Piden 12 años de cárcel para 7 exmonjas de Belorado por "trato denigrante, coacciones y abandono" a 5 religiosas mayores

La Fiscalía y la acusación particular pide 12 años de cárcel para cada una de las siete exmonjas de Belorado que serán juzgadas por delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro a cinco religiosas mayores, y por delitos contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida, según ha informado en un comunicado las clarisas cismáticas.

Ante esta petición, en un comunicado, la exclarisas se declaran "plenamente inocentes de las graves acusaciones que se nos atribuyen en relación con nuestras queridas hermanas mayores" y aseguran que afrontan este procedimiento "con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada".

"Lejos de encontrar comprensión, sentimos que la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición", lamentan, para reconocer que viven este proceso con "enorme tristeza y con la convicción de que se pretende quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida".

Sin embargo, advierten de que no renuncian a "aquello en lo que creemos" y dicen que seguirán adelante "con la misma determinación que nos ha acompañado hasta ahora".

"Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia. Nuestra fortaleza nace de la fe, de la oración y de la esperanza", manifiestan.

Desde su perspectiva, todo lo que están viviendo supone "una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer".

A pesar del "sufrimiento", afirman no responde "con odio ni con resentimiento" y añaden que continuarán defendiendo "nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación, confiando en que la verdad prevalecerá".

En ese sentido, piden "respeto para nuestra comunidad, para nuestra libertad de conciencia y para el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo".

AUTO

El auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao recuerda que el 13 de mayo de 2024 se publicó el "Manifiesto Católico" en el que la abadesa, en representación del resto de las investigadas, expresa su voluntad de abandonar la iglesia católica, "no reconociendo la autoridad del Papa como usurpador de la Santa Sede, lo que da lugar a que se produzca el Cisma y sean excomulgadas".

Otras miembros de la Comunidad, como dos testigos protegidas, después abandonaron el Monasterio porque las investigadas les sometían a "humillaciones, castigos, vejaciones y anuncios de represalias si no estaban con ellas", aunque no lo denunciaron.

La resolución judicial señala que esta decisión no fue adoptada por las monjas mayores, a las que no se informó del Cisma, "debido al estado de deterioro". La más mayor, de 101 años, aunque en principio aceptó "por obediencia y el bien de la comunidad", presentaba deterioro cognitivo leve, mientras otra de 89 años sufría deterioro cognitivo moderado. Una tercera hermana, también de 87 años, no presentaba marcado deterioro, pero sí afectación del lenguaje secundario a un ictus. Otra de 94 años tenía deterioro cognitivo severo; y la quinta monja de 89 años también padecía deterioro cognitivo severo.

En el curso de unas investigaciones de un Juzgado de Briviesca, se acordó la entrada y registro en el Monasterio de Orduña, al que a finales de julio de 2025 se habían trasladado las investigadas llevándose a las hermanas mayores.

Este juzgado acordó que las monjas que no se habían adherido al Cisma fueran sacadas del Monasterio de Orduña, pero la Guardia Civil no pudo hacerlo por "las trabas y oposición" de las investigadas.

El 18 de diciembre de 2025 se ordenó la entrada en el Monasterio de Orduña para sacar a las mayores y ser examinadas por dos médicos forenses, que determinaron su ingreso en el Hospital de Basurto. En el acta, se hace constar que las mayores "no estaban siendo atendidas adecuadamente".

En la celda de una de ellas había dos perros sobre la cama, uno sobre la almohada, y había restos de excrementos y orines. Otra religiosa estaba sentada en el inodoro sola sin atención, y otra estaba encamada "presentando estado general deteriorado". Esta última ingresó en el Hospital de Basurto con diagnóstico grave por insuficiencia e infección respiratoria. Tras ser dada de alta, falleció el 9 de enero de 2026.

El informe forense hace mención de "la falta de higiene" extendida por todo el Monasterio. También se observó "la cocina sucia y comida en estado de conservación dudoso".

Cuando las hermanas mayores se encontraban en Belorado, la asistencia médica la prestaban médicos del Sacyl. Una doctora señaló que esta asistencia fue limitándose poco a poco, lo que dificultaba la valoración médica de las monjas, "impidiéndosele el acceso a las monjas mayores".

Además, explicó que la exreligiosa encargada de la farmacia, "al parecer, cambiaba a su criterio algún medicamente prescrito al no considerarlo idóneo", con la intervención de la abadesa.

"Esta falta de asistencia, que se inicia en Belorado, queda patente cuando tiene lugar el traslado al Monasterio de Orduña a finales de julio de 2025, sin que desde esa fecha hasta el 18 de diciembre de 2025 las monjas mayores recibieran asistencia médica pese a las diversas patologías y estado que presentaban", especifica el auto.

"TRATO HUMILLANTE"

El auto subraya que, "de todo ello, se deriva un incumplimiento del deber de cuidado" de las investigadas, hacia las mayores, que se encontraban bajo su custodia, y estaban "en situación de dependencia y vulnerabilidad". De ello se infiere que se dispensaba "un trato humillante menoscabando su dignidad".

También subraya el "manejo, control e influencia que ejercían sobre ellas, que se aprovechaban de su deterioro cognitivo para que aceptaran lo que decían por temor y miedo a las consecuencias de lo que les podía pasar si se iban". Ante ello, dice que hubo "aceptación o consentimiento viciado por la merma de facultades".

La jueza instructora cree que las razones para oponerse a que las mayores salieran podría ser la de evitar el desalojo del monasterio, ya que no se haría en presencia de personas vulnerables.

RAZONES ECONÓMICAS

También estima que podría haber "razones crematísticas", ya que tras el Cisma, se bloquearon las cuentas del Monasterio, para pasar a ser gestionadas por el Comisario Pontificio, así como por "necesidades económicas" derivadas "del bajo rendimiento económico en los negocios que regentaban, sin poder hacer frente a los préstamos que habían solicitado".

Para salir de esta situación, la magistrada señala que la abadesa, con otras investigadas, planearon en noviembre de 2024 la apertura de cuentas compartidas con las monjas mayores con la finalidad de recuperar las pensiones de estas.

En ejecución del plan, se abrieron en una entidad bancaria online cuentas de las mayores, y las investigadas "abusaban de su administración y realizaban innumerables transferencias".