pido lo mínimo que merece cualquier persona que ha sufrido violencia sexual en una institución que durante demasiado tiempo calló, encubrió o respondió tarde. Pido una valoración técnica, motivada e individualizada. Pido acceso real a los criterios aplicados. Pido que el nuevo sistema de reparación permita revisar casos insuficientemente resueltos. Pido que la Iglesia asuma de manera efectiva, y no solo retórica, su responsabilidad. Y pido que el Estado y el Defensor del Pueblo no permitan que este proceso quede vaciado por el bloqueo de quienes temen una revisión independiente. 

Las víctimas no somos una molestia para la agenda institucional ni un problema contable. Somos personas que ya hemos esperado demasiado. Cada aplazamiento, cada excusa y cada firma frustrada prolongan una herida que nunca debió administrarse como un trámite más. La reparación no puede consistir en escuchar para luego cerrar en falso. Reparar significa reconocer, explicar, responder y asumir las consecuencias con verdad y justicia. 

Escribo esta carta porque estoy cansado de que se invoque a las víctimas mientras se nos deja fuera de las decisiones que nos afectan. Porque estoy cansado de que se hable de escucha cuando falta transparencia. Porque estoy cansado de que se llame reparación a lo que no llega a serlo

Escribo esta carta porque estoy cansado de que se invoque a las víctimas mientras se nos deja fuera de las decisiones que nos afectan. Porque estoy cansado de que se hable de escucha cuando falta transparencia. Porque estoy cansado de que se llame reparación a lo que no llega a serlo. Pero también escribo porque no quiero callar más. Porque la verdad no puede depender de la comodidad de las instituciones. Y porque ninguna Iglesia, ningún gobierno y ninguna estructura deberían poder blindarse frente al sufrimiento de quienes reclaman algo tan básico como una reparación digna. 

A la Conferencia Episcopal Española le pido que deje de bloquear lo que ya no admite más demora. Al Gobierno y al Defensor del Pueblo les pido que sostengan el compromiso adquirido y que no abandonen a las víctimas a una nueva espera

A la Conferencia Episcopal Española le pido que deje de bloquear lo que ya no admite más demora. Al Gobierno y al Defensor del Pueblo les pido que sostengan el compromiso adquirido y que no abandonen a las víctimas a una nueva espera. 

Y a la sociedad le pido que no mire hacia otro lado cuando una institución intenta cerrar en falso el dolor de quienes nunca tuvimos una oportunidad real de justicia. 

No pido privilegios. Pido verdad, dignidad y reparación.