¡Que se callen hasta después de las elecciones! La caridad cristiana no cabe en la motosierra de las pensiones

un programa electoral. Cuando Eduardo Inda reclama en Horizonte que el PP se calle con las pensiones hasta después del 29 de noviembre, porque es un asunto sensible que afecta a millones de personas y sus familias, surge una pregunta inquietante: ¿desde cuándo la verdad debe esperar a que se cierren las urnas?

La portavoz popular, Ester Muñoz, ha afirmado que el sistema actual «va a petar» y ha defendido la necesidad de cambiarlo. Después, ha matizado que su partido nunca ha planteado impedir la revalorización de las prestaciones públicas. Feijóo, por su parte, ha asegurado que las pensiones subirán conforme al IPC si gobierna. Pero las declaraciones no despejan todas las dudas. ¿Qué reformas propone el PP y qué consecuencias tendrían para quienes viven de su jubilación? Los ciudadanos tienen derecho a saberlo antes de votar, no después.

No se trata de negar que el sistema público afronte desafíos demográficos y financieros. Se trata de exigir transparencia. Si hacen falta reformas, deben explicarse; si implican sacrificios, hay que decir quién los asumirá. La democracia no consiste en administrar silencios hasta conseguir el poder, sino en ofrecer a la ciudadanía información suficiente para decidir libremente.

Aristóteles concebía la política como una actividad al servicio del bien común. Hannah Arendt, por su parte, analizó cómo la mentira puede corromper la vida pública y destruir la confianza de los ciudadanos. ¿Qué nombre merece, entonces, pedir a un partido que calle sobre las pensiones hasta después de las elecciones para evitar perder votos? Engaño electoral. Cuando se pretende aplazar la verdad hasta haber conquistado el poder, no se está protegiendo a los ciudadanos, sino privándolos deliberadamente de la información que necesitan para decidir su futuro. Quien oculta a los electores sus verdaderas intenciones para obtener su voto no respeta su libertad: se aprovecha de ella. Y eso constituye una quiebra de la honestidad democrática, porque ningún proyecto político que aspire a gobernar en nombre del bien común puede justificar que se oculte a la ciudadanía aquello que afecta directamente a sus derechos.

Desde la doctrina social de la Iglesia, el debate tiene una dimensión moral ineludible. La dignidad humana, la solidaridad y el bien común no son adornos para los discursos religiosos, sino principios que deben orientar las decisiones económicas y políticas. El bienestar de una sociedad no puede medirse exclusivamente por sus cuentas públicas o sus indicadores de rentabilidad, sino también por la protección que ofrece a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Las pensiones públicas representan una conquista colectiva. El sistema de reparto expresa la solidaridad entre generaciones: las cotizaciones de quienes trabajan contribuyen a financiar las prestaciones de quienes ya se han jubilado. El sistema público de pensiones no es una carga de la que haya que desprenderse, sino un derecho conquistado por generaciones de trabajadores y una obligación de justicia que el Estado debe garantizar. Presentarlo como un modelo condenado al fracaso es una manera de preparar a la opinión pública para aceptar lo que, de otro modo, rechazaría: el debilitamiento de la protección social y el traslado de responsabilidades colectivas a cada individuo. Las pensiones no son una limosna, ni un privilegio, ni una concesión de los gobiernos: son salario diferido, dignidad y justicia social. Quienes han levantado este país con su trabajo no pueden convertirse ahora en las víctimas de una política económica que antepone los intereses financieros a los derechos de las personas. La respuesta al desafío de garantizar jubilaciones dignas no puede ser acostumbrar a la sociedad a que sus mayores vivan con menos, sino defender con determinación la solidaridad entre generaciones y el carácter público de las pensiones.

¡La sociedad del bienestar no ha caído del cielo! Es fruto de décadas de esfuerzo, cotizaciones, impuestos, negociación y solidaridad. Defenderla no significa negar sus problemas, sino resolverlos sin convertir a los pensionistas en víctimas de ajustes decididos a sus espaldas.

Frente a él, los sistemas de capitalización individual vinculan las prestaciones, en mayor medida, al ahorro acumulado y a los rendimientos de las inversiones. No están exentos de riesgos financieros ni garantizan por sí solos pensiones suficientes. La experiencia chilena, donde la dictadura de Pinochet implantó un sistema de capitalización obligatoria, constituye una advertencia sobre las desigualdades que pueden aparecer cuando la protección depende demasiado de las trayectorias laborales y de los mercados. Reformar no significa necesariamente recortar, pero tampoco toda privatización equivale a progreso.

La subsidiariedad, otro principio de la doctrina social católica, tampoco debe confundirse con el abandono de las responsabilidades públicas. Respetar la iniciativa individual y social no significa dejar desprotegidos a quienes carecen de recursos suficientes. Una sociedad verdaderamente solidaria reconoce que no todos han disfrutado de los mismos salarios, oportunidades laborales o posibilidades de ahorro.

Por eso, antes de atribuir a las derechas una intención definitiva de desmantelar las pensiones, corresponde examinar sus propuestas concretas. Pero también corresponde preguntarles si pretenden sustituir parte de la protección colectiva por mecanismos que trasladen más riesgos a cada trabajador. Quien propone cambiar un derecho social debe explicar con honestidad quién gana, quién pierde y qué garantías ofrece.

¡La sociedad del bienestar no ha caído del cielo! Es fruto de décadas de esfuerzo, cotizaciones, impuestos, negociación y solidaridad. Defenderla no significa negar sus problemas, sino resolverlos sin convertir a los pensionistas en víctimas de ajustes decididos a sus espaldas.

Pedir silencio hasta después de votar no es una política social: es una renuncia a la transparencia. Para quienes dicen inspirarse en el Evangelio, la solidaridad no consiste en tranquilizar a los vulnerables mientras se decide su futuro a sus espaldas. Consiste en reconocer su dignidad, respetar su derecho a conocer la verdad y garantizar que ninguna persona sea tratada como una cifra prescindible en la contabilidad del poder.

El papa Francisco lo expresa con claridad en Fratelli Tutti, especialmente en sus puntos 155 y 187: la política traiciona su razón de ser cuando olvida a los más vulnerables y deja de ponerlos en el centro de sus preocupaciones. No hay bien común cuando se sacrifica la seguridad de los mayores en nombre de intereses económicos, ni hay verdadera política cuando el cálculo electoral pesa más que la dignidad de las personas. La doctrina social de la Iglesia no permite convertir a los pensionistas en daños colaterales de ninguna estrategia económica ni electoral: exige que la sociedad proteja a quienes más necesitan de la solidaridad colectiva.

La política debería ser el lugar donde se afrontan los problemas con verdad, responsabilidad y voluntad de justicia. No un escenario en el que se ocultan las consecuencias de las decisiones hasta que resulte electoralmente conveniente revelarlas.

Si hay que reformar las pensiones, que se explique ahora. Si existen riesgos para su sostenibilidad, que se presenten datos y alternativas. Y si se prometen garantías, que se concreten.

Pedir silencio hasta después de votar no es una política social: es una renuncia a la transparencia. Para quienes dicen inspirarse en el Evangelio, la solidaridad no consiste en tranquilizar a los vulnerables mientras se decide su futuro a sus espaldas. Consiste en reconocer su dignidad, respetar su derecho a conocer la verdad y garantizar que ninguna persona sea tratada como una cifra prescindible en la contabilidad del poder.