Un juzgado investigará la expulsión de los cantores de la Sagrada Familia durante la visita del Papa

La sección de instrucción 29 del tribunal de instancia de Barcelona ha admitido a trámite la querella del colectivo de abogados Acció Cassandra contra la expulsión de cantores de la Sagrada Família durante la visita del papa León XIV, a principios del pasado junio. 

La querella denuncia los hechos como presunto delito de detención ilegal cometido por funcionario público, prevaricación administrativa, contra los derechos fundamentales y por delito de odio o discriminación ideológica y nacional. La denuncia se dirige al jefe del operativo policial y superior jerárquico de la Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, a los agentes ejecutores de ambos cuerpos ya otras personas, estamentos o entidades “que resulten responsables directos”.

“Resulta procedente acordar la admisión a trámite y la práctica de diligencias esencial para el esclarecimiento de los hechos”, afirma el magistrado en el escrito de admisión de la querella. Como diligencias previas, se ordena a la Policía Nacional ya los Mossos d'Esquadra que identifiquen al jefe operativo que “ordenó el encapsulamiento exterior y confinamiento” de los cantores. También se ordena recavar las grabaciones de seguridad del interior de la basílica y de las cámaras de la vía pública del perímetro “donde se hizo el encapsulamiento”.

Lluís Gibert, abogado y presidente de Acció Cassandra, consideró que la admisión a trámite de la querella “confirma que los hechos denunciados no son una exageración política ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves como para merecer una investigación penal con todas las garantías”.

Asimismo añadió que cuando un juzgado ordena identificar mandos policiales, preservar grabaciones y escuchar testigos, “está reconociendo que aquí puede haber habido mucho más que una mala gestión de un acto: puede haber habido una actuación arbitraria y lesiva de derechos fundamentales contra ciudadanos catalanes”.

La asociación sostiene que la expulsión y encapsulamiento de los cantores, así como el trato dispensado a los coros infantiles -hechos que se produjeron después de que algunos de los participantes intentaran exhibir unas partituras con la estelada impresa en el dorso-, “no pueden ser reducidos a una simple incidencia logística, sino que exigen una investigación ' discriminatorio de los hechos”