Tras convocar el abogado denunciante a monseñor Fernando Ocáriz El Opus Dei niega acusaciones de explotación laboral en Argentina y acusa a medios de tergiversar

El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres en Argentina y acusó a los medios de haber "tergiversado la realidad" del caso, en un comunicado colgado este lunes en su página web.

El comunicado se refiere a la investigación judicial respecto a 43 mujeres en situación económica vulnerable, que entraron en el Opus Dei cuando tenían entre 12 y 16 años, con la promesa de un hogar y educación.

En un largo comunicado, el Opus argumenta que "el conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral".

Y que "a partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral", lo que niegan "categóricamente".

Al mismo tiempo, se lee en la nota, se considera "que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei".

La conocida como 'La Obra' explica que en septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes para las contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales y que fue recibido y escuchado "pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación de cada persona".

Critica que "desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal)".

En el comunicado, explica que "ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos".

Y que como resultado de ese proceso, "a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación".

Sobre el proceso judicial, también explican que "por el momento, el juez no ha imputado aún delito alguno" y lo que existe es "un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar".

Y reiteran que se trata de "una grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico"

Fazio fue acusado formalmente el pasado 11 de junio por el Ministerio Público Fiscal argentino, órgano competente para realizar la imputación, por trata de mujeres con fines de explotación laboral dentro de su orden religiosa, en condiciones de semiesclavitud.

La querella solicitó expresamente su inclusión en la causa, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, junto a los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario Gabriel Dondo, quien dirigió durante casi todas esas décadas la rama femenina de la organización.

Comunicado de la Obra

En el marco de la investigación judicial sobre la situación personal de una mujer mientras fue parte del Opus Dei, el abogado querellante declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. La prelatura considera que este pedido –sin fundamento fáctico ni jurídico– se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico.

La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei. Se está utilizando el fuero penal, que debe tener como finalidad la investigación de delitos y la búsqueda de justicia, para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial.

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Esta última petición vuelve a apoyarse en conjeturas, sin aportar elementos concretos que justifiquen estas alegaciones. Se intenta así extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente. Es preocupante que esta dinámica de instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal se repita, con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia. Algo que hemos visto recientemente con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado.

Como hemos expresado anteriormente, el conflicto comenzó en los medios de comunicación como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. Luego, mutó a un reclamo económico civil de daños y perjuicios, y finalmente se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de persona”. Para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.

Lamentamos que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos. Es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

La prelatura del Opus Dei insiste en rechazar estas alegaciones y mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.