"Diez años después de rescatar a los bancos, ahora el Gobierno rescata a los obispos" Las víctimas, contra el Plan de Reparación anunciado por el Gobierno: "Descafeinado e insuficiente"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo
Con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”, señala Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat
Ana Cuevas, presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), considera "una buena noticia que esto se mueva ya", aunque "nos sorprende que no nos hayan notificado nada al respecto"
Ana Cuevas, presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), considera "una buena noticia que esto se mueva ya", aunque "nos sorprende que no nos hayan notificado nada al respecto"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Según ha detallado en rueda de prensa el ministro Félix Bolaños, cuyo Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el autor del plan, el Ejecutivo ha iniciado ya conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que asumir la indemnizaciones a las víctimas. "Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno", ha dicho.
El plan, que será dirigido por la Dirección General de Libertad Religiosa y estará vigente entre 2024 y 2027, sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias de las Cortes, que fue presentado el pasado 27 de octubre, y que contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.
"Un plan descafeinado"
"Un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente”. Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, ha cargado con dureza contra el plan aprobado en Consejo de Ministros, que considera que "rescatará a los obispos".
En opinión del activista antiabusos, con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.
“10 años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos”, lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”.
Indemnizaciones simbólicas
Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental “se niega a establecer un baremo específico de indemnización”. En su opinión, “el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”.
Por su parte, Ana Cuevas, presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), considera "una buena noticia que esto se mueva ya", aunque "nos sorprende que no nos hayan notificado nada al respecto". "Deberían contar más con las asociaciones de víctimas en esta cuestión que tanto nos afecta", sostiene la 'madre coraje' del caso Gaztelueta, que insiste en que "hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas esto no funciona”.
Sin aventurarse a analizarlo, algunos supervivientes consultados por RD saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo, en especial en lo tocante a la reparación económica, el acto de Estado o la ampliación de la prescripción de los delitos, algo que llevan defendiendo años.
Las víctimas quieren tener voz
En todo caso, las víctimas cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan aprobado por el Consejo de Ministros. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer.
Por su parte, Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda que ostenta Yolanda Díaz, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”.
