El Consejo de Ministros, de fecha 13 de septiembre de 2019, ha concedido el beneplácito para el jefe de una misión extranjera. Es sorprendente que en la página web de Moncloa no se aluda a qué país pertenece el jefe de esa misión. Es evidente que se refiere al nuevo nuncio en España: El arzobispo filipino Bernardito Auza, que hasta ahora era el observador permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas.

La celeridad del nombramiento por la Santa Sede (sujeto de Derecho Internacional con sede en la Ciudad del Vaticano), y del beneplácito del Gobierno en funciones hacen presagiar una verdadera necesidad, mutua, de alcanzar acuerdos. Pero ¿sobre qué?

Más allá de asentar las reformas de Francisco en una Iglesia muy «escorada», la citada celeridad por ambos lados parece oscilar en la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, y la evitación de su enterramiento en la cripta de la catedral de la Almudena. Pero todo tiene un precio, al menos desde la gestión diplomática.

En otro post, «La asignatura de Religión: alternativa y alternativas», en referencia al que era el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, decíamos que tenía sobre la mesa temas de máxima importancia para la jerarquía católica y el Gobierno, entre los que señalábamos la citada exhumación de Franco y su posible traslado a la catedral de La Almudena (pendiente de resolución por el Tribunal Supremo, con fecha de votación y fallo, para el 24 de septiembre de 2019), etcétera.

Todos debemos ser cautos, pero no desconocemos que en la «Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista» del PSOE, no se cita, como suele ser recurrente hasta el hastío, a la asignatura de Religión, ni tampoco la derogación de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979, pero no excluimos cualquier maniobra respecto de la primera, a tenor del punto 76 referido al pacto educativo de la anterior Propuesta:

«Aprobaremos una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, para que en el plazo más breve posible se aprecie el cambio en los centros educativos y se asienten las bases de la educación del futuro».

Es una proclama vacía pero de contenido tramposo, pues la introducción de la frase «derogación de la LOMCE y sus consecuencias negativas» o « acuerdos alcanzados por la comunidad educativa», podría ser un cajón de sastre que permitiese modificar el estatus de la asignatura de Religión y, consecuentemente, de su profesorado.

Por ello, insistiendo en el enclave de la asignatura de Religión en la escuela pública —sin olvidar la apuesta por una asignatura no confesional de Historia o Fenomenología de las Religiones—, el nuevo nuncio, como representante de una de las partes firmantes del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (que permite el anclaje curricular de esta asignatura), debería defender una situación inclusiva de la asignatura de Religión en el currículo escolar, y  olvidar cualquier postulado negociador de suma cero (una parte gana y otra pierde), para defender la negociación win to win (ganar para ganar), donde todos se muestren colaborativos y las concesiones permiten satisfacer a ambas partes de manera simultánea.

Como reconoce la Recomendación 1720 del Consejo de Europa sobre Educación y religión, los gobiernos deben hacer más para garantizar la libertad de conciencia y la expresión religiosa, para fomentar la educación en religiones como parte incorporada del conocimiento de la historia de la humanidad y de las civilizaciones. En definitiva, no es un asunto de inculcar una fe, pero sí de hacer entender a los jóvenes por qué las religiones son las fuentes de fe para millones de personas.

Esperamos que en los próximos meses la asignatura de Religión y sus profesores no queden en el olvido ante otros intereses.