El cardenal se sigue declarando inocente en uno de los procesos más mediáticos del Vaticano El español Alejandro Arellano preside el Tribunal que juzgará la apelación del Becciu

El juez español, decano del Tribunal de la Rota, Alejandro Arellano Cedillo, presidirá el Tribunal que desde mañana se ocupará del juicio en apelación del cardenal italiano Angelo Becciu, de 77 años, quien fue condenado a 5 años y medio por malversación con prohibición de ocupar cargos públicos en uno de los procesos más mediáticos del Vaticano.

El que fuera potente sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y prefecto de la Causa de los Santos y a quien Francisco retiró sus derechos cardenaliciospor su implicación en este escándalo financiero renunció a participar en el pasado cónclave después de la división que creó entre los cardenales su posible participación.

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Becciu, que se sigue declarando inocente de los cargos de estafa, malversación y abuso de oficio, fue condenado el 16 de diciembre de 2023 a cinco años y seis meses de prisión, más la inhabilitación perpetua para cargo público y 8.000 euros de multa.

En la apelación se evaluarán los recursos a la sentencia que han presentado tanto los abogados de los condenados como el fiscal, que la considera demasiado leve, y podría durar al menos un año.

Entre las nuevas pruebas que aportará la defensa del cardenal, según apuntan algunos medios, estarán los mensajes de whatsapp entre la que fue colaboradora del Vaticano Francesca Immacolata Chaouqui y Genoveffa Ciferri, estrecha colaboradora de monseñor Alberto Perlasca, acusador de Becciu.

Estas conversaciones han dado lugar a dos investigaciones penales: una en Roma tras una denuncia del propio Becciu contra Chaouqui, y otra en la oficina del promotor de justicia del Vaticano, donde Chaouqui está acusada de tráfico de influencias, perjurio y cohecho.

El escándalo estalló en 2019, al trascender la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado que derivó en una operación altamente especulativa al generar un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede.

El edificio en la exclusiva calle londinense de Sloane Avenue había costado al Vaticano unos 350 millones de euros pero luego fue vendido por 186 millones de libras (unos 214 millones de euros).

Sin embargo, aquella adquisición acabó siendo utilizada para extorsionar al Vaticano y demostrando la poca transparencia y las irregularidades que había en las cuentas de la Santa Sede.

Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.

Así como el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna, una mujer a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí.

Becciu aseguró que el papa Francisco había autorizado estos pagos.

Además de Becciu también se condenaron a corredores financieros y mediadores de la operación inmobiliaria, acusados de lucrarse y estafar a la Santa Sede.

Mientras que la empresaria Cecilia Marogna, asesora de Becciu y presentada en los ambientes vaticanos como una experta en diplomacia, también ha sido condenada a 3 años y nueve meses de reclusión, con prohibición «temporal» para ejercer cargo público.

El juez Arellano el pasado jueves se reunió con el Papa probablemente para informarle sobre el proceso, sobre que el pontífice podría tener la última palabra concediendo una gracia.