Guatemala 2025: Poder capturado y silencios que pesan

El balance de Guatemala en 2025 no admite eufemismos. El país no colapsó institucionalmente, pero tampoco avanzó hacia una democracia sustantiva del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo que se consolidó fue una democracia administrada y torpedeada por élites autoritarias y que se resisten a perder sus privilegios; además, vigilada desde fuera y condicionada desde dentro por una alianza histórica entre grupos de poder económico, redes políticas corruptas y un sistema de justicia instrumentalizado. El resultado es un Estado que funciona contra su propia sociedad, mientras la ciudadanía resiste, se organiza y migra para sobrevivir.

Entonces, el balance del año que está por concluir es dramático, porque se llega a gobernar sin poder, a legislar para saquear y a juzgar para perseguir. El año 2025 no fue un accidente ni una anomalía pasajera; fue la confirmación de un proyecto de país en disputa, donde una ciudadanía que apostó por la vía democrática se enfrenta a un régimen de corrupción para la impunidad decidido a no soltar el control del Estado. Guatemala no vivió un colapso institucional abrupto, sino algo más peligroso: la normalización del deterioro, la connivivencia cotidiana con la injusticia convertida en sistema.

El Ejecutivo de Bernardo Arévalo: legitimidad democrática en un Estado capturado

La elección de Bernardo Arévalo fue uno de los hechos políticos más relevantes de los últimos años, al haber dejado atrás las dictaduras militares. Representó un quiebre simbólico frente al régimen de corrupción para la impunidad consolidado en los gobiernos de Jimmy Morales y Giammattei. Fue también posible gracias a la movilización cívica, especialmente de los pueblos originarios, que defendieron el proceso electoral frente a la embestida autoritaria del Ministerio Público y de la partidocracia de derecha. Ese respaldo social otorgó al Ejecutivo una legitimidad ética incuestionable.

Sin embargo, 2025 evidenció una fractura central: Arévalo gobierna, pero no manda. Su administración operó en un Estado profundamente capturado, con un Congreso hostil, un Ministerio Público beligerante y una burocracia permeada por redes clientelares. Ante este escenario, el Ejecutivo optó por una estrategia de gobernabilidad pactada, particularmente con el CACIF, buscando estabilidad y margen de maniobra mínimo.

Este pacto tuvo un costo político y ético alto: en nombre de la gobernabilidad se congeló la transformación y se dio la espalda a quienes sostuvieron la democracia en las calles. La tibieza del Ejecutivo frente a la criminalización impulsada por el MP —especialmente contra operadores de justicia, periodistas y líderes sociales— no puede explicarse solo por la captura institucional, sino también por un estilo político prudente hasta el límite de la omisión. En un contexto de persecución, la moderación excesiva deja solos a los perseguidos.

Los partidos políticos: franquicias electorales sin proyecto de país

El año 2025 confirmó que los partidos políticos guatemaltecos, en su mayoría, no son mediadores democráticos ni responden a las legítimas demandas de la ciudanía, sino vehículos electoreros de acceso al poder financiados por la élite económica y hasta por el crimen organizado. Carecen de ideología, de democracia interna y de compromiso programático. Funcionan como franquicias electorales, activas en campaña y vacías en el ejercicio de gobierno.

Esta debilidad estructural explica la fragilidad del Ejecutivo y la degradación del Congreso. Sin partidos sólidos, la política se reduce a pactos coyunturales, transfuguismo y lealtades compradas. Los partidos no representaron intereses sociales ni canalizaron demandas ciudadanas; representaron financiadores, caudillos y redes ilícitas. En este vacío, el régimen de corrupción encontró terreno fértil para reproducirse. Mientras no se reforme el sistema de partidos mediante una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, la democracia seguirá siendo vulnerable a la captura.

El CACIF: el poder que no se elige, pero gobierna

Ningún análisis serio de 2025 puede omitir el rol del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, verdadero poder estructural del país. Su incidencia en al menos 67 instancias del Estado —comisiones, juntas, mesas técnicas y espacios de decisión— le permite condicionar la vida nacional sin pasar por las urnas. El CACIF define los límites de la política fiscal, bloquea reformas redistributivas y presiona nombramientos estratégicos.

El pacto tácito del Ejecutivo con el CACIF aseguró estabilidad macroeconómica y “confianza” empresarial, pero congeló transformaciones profundas. A cambio de gobernabilidad, se mantuvieron intactos privilegios fiscales y se guardó silencio frente a la persecución judicial. Este acuerdo explica parte de la tibieza gubernamental y su distanciamiento de las demandas históricas de pueblos originarios y sectores populares. Nos engañaron con la propuesta: “Un futuro sin CACIF”.

