Carta abierta a Alberto Núñez Feijóo: cuando el pobre tiene que pagar hasta por enfermar

Señor Núñez Feijóo:

Hay declaraciones que revelan mucho más que una propuesta política: muestran una manera de entender la sociedad y de tratar a quienes necesitan protección. Una de ellas fue su propuesta de estudiar el cobro a los pacientes hospitalizados por la comida, la cama o las duchas, comparando aquella estancia con una «pensión completa».

Pero un hospital no es un hotel, un enfermo no es un turista y la enfermedad no es un lujo. Quien ingresa necesita cuidados, no unas vacaciones. ¿De verdad considera razonable que una persona tenga que pagar un suplemento por comer, asearse o disponer de una cama mientras está hospitalizada? ¿También habrá que cobrarle por necesitar ayuda para levantarse? La dignidad humana no es un servicio adicional y la enfermedad no puede convertirse en una oportunidad recaudatoria.

Desde la Doctrina Social de la Iglesia, esta manera de plantear las cosas resulta especialmente preocupante. El bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes obligan a poner la economía al servicio de las personas, especialmente de las más vulnerables. Una sociedad se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse, no por cuánto consigue ahorrar a costa de ellos.

Hay declaraciones que revelan mucho más que una propuesta política: muestran una manera de entender la sociedad y de tratar a quienes necesitan protección. Una de ellas fue su propuesta de estudiar el cobro a los pacientes hospitalizados por la comida, la cama o las duchas, comparando aquella estancia con una «pensión completa».

Esta concepción de la protección social también merece examinarse a la luz de lo sucedido con la RISGA durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia. En mi artículo «De la RISGA gallega al futuro del IMV» recogí demoras, denegaciones y obstáculos burocráticos que dificultaban el acceso a las ayudas. Denuncié que se computasen ingresos de familiares que no necesariamente podían sostener a quienes solicitaban la prestación, mientras algunas personas tenían que acudir a Cáritas para conseguir alimentos y productos básicos.

Mientras la Administración discutía expedientes, había personas que no tenían qué poner en la mesa. ¿De qué sirve reconocer un derecho si después se construye una muralla burocrática para impedir que llegue a quien lo necesita? La pobreza no es un delito y pedir ayuda no debería convertirse en una humillación.

Ahora vuelve la incertidumbre. Usted ha anunciado que, si llega al Gobierno, sustituirá el Ingreso Mínimo Vital y los diferentes subsidios por una nueva prestación denominada «Renta de Activación». Sin embargo, quedan cuestiones fundamentales por concretar. Y quienes viven en situación de pobreza no pueden permanecer suspendidos entre anuncios electorales, esperando a conocer qué será de la ayuda que les permite sobrevivir.

Quien aspira a gobernar no puede pedir un cheque en blanco para explicar después qué piensa hacer con los derechos de la ciudadanía.

¿Qué ocurrirá con quienes ya reciben el IMV? ¿Tendrán garantizada la continuidad o deberán volver a solicitarlo y demostrar otra vez su situación? ¿Se endurecerán los requisitos? ¿Qué cuantías recibirán las familias? ¿Qué protección tendrán quienes no puedan incorporarse al mercado laboral? No estamos hablando de cambiar nombres en un documento administrativo, sino de personas que pueden quedarse sin ingresos para cubrir sus necesidades más básicas.

Hay, además, una cuestión que no puede quedar escondida en la letra pequeña: ¿se mantendrá la gratuidad de los medicamentos para las personas sin recursos que actualmente están exentas de aportación farmacéutica por ser beneficiarias del IMV? Hablamos de personas que necesitan tratamientos, muchas veces crónicos, y que no pueden elegir entre comprar sus medicamentos o llenar la nevera. Una reforma que elimine protecciones sin garantizar otras equivalentes no será una modernización, sino un retroceso.

También conviene recordar el episodio de las pensiones, cuando se le pidió que no anticipara determinadas cuestiones y esperase a después de la campaña electoral para abordarlas. Los pensionistas tienen derecho a conocer qué se propone para su futuro, sin quedar pendientes de los tiempos y las conveniencias de la comunicación política. Quien aspira a gobernar no puede pedir un cheque en blanco para explicar después qué piensa hacer con los derechos de la ciudadanía.

Hay, además, una cuestión que no puede quedar escondida en la letra pequeña: ¿se mantendrá la gratuidad de los medicamentos para las personas sin recursos que actualmente están exentas de aportación farmacéutica por ser beneficiarias del IMV? Hablamos de personas que necesitan tratamientos, muchas veces crónicos, y que no pueden elegir entre comprar sus medicamentos o llenar la nevera. Una reforma que elimine protecciones sin garantizar otras equivalentes no será una modernización, sino un retroceso.

Y hay algo más que preocupa: la dirección política que parecen señalar algunas de sus propuestas. Cada vez resulta más difícil distinguir entre una política de recortes presentada con lenguaje moderado y los planteamientos de quienes cuestionan buena parte de nuestro sistema de protección social. Cuando se pone bajo sospecha la solidaridad colectiva, se endurece el acceso a las prestaciones y se presenta el gasto social como un problema, el resultado puede acercarse peligrosamente a las posiciones de Vox. Los recortes no dejan de ser recortes porque se disfracen de eficiencia o racionalización. Los derechos sociales son conquistas democráticas que han costado décadas de esfuerzo y solidaridad, no privilegios que un Gobierno pueda retirar a conveniencia.

Aquí conviene volver al Evangelio. En Mateo 25, Jesús no pregunta al hambriento por sus antecedentes administrativos ni presenta una factura al enfermo: «Estuve enfermo y me visitasteis». En la parábola del buen samaritano, el prójimo no es una carga económica, sino alguien cuya necesidad nos compromete. La opción preferencial por los pobres no consiste en pronunciar discursos sobre la familia y los valores, sino en garantizar que nadie quede abandonado cuando más necesita ayuda. La solidaridad no es una limosna: es una exigencia de justicia.

Los derechos sociales no son un regalo de los políticos. Son conquistas de la ciudadanía, y nadie debería arrogarse el derecho de arrebatárselos a quienes más los necesitan.  

Señor Feijóo, puede defender sus reformas y discutir las prioridades presupuestarias, pero tiene la obligación de explicar qué derechos piensa mantener y qué garantías ofrecerá a quienes dependen de estas prestaciones. No basta con prometer una nueva arquitectura de ayudas si no garantiza que nadie perderá la que hoy le permite sobrevivir. Tampoco se puede hablar de empleo olvidando a quienes no pueden trabajar, ni de eficiencia mientras se deja a los más vulnerables atrapados en una burocracia interminable.

La pregunta es sencilla: ¿qué clase de sociedad pretende construir? ¿Una en la que los derechos protegen a las personas o una en la que las personas tienen que demostrar constantemente que merecen conservar sus derechos?

Porque la dignidad no admite copagos, la enfermedad no puede convertirse en un negocio y el hambre no puede esperar a que termine una campaña electoral.

Los derechos sociales no son un regalo de los políticos. Son conquistas de la ciudadanía, y nadie debería arrogarse el derecho de arrebatárselos a quienes más los necesitan.