Ceuta, Marruecos y la debilidad de España

Ceuta, Marruecos y la debilidad de España

Los acontecimientos de Ceuta este verano obligan a detenerse y mirar un poco más allá de las imágenes. En pocas horas, miles de personas llegaron hasta la frontera que separa España de Marruecos y que, al mismo tiempo, constituye una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Detrás de aquellas imágenes había historias y dramas que desconocemos, pero también una situación política y diplomática que España no puede permitirse analizar con superficialidad.

Dejemos clara una cosa que en algunos sectores de nuestra sociedad parece haberse puesto en duda: cruzar una frontera de manera irregular no convierte a nadie en menos digno ni justifica que se le despoje de su condición humana. No conocemos las circunstancias que llevaron a cada persona hasta allí. Para algunos habrá sido la desesperación; para otros, la esperanza de encontrar una vida diferente. Reconocer esa dignidad obliga a reconocer también que un Estado tiene responsabilidades concretas ante una situación de esta naturaleza.

A partir de ahí aparece una pregunta diferente: qué pudo haber detrás de una llegada de semejante magnitud. No pretendo convertir en certezas las distintas hipótesis que han circulado, pero tampoco creo razonable descartar de entrada una posible dimensión política interesada.

Hay algo que no deberíamos olvidar cuando hablamos de Ceuta como frontera o como enclave estratégico: allí vive gente. Hay familias que trabajan, estudian, comercian y construyen su vida al lado de una frontera que para ellos no es una línea sobre un mapa, sino una realidad cotidiana. Los habitantes de Ceuta no pueden vivir permanentemente pendientes de si una crisis diplomática o una tensión con Marruecos terminará teniendo consecuencias sobre su ciudad. No son una variable de la política exterior española. Ceuta necesita saber que España está con ella y que sus habitantes no van a quedar solos cuando la relación con Marruecos atraviese momentos difíciles por un asalto ilícito a su frontera.

Por otra parte, algunas afirmaciones son demasiado graves como para sostenerlas sin pruebas. Durante aquellas horas del asalto, el comportamiento de las autoridades marroquíes fue objeto de especial atención y un informe policial español señaló una cierta pasividad inusual de sus fuerzas de seguridad durante parte del episodio. Pero, ¿qué significa exactamente esa pasividad? ¿Fue una decisión deliberada, una falta de capacidad para controlar la situación o simplemente una circunstancia excepcional? El Gobierno ha señalado que no existe una prueba concluyente de que las autoridades marroquíes organizaran la entrada. Indudablemente se requiere investigación seria y exhaustiva sobre los hechos.

La experiencia de mayo de 2021 constituye un antecedente que hace todavía más difícil ignorar estas cuestiones. Entonces, alrededor de 8.000 personas llegaron a Ceuta en apenas dos días, en medio de una fuerte tensión diplomática entre España y Marruecos. La relajación de los controles marroquíes fue interpretada como una forma de presión en el contexto de aquella crisis. Esto no significa que lo ocurrido ahora tenga el mismo origen, pero es un precedente que hay que tener muy en cuenta.

Marruecos es nuestro vecino y España necesita mantener con él una relación estable. Hay demasiados asuntos en los que ambos países necesitan entenderse: la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la cooperación policial y el control de las fronteras. Precisamente por eso conviene que esa relación esté basada en acuerdos claros y en la confianza, no en el silencio de las cuestiones incómodas.

Marruecos ha demostrado en distintos momentos una notable capacidad para mantener objetivos a largo plazo: la Marcha Verde, el episodio del islote de Perejil y la crisis de Ceuta de hace cinco años son acontecimientos muy diferentes y sería injusto establecer entre ellos una equivalencia automática; pero permiten observar una constante: cuando Rabat considera que un asunto afecta a sus intereses, actúa con determinación y perseverancia. A ello hemos de añadir las claras manifestaciones públicas de ministros marroquíes que han llegado a afirmar que Ceuta pertenece a Marruecos. No se trata de declaraciones que España pueda despachar como una simple cuestión retórica: cuando una reivindicación territorial se mantiene en el tiempo y es expresada públicamente por responsables políticos, lo prudente no es ignorarla, sino tomarla en serio. Y precisamente por eso los ceutís exigen de España algo más que declaraciones de ocasión: exige una posición clara, firme y sostenida. Una defensa clara de la frontera y de la seguridad de la ciudad.

