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El equipo Claretianos ante la ONU exige justicia tras la masacre campesina de Bajo Aguán hondureño

Además de justicia y acciones urgentes para determinar responsabilidades, reclamaron garantías de seguridad para las comunidades rurales y para las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales

Entierro de victimas campesinas en Honduras relacionadas con el control de tierras

(ADN/Celam).- A través de un comunicado público, el Equipo Claretiano ante la ONU manifestó su preocupación por la violencia que cobró la vida de campesinos y defensores del territorio en Rigones, departamento de Colón, Honduras. El organismo pidió justicia y acciones urgentes para determinar las responsabilidades de lo ocurrido.

Los hechos de la masacre se dieron en el Bajo Aguán, donde continúan registrándose conflictos relacionados con el acceso y control de la tierra. Según información, el ataque se registró el 21 de mayo en una finca de palma africana, donde veintiún personas fueron asesinadas en una emboscada armada.

Solidaridad con las víctimas

Desde New York, la entidad indicó que tomó conocimiento de los hechos a partir de los comunicados emitidos por la Red Iglesias y Minería y la Conferencia Episcopal Hondureña, que han denunciado la creciente violencia y la impunidad que enfrentan las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

Una imagen de los funerales de los jornaleros asesinados en el norte de Honduras

Manifestamos nuestra cercanía espiritual y solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas”, señalaron. Al mismo tiempo, alertaron que las personas comprometidas con la defensa del territorio y de los derechos comunitarios siguen siendo objeto de “amenazas, criminalización y asesinatos”.

Llamado a la justicia y la protección

En su pronunciamiento, los claretianos hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas a realizar una investigación “independiente, transparente y eficaz” para determinar responsabilidades y sancionar a todos los involucrados en los asesinatos.

Igualmente, reclamaron garantías de seguridad para las comunidades rurales y para las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales. El organismo reiteró además su disposición de seguir respaldando las iniciativas impulsadas por la Iglesia y la sociedad civil para promover la paz, la justicia social y la defensa de la dignidad humana, convencido de que “solo a través del diálogo, la justicia y el respeto a la vida será posible construir sociedades reconciliadas y en paz”.

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