El abuso en la Iglesia: el problema es el poder autoritario

En la reciente nota de la Conferencia Episcopal Española, titulada «Cor ad cor loquitur», los obispos reflexionan sobre los abusos espirituales, poniendo el acento en el peligro de la manipulación de las emociones, en el riesgo del sentimentalismo religioso y en la posible manipulación afectiva dentro de determinados grupos o movimientos actuales.

Sin duda, en ciertas formas de catolicismo cool o guay, promovidas por los sectores más conservadores de la iglesia actual, se hace un uso muy problemático de técnicas de manipulación emocional, que recuerdan el estilo de las sectas o del marketing agresivo. Ahora bien, cuando se examina el problema con profundidad, emerge una conclusión incómoda: el núcleo del abuso en la Iglesia no reside directamente en la manipulación de la intensidad emocional de los fieles, sino, fundamentalmente, en la configuración autoritaria del poder.

Hace ya décadas, José María Castillo advirtió que la relación entre la Iglesia y los derechos humanos era muy ambigua y, en algunos aspectos, claramente antidemocrática y antievangélica. En su análisis recordaba un dato elocuente: de más de un centenar de convenciones y protocolos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la Santa Sede solo había suscrito apenas una decena. Se constata así el escaso compromiso jurídico formal de la Iglesia católica con un sistema universal de garantías efectivas que impida los abusos.

¿Cómo puede una institución que proclama la dignidad inviolable de la persona mostrarse reticente a asumir plenamente los instrumentos que protegen esa dignidad? La cuestión es, evidentemente, estructural y política.

El Código de Derecho Canónico establece que el Romano Pontífice posee potestad suprema, plena, inmediata y universal, y que contra sus decisiones no cabe apelación ni recurso. Prima Sedes a nemine iudicatur («La Primera Sede no es juzgada por nadie»). Desde el punto de vista político clásico, esta configuración se asemeja a lo que históricamente se ha denominado una monarquía absoluta: un régimen autoritario por excelencia, que es en sí mismo un abuso.

En una estructura así, el principio determinante no es la garantía de derechos, sino la sumisión al poder. Aunque existan declaraciones sobre los derechos de los fieles, estos quedan subordinados a decisiones frente a las cuales no hay recurso ni garantías efectivas. Y donde no hay derechos garantizados frente al poder, la conciencia se vuelve vulnerable y el abuso es generalizado y estructural.

El abuso espiritual y de conciencia no necesita necesariamente la manipulación emocional. Necesita asimetría de poder sin control. Necesita que quien ejerce autoridad lo haga en un marco en el que no exista un contrapeso real, independiente y accesible para quien se siente lesionado. Cuando un sistema funciona de modo que las decisiones pueden afectar al trabajo, al prestigio, a la misión o incluso a la estabilidad personal sin procedimientos transparentes y sin recurso efectivo, se genera un clima de inseguridad estructural. En ese clima prosperan el miedo, la autocensura y el silencio. En definitiva, el abuso en todas sus formas.

En la Iglesia se reconocen algunos derechos, pero siempre condicionados y supeditados a los intereses de la estructura jerárquica. Esa subordinación tiene consecuencias culturales. Quien aspira a permanecer en su puesto o a asumir nuevas responsabilidades sabe que todo depende, en última instancia, de una autoridad sin apelación; por ello tenderá a evitar el conflicto, a no incomodar, a no disentir. La obediencia deja de ser una virtud evangélica y se convierte en una manipulación de la conciencia al servicio de una estrategia de supervivencia institucional. En ese contexto, la libertad interior se debilita y al abuso se facilita.

El problema se agrava cuando la autoridad no es solo administrativa, sino sacralizada. La decisión no se percibe simplemente como un acto de gobierno, sino como mediación de la verdad revelada. En 1990, la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó en la instrucción Donum Veritatis que no se puede apelar a los derechos humanos para oponerse a las intervenciones del Magisterio, porque la Iglesia ha recibido la misión de anunciar la verdad. La afirmación plantea una cuestión decisiva: si la verdad se sitúa por encima de los derechos universalmente reconocidos, ¿qué espacio queda para la defensa de la conciencia cuando entra en conflicto con la interpretación oficial?

Durante siglos se justificaron sanciones severas e incluso castigos corporales en nombre de la defensa de la verdad. Hoy nadie defiende tales métodos, pero el principio de fondo —la primacía absoluta de la verdad institucional sobre los derechos personales— sigue formulado en términos que suscitan interrogantes. Cuando la verdad se protege sacrificando garantías, el terreno para el abuso queda preparado.

Jesús formuló una pregunta radical en la sinagoga, según el Evangelio de Marcos: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? La tensión entre norma religiosa y vida concreta aparece allí con nitidez. El conflicto fundamental es el que se da entre una institución que antepone dogmas, normas o ritos a la vida de las personas y el Evangelio, que sitúa la vida en el centro.

Si lo primero es la vida y la dignidad de las personas, la Iglesia solo es auténtica cuando está a su servicio. Cuando la institución se protege a sí misma, cuando prioriza su autoridad, su cohesión o su control frente a la protección efectiva de los derechos de sus miembros, la distancia con el Evangelio se ensancha.

En este contexto, centrar el debate sobre el abuso en la manipulación de la emotividad resulta insuficiente como poco, cuando no, manipulador. No constituye el origen estructural del problema. El origen está en la arquitectura del poder, en la ausencia de garantías equivalentes a las que la propia Iglesia reclama para el mundo civil, en la dificultad de apelar, de recurrir, de cuestionar sin exponerse a consecuencias graves.

Una institución que se presenta como referente moral necesita preguntarse con honestidad si su modelo interno de gobierno protege de manera efectiva la conciencia de cada fiel. La credibilidad no depende solo de los discursos sobre derechos humanos en foros internacionales; depende de cómo se ejercen el poder y la autoridad en la vida cotidiana de la Iglesia. Y en este punto resultan evidentes las carencias.

El abuso espiritual florece allí donde la conciencia no tiene defensa real frente al poder. Mientras esta cuestión no se afronte con valentía, cualquier análisis que se limite a las emociones será parcial. El problema se da en el poder, pues cuando no encuentra límites claros, tiende a imponerse. Y entonces el abuso deja de ser un hecho puntual para convertirse en una posibilidad estructural propia de toda organización autoritaria, también cuando esta adopta forma eclesial.