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Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Pena de Muerte
En ocasión del Día mundial contra la pena de muerte, la Comunidad de Sant'Egidio refuerza su trabajo por la abolición de esta medida inhumana e injusta, por la defensa de la vida de todos los condenados y presenta la nueva web de la Campaña por un mundo sin pena de muerte.
La nueva plataforma, con una presentación gráfica sencilla y esencial, se puede visitar con todo tipo de dispositivos (ordenadores, tabletas y móviles) y quiere ser una herramienta que permita participar activamente en la campaña enviando llamamientos y peticiones, y compartiendo actos online.
En este tiempo marcado por la pandemia, la situación de quien vive ya en extremo aislamiento en cárceles de máxima seguridad y a menudo a la espera de la ejecución se ha hecho aún más dramática en todo el mundo.
Por eso la Comunidad ha multiplicado estos días sus esfuerzos para humanizar la vida de los detenidos. Y es significativo que en el momento en el que la humanidad hace frente a una situación de especial vulnerabilidad haya crecido sensiblemente el apoyo a esta lucha en defensa de la vida humana: ha aumentado el número de personas que suscriben los llamamientos a favor de condenados a muerte y el de personas que mantienen correspondencia con detenidos.
Sant'Egidio sigue con atención la evolución y acompaña los esfuerzos de países, como la República Centroafricana y Kazijistán, que deciden relegar a la historia la pena capital y mantiene su confianza en la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará a principios de diciembre en la que –tras la publicación de un informe específico del Secretario General– se votará una nueva resolución por la moratoria universal de las ejecuciones, con una mayoría que se prevé más amplia que la anterior.
Sant'Egidio, uno de los fundadores de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, (World Coalition Against the Death Penalty) sigue de cerca la evolución y acompaña los esfuerzos de los países, como la República Centroafricana y Kazajstán, que deciden relegar a la historia la pena de muerte y espera con interés la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará a principios de diciembre, en la que -tras la publicación de un informe específico del Secretario General- se votará una nueva resolución para una moratoria universal de las ejecuciones, con una mayoría que promete ser mayor que la anterior.
"Nuestro trabajo - explica la Comunidad en la nueva plataforma - comienza en las cárceles y en los brazos de la muerte, con personas que viven el drama de la pena de muerte. Desde hace muchos años hemos creado una red humana de relaciones, visitas y correspondencia con muchos presos, tratando de no olvidar a ninguno y de acompañar su difícil existencia. Siguiendo sus casos, salió a relucir una verdad incómoda: los errores judiciales, son el resultado de procesos sumarios o de defensas superficiales".
Según la World Coalition Against the Death Penalty, son 106 los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 8 los que la han abolido sólo para los delitos comunes, 28 son abolicionistas de facto, 56 son retencionistas. En 2019, los 5 países que llevaron a cabo más ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto.
En los planos nacional e internacional, el derecho a la representación jurídica está consagrado en la mayoría de las constituciones e instrumentos de derechos humanos. Lamentablemente, los sistemas de justicia de todo el mundo violan repetidamente este derecho y no ofrecen a los acusados de un delito una representación legal adecuada.
Al tiempo que se trabaja en pro de la abolición total y completa de la pena de muerte en todo el mundo para todos los delitos es fundamental alertar a la sociedad civil y a la comunidad internacional sobre la necesidad de que, en todas las etapas de los procedimientos judiciales, quienes se enfrentan a las crueles, inhumanas y degradantes penas de ejecución tengan por lo menos acceso a una representación legal efectiva. Esa asistencia jurídica puede proporcionar la protección básica ya sea para evitar la sentencia o para apelar el veredicto.
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