La ley que decide quién merece vivir

La ley que decide quién merece vivir

Hay un principio básico que sostiene cualquier sociedad que quiera llamarse justa y democrática: la ley, en el marco de un Estado de derecho y bajo la garantía de un poder judicial independiente, existe para proteger a todos los ciudadanos sin excepción, no para excluir, sino para garantizar derechos; no para decidir quién es digno de tenerlos.

Cuando ese principio deja de ser el criterio que orienta la acción política y pasa a depender de una instancia ideologizada, la ley deja de ser un límite y se convierte en un instrumento. Y en ese momento, aunque las instituciones sigan en pie y el sistema continúe funcionando, lo que se quiebra no es una norma concreta, sino el fundamento mismo de la justicia.

Porque cuando la ley deja de proteger a todos por igual, ya no estamos ante un problema técnico o jurídico, sino ante una forma de poder que decide a quién incluye y a quién deja fuera. Y eso no es una democracia debilitada: es un poder arbitrario que se reviste de legalidad.

En el contexto actual de España, el debate sobre la legislación del aborto no solo sigue abierto, sino que se está profundizando con nuevas medidas que afectan directamente a la comprensión del derecho a la vida. No estamos ante una cuestión cerrada. Es un proceso que continúa interpelando a la sociedad en su conjunto. Entre esas medidas destaca la propuesta de blindarlo mediante su incorporación al marco constitucional, con el objetivo de garantizarlo frente a posibles cambios políticos futuros. No es un ajuste técnico: es una redefinición del alcance y la estabilidad de este “supuesto derecho” dentro del ordenamiento jurídico.

En este sentido, hay que advertir que no puede llamarse progreso ni derecho a aquello que implica la eliminación deliberada de una vida humana en sus fases más vulnerables, una afirmación que no responde a una reacción puntual, sino a una comprensión sostenida en el tiempo sobre la vida humana, su dignidad y su inviolabilidad.

Para la Iglesia, la cuestión no se reduce a un debate jurídico ni a una opción ideológica entre otras, sino que se sitúa en el núcleo de su visión del hombre, desde la cual la vida humana no es un bien disponible ni una realidad que pueda someterse a criterios de utilidad, autonomía o decisión externa, sino que, desde su inicio, posee una dignidad que no le es otorgada por la ley ni por el reconocimiento social, sino que le es propia.

Le es propia porque no se apoya en lo que el ser humano hace, tiene o alcanza, sino en lo que es. No es una cualidad añadida ni un reconocimiento concedido desde fuera, sino una condición inherente a su propia naturaleza. Por eso no aumenta ni disminuye con el desarrollo, la salud o la capacidad, ni queda a merced de la aceptación de otros. Si dependiera de esos factores, dejaría de ser dignidad para convertirse en un valor variable.

Precisamente por eso exige una protección absoluta desde una instancia ética y moral superior a cualquier ley circunstancial: si en algún momento se admite que puede ser graduada o retirada, la ley deja de reconocer derechos y pasa a otorgarlos según circunstancias políticas. Y entonces, quienes más necesitan esa protección, los no nacidos, los enfermos y los dependientes, quedan expuestos a la decisión de otros.

Esta convicción, que toda vida humana posee una dignidad inviolable desde su inicio y no puede ser objeto de disposición por parte de nadie, ha sido expresada de forma constante en el magisterio, no solo como una afirmación de fe, sino como una exigencia racional y ética para la convivencia. Cuando se acepta que la vida puede ser eliminada en determinadas condiciones, se introduce una lógica de exclusión que termina afectando a otros ámbitos. Hoy es el no nacido; mañana pueden ser otros los considerados descartables. Cuando el valor de la vida se relativiza, ninguna queda completamente a salvo.

Al mismo tiempo, esta defensa de la vida no se plantea en términos abstractos. La Iglesia reconoce la complejidad de las situaciones concretas, el sufrimiento real de muchas mujeres y los condicionamientos que pueden estar presentes. Pero precisamente por eso insiste en que la respuesta no puede consistir en eliminar una vida, sino en acompañar, sostener y ofrecer alternativas reales que hagan posible acogerla. La defensa del no nacido no es creíble si no va unida a un compromiso efectivo con la mujer, con la familia y con las condiciones que hacen viable la vida.

Desde esta perspectiva, el aborto no se presenta solo como un problema moral individual, sino como un síntoma de una cultura que ha debilitado el sentido del valor inviolable de la vida. Y aquí la responsabilidad no recae únicamente en decisiones personales, sino también en estructuras, leyes y dinámicas sociales que condicionan esas decisiones.

Se da por supuesto que determinadas leyes responden a un consenso amplio, pero esta afirmación merece ser revisada con honestidad. No todos los ciudadanos han sido directamente interpelados sobre una cuestión de tal calado, ni el voto a una opción política puede interpretarse como una adhesión total a cada una de sus decisiones. La democracia no puede convertirse en una delegación absoluta de la conciencia moral de todos los ciudadanos de un país.

El ser humano en gestación no es una hipótesis ni una construcción ideológica, sino una realidad concreta que, precisamente por su vulnerabilidad, debería ser objeto de una protección reforzada. Sin embargo, el marco político quiere introducir una fractura difícil de sostener: presentar como derecho lo aprobado mediante un procedimiento de retoque constituicional, como si ese origen bastara para otorgarle legitimidad ética.

Se habla con frecuencia de progreso, de derechos, de avances sociales. Pero el progreso auténtico no se mide solo por la capacidad de una mayoría parlamentaria para decidir, sino por la capacidad de proteger, especialmente cuando hacerlo resulta exigente. Si ese criterio se invierte, la referencia deja de ser la dignidad de la persona y pasa a ser la voluntad de la mayoría o una demanda social construida, capaz de presentar como legítimo aquello que, en realidad, resulta éticamente impresentable.

La historia lo ha demostrado con suficiente claridad: no todo lo legal es justo, ni todo lo mayoritario es moralmente aceptable. La vigencia de la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos sigue recordando que el respaldo democrático no resuelve por sí solo la cuestión ética, ni basta para convertir en justo aquello que afecta directamente a la dignidad humana y al derecho a la vida. La paradoja es evidente: el mismo sistema jurídico que reconoce ese derecho como base del orden social admite, en determinadas circunstancias, su supresión.

En este ámbito, el silencio o la relegación de determinadas voces empobrece el debate público. Son muchos los ciudadanos, profesionales y colectivos que han expresado su desacuerdo con la legislación vigente y con sus desarrollos más recientes, pero su presencia en el espacio mediático es limitada o aparece desdibujada, generando una impresión de unanimidad que no se corresponde con la realidad. Cuando determinadas posiciones quedan sistemáticamente fuera o reducidas a un papel secundario, el debate pierde pluralidad.

La cuestión no puede cerrarse en falso ni resolverse con eslóganes partidistas, ni desde la derecha ni desde la izquierda. Exige una reflexión más honda, honesta y rigurosa, éticamente fundada y capaz de afrontar con valentía lo que significa realmente proteger la vida en todas sus etapas. En ese horizonte, la Iglesia se presenta como una voz que, desde una tradición ética y antropológica sólida, insiste en la protección de toda vida humana sin excepciones, porque ahí, en el fondo, se decide si una sociedad sigue siendo justa o no.

Antonio Ramos