Secretaría de Estado advierte que se podría estar violando la libertad religiosa El Vaticano protesta ante Francia por la condena a Ouellet en el caso de la monja expulsada por "mal genio"

Cardenal Marc Ouellet
Cardenal Marc Ouellet

La Secretaría de Estado envió a la embajada de Francia ante de la Santa Sede una nota verbal de protesta contra la condena del cardenal Ouellet por un tribunal de Lorient (Bretaña) en el caso de las monjas de Pontcallec, según ha confirmado esta mañana el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en un comunicado, donde se denuncia una "grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos"

Según el comunicado, la Santa Sede conoció esta información "sólo a través de la prensa" y subraya también que el entonces prefecto de la Congregación para los Obispos "nunca recibió ninguna citación del Tribunal de Lorient"

El tribunal condenó a Ouellet por abuso de poder y falta de imparcialidad por haber ordenado en  2020 la expulsión de la monja Marie Ferréol de la Comunidad de Pontcallec del Instituto de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo, al que pertenecía desde hacía más de tres décadas, supuestamente por tener "mal genio"

La Secretaría de Estado envió a la embajada de Francia ante de la Santa Sede una nota verbal de protesta contra la condena del cardenal Ouellet por un tribunal de Lorient (Bretaña) en el caso de las monjas de Pontcallec, según ha confirmado esta mañana el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en un comunicado, donde se denuncia una "grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos".

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Respondiendo a las preguntas de algunos periodistas, Bruni, confirmó una "nota verbal" sobre la "supuesta decisión de ante el Tribunal de Lorient, en Francia, en relación con un litigio civil relativo a la renuncia a un Instituto religioso de la Sra. Sabine de la Valette (antes Sor Marie Ferréol)”.

Según el comunicado, la Santa Sede conoció esta información "sólo a través de la prensa" y subraya también que el entonces prefecto de la Congregación para los Obispos "nunca recibió ninguna citación del Tribunal de Lorient", aunque confirma que el cardenal "realizó efectivamente una visita apostólica al Instituto de las Dominicas del Espíritu Santo, en cumplimiento de un mandato pontificio; Al término de esta visita, se adoptaron una serie de medidas canónicas contra la señora Sabine de la Valette, incluida su renuncia al instituto religioso".

Violación de la libertad religiosa

En este sentido, la comunicación de prensa vaticana señala que "una posible sentencia del Tribunal de Lorient podría plantear no sólo cuestiones relevantes sobre la inmunidad, sino que si se pronunciara sobre la disciplina interna y la pertenencia a un instituto religioso, podría haber dado lugar a una grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos".

Sor Marie Ferréol, con su abogado ante el juzgado de Lorient
Sor Marie Ferréol, con su abogado ante el juzgado de Lorient Ouest-France

El tribunal de Lorient condenó la pasada semana a Ouellet por abuso de poder y falta de imparcialidad por haber ordenado en  2020 la expulsión de la monja Marie Ferréol de la Comunidad de Pontcallec del Instituto de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo, al que pertenecía desde hacía más de tres décadas, supuestamente por tener "mal genio".

Pago de una indemnización

La monja expulsada, al no conseguir que el Vaticano le proporcionara datos que justificaran una decisión tan extrema, llevó el caso ante los tribunales civiles, pero el cardenal nunca se presentó a las sesiones ni nombró a un abogado que le representara. Ahora, el Vaticano asegura que el purpurado canadiense nunca recibió ninguna citación al respecto.

El tribunal condenó a Ouellet, a las Dominicas del Espíritu Santo y a las dos religiosas comisionadas por Roma para visitar la comunidad a pagar, solidariamente 182.400 euros por los daños materiales y 10.000 por los morales causados a la demandante. La misma comunidad también fue condenada a pagarle 33.622 euros por incumplir su deber de socorro

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