Todavía no sabemos nada. Solo sabemos que el Papa está informado de la acusación por abusos sexuales contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y que probablemente aceptará su renuncia en algún momento. Pero no hay fechas, no hay procedimientos anunciados, no hay claridad. La diócesis sigue en la espera, suspendida entre la incertidumbre y el dolor. Es un ejemplo perfecto de cómo la jerarquía eclesial decide primero y comunica después, si es que alguna vez comunica.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó tras reunirse con León XIV: «Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia». Sus palabras, más que aclarar, subrayan la distancia entre lo que se decide en Roma y lo que conocen los fieles: una transparencia parcial, tibia y completamente insuficiente. La frase “quizás pudiera ser aceptada próximamente” suena a evasiva, un recurso para dar sensación de movimiento sin asumir compromiso real.

Este silencio no es nuevo en Cádiz. Durante años, sacerdotes y laicos enviaron cartas a Roma denunciando irregularidades y abusos de poder, pero ninguna de esas cartas recibió respuesta. Nadie en la jerarquía dio señales de escucha, nadie intervino para detener la escalada de conflictos internos. La diócesis sufrió consecuencias directas: decisiones autoritarias, despidos, traslados forzosos y un clima de miedo que erosionó la confianza en la Iglesia. Frente a esto, el Evangelio dice claramente: “El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor” (Mateo 20:26). Lo que ocurrió en Cádiz está lejos de ese mandato.

Entre los más afectados está el sacerdote Rafael Vez, ex párroco de Conil. Sus críticas sobre la gestión del obispado, la presión sobre familias y comunidades y los abusos de poder lo convirtieron en blanco de represalias. En 2020, Zornoza suspendió cautelarmente a Rafael Vez del ministerio sacerdotal, retirándole la capacidad de celebrar misa y administrar sacramentos, y le pidió que abandonara la casa parroquial. Rafael se negó a marcharse, alegando que la suspensión era injusta y que se le trataba con dureza innecesaria.

El conflicto escaló con un proceso canónico abierto en su contra. La Santa Sede respaldó la amonestación dictada por Zornoza, y Rafael Vez denunció públicamente que las “soluciones” que le ofrecían equivalían a castigos encubiertos: propuestas para retirarse años a un monasterio que él calificó como humillantes y arbitrarias. Durante la pandemia, su situación empeoró: fue destinado como capellán a un hospital pese a sus problemas cardíacos, lo que él consideró un acto inhumano y negligente, expuesto a riesgos innecesarios y sin acompañamiento de la diócesis. El Evangelio recuerda que “lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mateo 25:40) y, sin embargo, la atención pastoral a quien servía quedó ausente.

Rafael Vez también recurrió a los tribunales civiles y eclesiásticos. Presentó querellas y denuncias, pero los procesos avanzaron lentamente. La Audiencia de Cádiz declaró su querella inadmisible, aunque reconoció que el obispo había actuado “en derecho” al imponer la suspensión. Esa resolución judicial no calmó a los fieles críticos, sino que reforzó la impresión de que la jerarquía protege a quienes ejercen el poder y castiga a quienes cuestionan. Una Iglesia que actúa así se aleja de la enseñanza de Jesús sobre la justicia y la misericordia.

Mientras tanto, las acusaciones contra Zornoza por abusos sexuales presuntamente cometidos décadas atrás ponen de relieve el modelo vertical y opaco de la Iglesia: decisiones que afectan vidas enteras se toman en silencio, la información se filtra con cuentagotas y los fieles viven en la incertidumbre. En Cádiz, los abusos de poder, la falta de transparencia y el castigo a quienes denuncian han dejado cicatrices profundas. La historia de Rafael Vez no es solo un caso aislado: es la evidencia de cómo un sacerdote valiente puede ser marginado y silenciado mientras la institución protege su imagen antes que la justicia. Jesús enseñó que “la verdad os hará libres” (Juan 8:32), y aquí, la verdad ha sido silenciada.

Ahora, con la renuncia de Zornoza posiblemente a punto de aceptarse, la comunidad se enfrenta a un dilema histórico: ¿bastará con un cambio de nombres para sanar las heridas, o hará falta algo más profundo, una reforma que devuelva dignidad, claridad y justicia a una diócesis que lleva demasiado tiempo viviendo entre el miedo y el silencio? Mientras tanto, Cádiz sigue esperando, y el silencio de Roma pesa más que nunca sobre los fieles que no han recibido respuesta a sus denuncias y que han visto cómo el poder decide, pero no escucha.

La Iglesia nació como comunidad de principios: humildad, servicio, verdad y cercanía con los más pequeños. Pero décadas de estructuras piramidales, silencios y jerarquías cerradas han transformado ese ideal en una maquinaria de poder que aparta decisiones hacia arriba, ignora voces críticas y protege intereses propios. En muchas diócesis, los principios han quedado relegados ante la ambición y la conservación de la imagen institucional, y los fieles se enfrentan a una realidad donde la ética evangélica es muchas veces letra muerta frente a la preeminencia del poder. Cádiz es el reflejo más doloroso de esa degeneración.