La historia enseña verdades que, aunque incómodas, siguen resonando hoy. Durante los siglos de esclavitud en el Caribe, miles de africanos fueron arrancados de sus tierras y llevados a Cuba para trabajar en plantaciones de azúcar y tabaco. No eran considerados personas con dignidad, sino mano de obra necesaria e indispensable, piezas funcionales para sostener la riqueza de otros. Su valor dependía exclusivamente de su utilidad. Su humanidad era secundaria.

Sin comparar directamente realidades tan distintas, esa misma lógica de reducir al ser humano a su función económica reapareció recientemente en Madrid. Durante un pleno de la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso reprochó a Vox su estrategia migratoria, advirtiendo que una política basada en el rechazo generaría un “efecto expulsión”. Fue entonces cuando afirmó que “alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos de las viviendas”. Al formularlo así —como si la presencia del inmigrante se justificara únicamente por su utilidad laboral— no se reconocen vidas, luchas ni derechos: se habla de herramientas, no de personas. Esa mentalidad, tan antigua como injusta, es la que vuelve a desplegarse hoy en el discurso de Ayuso.

Las palabras importan. Importan cuando construyen y cuando destruyen, cuando levantan puentes o cuando levantan muros. En el caso de la Presidenta madrileña, sus recientes declaraciones sobre inmigración evidencian una forma de gobernar que, lejos de asumir la dignidad humana, instrumentaliza al más vulnerable. Aunque presente esas frases como realistas, lo que realmente revelan es una visión profundamente utilitarista y clasista: los inmigrantes reducidos a mano de obra barata, convertidos en engranajes prescindibles para sostener el bienestar de otros. Esa mirada no reconoce personas, solo funciones; y cuando se niega la humanidad, se niega la dignidad.

Desde una perspectiva evangélica —recordando que “lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis”— este tipo de discurso supone un conflicto moral profundo. El inmigrante no debe ser visto como un recurso, sino como un hermano. Pero el relato que emana de Ayuso, atravesado por una retórica de conveniencia, va en sentido contrario: falta de empatía, justicia y humanidad.

Las contradicciones en su discurso no son nuevas. En otros momentos insinuó que los contagios por enfermedades provenían del “sur” o ligó la delincuencia sexual a colectivos inmigrantes, reforzando estereotipos sin fundamento. Este patrón revela una constante: culpabilizar a los vulnerables cuando interesa y desviar la atención cuando corresponde asumir responsabilidad. La inmigración aparece como amenaza o herramienta según el día, el interés o el clima mediático. No hay coherencia: hay estrategia.

Mientras tanto, la gestión real en Madrid evidencia un deterioro continuo de los servicios esenciales. La sanidad pública vive un déficit estructural grave: Atención Primaria saturada, profesionales exhaustos, centros con plantillas insuficientes y una red de urgencias extrahospitalarias sometida a improvisaciones políticas que han generado caos y desconfianza. A ello se suma una clara apuesta por la privatización progresiva de los sevicios, debilitando lo público para impulsar lo privado en una región donde la inversión sanitaria por habitante resulta insuficiente para garantizar la atención digna que merece la ciudadanía. Desde una ética evangélica, la salud es un derecho, no un privilegio, y no se puede servir a dos señores: o se sirve al bien común o se sirve a los intereses de unos pocos.

Mientras se recorta, se externaliza y se desatiende lo público, el discurso político se centra en los inmigrantes como causa indirecta de la falta de vivienda, de la competencia laboral o de la presión social. Pero esa acusación es una cortina de humo, una forma de distraer a la población de problemas estructurales que la propia Comunidad no afronta: la vivienda inaccesible, la desigualdad creciente, los salarios que no alcanzan y la precariedad en barrios enteros. Es más fácil señalar hacia abajo que gestionar hacia arriba.

Las contradicciones tampoco acaban en las políticas públicas. El clima de tensión mediática y política se intensificó cuando su pareja, Alberto González Amador, realizó ante los tribunales una declaración en la que se presentó a sí mismo como una víctima afirmando que “o me voy de España o me suicido”. Aunque él no forma parte del equipo político de Ayuso ni ocupa cargo público alguno, su situación tuvo eco político debido a su relación con la Presidenta y la defensa que esta ha venido realizando de su pareja el señor González Amador del que todos conocemos sus múltiples tropelías. Ante sus palabras, el presidente del tribunal le respondió con serenidad: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas. En todo caso, hable con su abogado.” La escena reflejó un ambiente emocional desbordado que, pese a no ser responsabilidad directa de Ayuso, incide inevitablemente en la percepción pública de su liderazgo.

A ello se suman polémicas sobre patrimonio, privilegios y estilo de vida —como su ático de lujo o las controversias fiscales y contractuales que rodean a su entorno— que, sin necesidad de entrar en lo estrictamente privado, evidencian una profunda disonancia ética. Ayuso exige austeridad, transparencia y rectitud, pero su propio círculo se mueve entre sombras que contradicen ese discurso.

El Evangelio recuerda que “por sus frutos los conoceréis”. Y los frutos de esta forma de gobernar son claros: división, desconfianza, polarización, privatización de lo público, abandono del débil. Se presume libertad, pero no se garantiza igualdad; se presume diversidad, pero se excluye simbólicamente al que llega de fuera; se presume prosperidad, pero se deja que lo común se deteriore.

Madrid merece otra cosa. Merece una política que no reduzca al inmigrante a una herramienta, que no utilice el miedo como estrategia, que no convierta su sistema sanitario en un negocio y que no excuse las sombras del entorno personal bajo el ruido mediático. Madrid merece dirigentes que recuerden que gobernar es servir, no atacar; que el poder exige coherencia, no espectáculo; que la responsabilidad moral pesa más que el eslogan.

Porque al final, las palabras que pronunciamos —y las vidas que tocamos— importan más que cualquier discurso. Y el Evangelio lo deja claro: la grandeza no se mide por el poder, sino por la capacidad de cuidar.