La pregunta que queda para España es esta: ¿tenemos nosotros la misma capacidad de Marruecos para pensar a largo plazo? Con demasiada frecuencia nuestra política exterior parece condicionada por la urgencia del momento. Una estrategia no consiste únicamente en responder cuando aparece un problema, sino en saber qué posición se quiere ocupar antes de que llegue la siguiente crisis. Cuando hay tanto en juego, porque están en cuestión la dignidad de las personas y la seguridad nacional, España no puede permitirse improvisar. Mucho menos en una zona tan sensible como el Estrecho y el Mediterráneo occidental, donde cualquier error de cálculo puede tener consecuencias que vayan mucho más allá de nuestras fronteras.

De ahí que sea razonable revisar nuestra política hacia Marruecos y preguntarnos qué garantías hemos obtenido en asuntos esenciales. La cooperación puede ser beneficiosa para ambos países, pero también debe producir resultados concretos. La seguridad de las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y la colaboración policial no pueden quedar reducidas a declaraciones de buena voluntad. Una relación madura entre vecinos necesita compromisos verificables y mecanismos capaces de responder cuando las circunstancias cambian.

También deberíamos mantener la cabeza fría ante las afirmaciones más graves que han circulado alrededor de estos acontecimientos. Se ha hablado de servicios secretos, de operaciones organizadas y de responsabilidades políticas todavía por esclarecer. Si existen indicios, deben investigarse. Sin embargo, una democracia no puede llenar con sospechas los espacios que todavía no han sido explicados. Podemos hacernos preguntas y exigir respuestas, pero no convertir las sospechas en acusaciones mientras no existan pruebas que las sustenten.

La defensa de España exige instituciones que funcionen, información suficiente para tomar decisiones y responsables políticos dispuestos a rendir cuentas. La firmeza tampoco consiste en elevar el tono, sino en saber qué asuntos son esenciales y actuar con coherencia cuando llega el momento de defenderlos.

Y mientras discutimos sobre estrategias y relaciones internacionales, conviene no perder de vista a quienes estuvieron en el centro de aquellas imágenes. Quienes llegaron hasta Ceuta no son piezas de una partida diplomática. Son personas que tomaron una decisión y asumieron sus consecuencias. El Estado debe gestionar esta realidad conforme a la ley, pero hacerlo con humanidad no es una concesión: es una obligación. Precisamente por eso resulta cada vez más urgente abordar una situación que se prolonga sin una respuesta suficiente y que está colocando bajo una presión creciente a dos realidades obligadas a convivir: los habitantes de Ceuta y quienes han llegado a la ciudad. Cuando esa tensión se prolonga y las soluciones no llegan, aparecen señales preocupantes de desgaste y episodios de confrontación que nadie debería esperar a que vayan a más.

Las fronteras del sur de España necesitan con carácter de urgencia una solución. Cualquier política fronteriza debe afrontar un doble deber: proteger el territorio sin convertir esa protección en deshumanización. España puede exigir que sus fronteras sean respetadas y, al mismo tiempo, tratar con dignidad a quienes se encuentran ante ellas. No hay contradicción entre ambas cosas; al contrario, la verdadera fortaleza de un Estado se demuestra cuando es capaz de hacer respetar la ley sin perder de vista la dignidad de las personas.

Con Marruecos no necesitamos ni queremos una relación de enfrentamiento, por mucho que algunos sectores de la política española parezcan empeñados en alimentar esa lógica. Necesitamos una relación seria, adulta y basada en el respeto mutuo, también amparada por el derecho internacional. Cooperar allí donde nuestros intereses coincidan, discrepar cuando sea necesario y hablar con claridad cuando surjan problemas no son actitudes incompatibles, sino las condiciones de una relación entre dos países vecinos. La proximidad geográfica no obliga a pensar igual, pero sí exige saber convivir, defender con firmeza lo que cada país considera esencial y buscar acuerdos sin convertir las diferencias en conflictos permanentes.

Cuando hablamos de defender Ceuta no hablamos solamente de salvaguardar una frontera. Hablamos de proteger a los españoles que viven allí y de transmitirles algo que ningún Gobierno debería dejar en la incertidumbre: que forman parte de España no solo en los discursos, sino también cuando llegan los momentos difíciles. La política exterior puede discutirse en los despachos; sus consecuencias, en cambio, las viven las personas.

Quizá la verdadera debilidad de España no esté en tener un vecino que sabe defender lo que considera importante. Estaría en que nosotros no tuviéramos la misma claridad para decidir qué queremos proteger y la misma constancia para hacerlo. Necesitamos una política exterior propia y comprometida con todos, también con el pueblo de Ceuta, que vive de manera directa y cotidiana las consecuencias de esta situación. Y necesitamos gobernantes conscientes de que la responsabilidad de un país empieza por saber qué está dispuesto a defender y, sobre todo, qué no está dispuesto a dejar atrás.

Antonio Ramos Ayala