Sanz Montes y el cura que sigue dando misa: la impunidad canónica bajo la mitra asturiana

La verdad nos hará libres, pero primero nos incomodará profundamente. Como sacerdote, inclinarme ante el altar cuando celebro la Eucaristía es un acto de reverencia, temblor y fidelidad al Evangelio. Sin embargo, hoy el altar me quema. Me quema la conciencia al leer la durísima exclusiva que la periodista Chelo Tuya destapó el pasado 7 de octubre en las páginas de El Comercio. Bajo el titular «La Iglesia abre proceso canónico contra un sacerdote asturiano acusado de violar a una menor: "El cura que me violó sigue dando misa", asistimos al enésimo retrato de un clericalismo sistémico que prefiere camuflar lobos con piel de cordero antes que proteger a los más pequeños del rebaño.

Los hechos son desgarradores. A finales de los años 80, en una Asturias fuertemente golpeada por la crudeza de la reconversión industrial y minera, un presbítero rompió la intimidad de una familia vulnerable tras un doloroso divorcio. En medio de aquella crisis social que fracturaba hogares y dejaba desamparadas a tantas comunidades de las cuencas, este hombre se valió de su condición de «hombre de Dios» para someter a abusos continuados y violaciones a una niña desde los 11 hasta los 16 años. La víctima, hoy adulta, denunció los hechos ante la Guardia Civil en 2016, pero su reclamación topó de inmediato con el muro de la prescripción, quedando el caso archivado formalmente según los plazos que dicta el Código Penal ordinario.

La impunidad legal amparó al agresor, quien ha continuado con su vida pastoral con absoluta normalidad. Cobijado por el anonimato legal que aún le procuran los diarios para evitar querellas de honor, este clérigo fue trasladado de destino e incluso llegó a recibir homenajes públicos por parte de feligreses ajenos a su pasado. Fue precisamente ver la opulencia de estos reconocimientos en las redes sociales lo que empujó a la víctima a presentarse ante la Oficina de Protección de Menores del Arzobispado.

Aunque mi ministerio se encuadra en la Comunión Anglicana —dependiente de mi propio obispo en Madrid y, en última instancia, de la Arzobispa de Canterbury, Dame Sarah Mullally— y no formo parte de la estructura de la Iglesia católica romana, el dolor de las víctimas nos atañe a todos los que vestimos el alzacuellos. Como pastor en tierras asturianas, no puedo mirar hacia otro lado. La respuesta institucional de la jerarquía local, encarnada por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, no puede limitarse a activar protocolos fríos y burocráticos obligados por la presión de la prensa. Colectivos como la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), presidida por Ana Cuevas, o la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Asturias ya han advertido de que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la gravedad del daño causado.

Es hora de analizar la raíz legal de este despropósito. Mientras los tribunales del Estado se atan de manos por los plazos de tiempo, el Derecho Canónico de la Iglesia de Roma cuenta con herramientas que están siendo flagrantemente ignoradas por pura conveniencia política. El Código de Derecho Canónico (CDC) otorga a los ordinarios diocesanos, según el canon 1341, la potestad de iniciar procesos penales internos, y tras las reformas de la constitución apostólica Pascite Gregem Dei, la Iglesia romana tiene la obligación jurídica y moral de juzgar estos delicta graviora sin excusas, coordinándose si fuera necesario con la archidiócesis metropolitana de Santiago. Más aún, el Romano Pontífice concede habitualmente la dispensa de la prescripción para que el tribunal eclesiástico dicte sentencia. ¿Por qué Mons. Sanz Montes no ha exigido de inmediato a Roma esta medida para despojar al acusado del estado clerical de forma fulminante? Mantener a un presbítero bajo investigación celebrando sacramentos y pastoreando comunidades no es "prudencia pastoral"; es una negligencia temeraria y un insulto directo al Pueblo de Dios.

Esta escandalosa laxitud a la hora de suspender de funciones a un presunto pederasta se vuelve del todo intolerable si se analiza a la luz de las obsesiones recientes de la curia ovetense. La alarmante parsimonia con el clérigo investigado se contrapone frontalmente con el celo fulminante con el que el Arzobispado ha corrido a alertar a la prensa sobre supuestos «falsos sacerdotes» o ministros de otras confesiones que acuden a los tanatorios. Resulta un sinsentido hipócrita e ignorante de la legalidad civil: cualquier ministro de culto o pastor evangélico tiene derecho a oficiar en los tanatorios según el amparo constitucional de la libertad de credo. Otra cosa muy distinta sería intentar suplantar a un presbítero romano dentro de un templo católico, lo cual evidentemente requeriría licencias internas. Pero desatar una cacería mediática contra presuntos fraudes litúrgicos en espacios civiles, mientras se consiente que un clérigo bajo sospecha de pederastia siga alzando las manos sagradas ante el pueblo fiel en sus parroquias, delata la quiebra ética de la archidiócesis. Se persigue con urgencia mediática la pluralidad legal de un tanatorio, pero se ampara con burocracia la profanación diaria del altar..

Esta parsimonia institucional no es un hecho aislado, sino la enésima cuenta de un rosario de polémicas políticas, culturales e institucionales que abre y protagoniza prácticamente a diario desde el púlpito y los medios. Sin embargo, resulta profundamente hiriente comprobar cómo quien demuestra una hiperactividad feroz a la hora de lanzar soflamas ideológicas y juzgar la moral de la sociedad civil, arrastra los pies con semejante dejadez cuando le toca asumir la responsabilidad directa de sanar y depurar las estructuras de su propia archidiócesis.

El clericalismo romano y la sacralización del poder han desfigurado el verdadero sentido del ministerio, convirtiendo la figura del sacerdote en un ser incuestionable, un intocable elevado por encima de los hombres en lugar de un servidor de la comunidad. Se prefiere blindar la institución y proteger la indumentaria sagrada antes que sanar los cuerpos rotos de las víctimas. No podemos ampararnos en vericuetos legales para permitir que personas investigadas por pederastia sigan alzando las manos ante el pueblo fiel. El verdadero Evangelio exige apartar de inmediato de toda actividad pública a quienes están bajo sospecha canónica, por pura justicia hacia las víctimas y por la dignidad del sacerdocio de Cristo. Si la jerarquía de Oviedo prefiere la diplomacia del silencio y los comunicados de perfil bajo, sepa que el púlpito nunca, bajo ningún concepto, puede ser el escudo de la impunidad.