El Congreso y el Presupuesto: legislar para saquear

El Congreso de la República fue en 2025 el rostro más obsceno del régimen. Su composición —diputados independientes, operadores de intereses ilícitos y una mediocridad ética y académica alarmantes— convirtió la función legislativa en un negocio privado, acuerdos en la opacidad. La aprobación del Presupuesto General de la Nación fue el punto más crítico: lejos de responder a la emergencia social, se convirtió en un instrumento de saqueo legalizado y abrir el arca para que hasta el justo se aproveche.

Partidas opacas, fondos discrecionales para ONGs de diputados y asignaciones clientelares garantizaron lealtades políticas y blindajes de impunidad. Salud, educación, nutrición y desarrollo rural volvieron a ser sacrificados. Este presupuesto no solo compromete recursos: hipoteca el futuro, consolidando una lógica donde el dinero público sirve para reproducir poder y corrupción.

Justicia y captura institucional: persecución como política de Estado

El Ministerio Público, bajo la gestión de Consuelo Porras, fue la pieza central del autoritarismo legalizado. En 2025 quedó claro que el MP actúa como instrumento de persecución política, criminalizando selectivamente a periodistas, operadores de justicia independientes y defensores de derechos humanos, mientras protege a redes criminales.

La amenaza mayor es la toma total de las instituciones: Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Organismo Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas y la rectoría de la USAC. Si estas instancias en el 2026 quedan bajo control del régimen, Guatemala enfrentará una clausura institucional de largo plazo, donde la democracia será solo fachada.

Economía y sociedad: sobrevivir sin Estado

La estabilidad macroeconómica de 2025 fue una estabilidad excluyente. El crecimiento moderado convivió con informalidad, precariedad, lavado de dinero, contrabando y migración forzada. Las remesas siguieron sosteniendo el consumo, confirmando una verdad brutal: Guatemala funciona gracias a quienes se fueron.

El tejido social resistió —comunidades, mujeres, juventudes, pueblos originarios—, pero lo hizo agotado. La migración masiva hasta hace poco no es una crisis externa, sino la respuesta racional a un Estado que no protege ni ofrece futuro. El presupuesto aprobado no corrigió esta deriva; la profundizó.

Iglesia católica: presencia pastoral, déficit profético

La Iglesia católica estuvo presente en 2025, especialmente a nivel territorial. Acompañó migrantes, sostuvo comunidades y ofreció consuelo. El COMGUA VI aportó un diagnóstico lúcido y un lenguaje profético —discipulado misionero, esperanza activa, opción por los pobres—, pero su incidencia fue limitada: no se tradujo en una postura eclesial nacional sostenida y vinculante.

El legado de casi doce años del pontificado de Francisco fue asumido de manera desigual. Se citó su lenguaje, pero no siempre se encarnó su audacia: sinodalidad, rechazo al clericalismo, renovación de los cuadros de formación presbiteral y agentes de pastoral, defensa de pueblos originarios desde la dinámica de los Movimientos Populares, denuncia del extractivismo más audaz, crítica a la economía que mata. La Iglesia acompañó el dolor, pero fue tímida al señalar las causas del dolor. Se sintió la ausencia del liderazgo colegiado como en décadas pasadas. El rol de la diplomacia vaticana fue anodino.

Las intuiciones de León XIV, con su llamado a asumir la opción por los pobres desde Dilexi te, diseñar mapas de esperanza y a una fe encarnada en la historia, representan una oportunidad. Pero en 2025 su incidencia fue más inspiracional que estructural. La Iglesia enfrenta una disyuntiva: o asume una profecía más clara frente al poder y se sitúa más claramente del lado de las masas empobrecidas, o corre el riesgo de convertirse en refugio espiritual sin incidencia histórica. El silencio prudente, en contextos de injusticia, no es neutral.

Relaciones internacionales: subordinación y migración

En el plano internacional, la relación con Estados Unidos estuvo marcada por la injerencia de Donald Trump, especialmente en materia migratoria. Guatemala fue tratada como Estado tapón, contenedor de migrantes y ejecutor de políticas ajenas. El trato deshumanizante a los migrantes reveló una subordinación diplomática que sacrificó dignidad a cambio de estabilidad precaria. El apoyo de la Comunidad Europea ha sido fundamental en la defensa de la democracia, en la lucha contra la corrupción e impunidad y en la denuncia ante el acoso del Ministerio Publico.

Conclusión: 2026, año del desenmascaramiento

El 2025 dejó a Guatemala ante una encrucijada histórica. La democracia no fue derrotada, pero sí condicionada. El 2026 exigirá algo más que administrar crisis: requerirá romper pactos de comodidad, disputar el poder real, reformar partidos, recuperar instituciones y asumir una profecía social clara —desde la ciudadanía, desde la Iglesia y desde la política honesta—. La alternativa es clara: o se recupera el Estado para el bien común, o la impunidad se consolida definitivamente como forma normal de gobierno.