La fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores, en el marco de la causa que investiga las responsabilidades por los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo

También solicitó al tribunal de sentencia que condene a 18 y 10 años de cárcel a la monja Asunción Martínez y a la ex representante legal del lugar, Graciela Pascual

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y cuenta con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos.

El prelado ha confesado anhelar que la decisión judicial "traiga paz a las víctimas que han sufrido tanto y también algo de alivio en medio de tanto dolor y de tantas heridas"

"La Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe"

"Nicolás Corradi, Eliseo José Pirmati y otras religiosas aún no identificadas y solo sindicadas como Leticia y Juana lo redujeron a la servidumbre, explotándolo a través de la limpieza del lugar, lavado de ropas de los internos, mantenimiento de los espacios verdes, pintura de las paredes del instituto, arado de la huerta (…) entre otros trabajos que obligaban, mediante violencia física y psicológica o so pena de prohibirle el acceso a los alimentos básicos para saciar su hambre"

Bochatey y el padre Ángel Rodríguez, de 64 y 68 años, “fueron golpeados y maniatados por delincuentes que entraron a la iglesia por los techos luego de romper una reja alrededor de las 3 de la mañana”, informó la policía

La mayor parte de los interrogatorios se harán en lengua de signos, pues las víctimas son hipoacúsicos

El Arzobispado de Mendoza emitió un comunicado manifestando la solidaridad con las víctimas y respaldando el trabajo de la Justicia para "esclarecer los hecho y establecer las responsabilidad y sanciones que correspondan"

"Lo redujeron a la servidumbre... mediante violencia física y psicológica o so pena de prohibirle el acceso a los alimentos básicos", alega la fiscal de la región en un documento judicial

Le ataron "de sus muñecas a un riel que se encuentra al día de la fecha todavía incrustado próximo al techo del lugar", denuncia la representante del Ministerio Público