Cayetana Álvarez de Toledo y la aristocracia del sacrificio ajeno: cuando la penitencia la pagan los de siempre
Cayetana Álvarez de Toledo nos invita a sacrificar vacaciones, festivos y hasta la vida por la patria; qué conmovedora generosidad la de quienes reparten sacrificios sin poner jamás sus privilegios en la mesa.
Con Feijóo al timón y Tellado preparando el envoltorio electoral, la austeridad promete convertirse en una virtud cristiana, siempre que la penitencia la paguen los de siempre y el incienso no llegue a los salones nobles.
Hay gente que nace con estrella y gente que nace con marquesado; y luego está Cayetana Álvarez de Toledo, que parece haber recibido ambas cosas junto con un manual de instrucciones para explicar a los demás cómo deben sacrificarse por el bien común. Su última reflexión sobre si estamos dispuestos a renunciar a las vacaciones, los festivos o incluso la vida merece figurar en los anales de la pedagogía social: pocas veces se ha explicado con tanta elegancia la necesidad de que los ciudadanos se aprieten el cinturón sin aclarar quién va a aflojarse el suyo. Uno podría imaginar que, antes de recomendar semejantes penitencias nacionales, alguien propondría empezar por los privilegios, las comodidades o las prebendas de quienes pronuncian estos discursos. Pero no: el sacrificio, como la caridad, parece tener una dirección preferente, siempre hacia abajo. La marquesa nos invita a preparar el equipaje de nuestras renuncias, aunque todavía no ha aclarado si piensa acompañarnos o si, por razones de protocolo, observará la procesión desde el balcón.
La diputada parece convencida de que la democracia se defiende mejor cuando los ciudadanos renuncian a derechos que costó décadas conquistar. Menos vacaciones, menos tiempo libre, menos gasto social: todo sea por la seguridad nacional y por esa libertad que, según parece, necesita que los trabajadores vivan mucho peor para que los discursos de sus representantes suenen mucho mejor. Lo fascinante es la facilidad con la que algunos convierten las privaciones ajenas en virtudes cívicas. Cuando el sacrificio lo soporta una familia que no llega a fin de mes, se llama responsabilidad. Cuando amenaza con alcanzar los privilegios de quienes predican, entonces recibe nombres mucho menos edificantes.
Feijóo, por su parte, no puede presentarse como un espectador inocente de esta pedagogía del sacrificio. Si aspira a dirigir el país, debe explicar con claridad qué modelo de sanidad, pensiones y protección social propone, qué partidas piensa reducir y quién pagará la factura. No basta con invocar la seguridad, la libertad o la defensa de España como si fueran palabras mágicas capaces de convertir cualquier recorte en una obligación patriótica. La ciudadanía tiene derecho a saber si la promesa de un país más eficiente significa mejores servicios públicos o simplemente menos servicios para quienes no pueden pagárselos por su cuenta.
La ciudadanía tiene derecho a saber si la promesa de un país más eficiente significa mejores servicios públicos o simplemente menos servicios para quienes no pueden pagárselos por su cuenta.
Y ahí aparece Miguel Tellado, señalado como responsable de la estrategia de campaña del PP, otro protagonista fundamental de esta operación política. Si le corresponde coordinar el mensaje electoral, tendrá que encontrar la manera de explicar una contradicción nada pequeña: cómo se puede hablar de defender a los españoles mientras se plantea que sean precisamente ellos quienes asuman las renuncias. La comunicación política puede envolver las malas noticias en papel de regalo, pero no consigue que una reducción de prestaciones se convierta, por arte de eslogan, en una mejora del bienestar. Por mucho que se repita la palabra libertad, una persona que no puede pagar una consulta privada no se sentirá más libre porque le expliquen que debe sacrificarse por la patria.
Además, España ya conoce las consecuencias de las políticas de austeridad aplicadas durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Los recortes y las restricciones presupuestarias afectaron a servicios públicos esenciales, mientras la crisis económica servía de justificación para exigir paciencia a quienes menos capacidad tenían para soportarla. La sanidad pública, la educación y la protección social sufrieron tensiones que no desaparecieron con las ruedas de prensa ni con las apelaciones a la responsabilidad. Conviene recordar que las decisiones presupuestarias deben examinarse en su contexto económico, pero también que las crisis no reparten sus consecuencias de manera equitativa. Quien puede acudir a la medicina privada vive el deterioro de la sanidad pública de una forma muy distinta a quien depende exclusivamente de ella.
El capítulo de las pensiones merece un altar propio. Para millones de personas, no son una concesión piadosa del Estado ni una limosna de turno, sino el fruto sagrado de toda una vida de trabajo y cotizaciones. Presentarlas como una partida susceptible de sacrificio, sin ofrecer alternativas ni garantizar el amparo de quienes dependen exclusivamente de ellas, es una forma bastante peculiar de honrar a nuestros mayores. Casi se diría que, tras exigirles austeridad, solo falta entregarles una estampa patriótica y recomendarles rezar para que la inflación se muestre misericordiosa.
Todo esto adquiere un tono todavía más solemne cuando procede de quienes exhiben credenciales católicas o apelan a los valores cristianos. El Evangelio contiene abundantes referencias a la compasión, la justicia y la atención a los pobres. No parece tan sencillo encontrar en él una invitación a recortar prestaciones sociales mientras se explica a los necesitados que su sufrimiento constituye una oportunidad para fortalecer el carácter nacional. La doctrina social de la Iglesia tampoco convierte la protección de los vulnerables en un capricho prescindible. Quizá convendría releerla antes de convertir el presupuesto público en un vía crucis cuyos penitentes son siempre los mismos.
Por supuesto, tampoco puede el PP presentarse como juez moral incontestable cuando su propia historia incluye escándalos de corrupción que han erosionado gravemente su credibilidad. Los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica y Taula…, entre otros, forman parte de un historial judicial y político que obliga a distinguir responsabilidades y resoluciones concretas, pero que impide despachar cualquier crítica con un dedo acusador dirigido hacia el adversario. La corrupción no convierte en inocente a nadie, ni los errores de un partido absuelven los del otro. Precisamente por eso, quienes reclaman ejemplaridad deben empezar por practicarla y aceptar las preguntas incómodas sobre su propia trayectoria.
Por supuesto, tampoco puede el PP presentarse como juez moral incontestable cuando su propia historia incluye escándalos de corrupción que han erosionado gravemente su credibilidad. Los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica y Taula…,
La ironía definitiva es que quienes más hablan de sacrificio suelen reservarse el papel de sacerdotes de la ceremonia, nunca el de víctimas. Feijóo aspira a dirigir el país; Tellado deberá ayudarle a vender su proyecto, y Cayetana podría convertirse en una de sus principales voces. Entre los tres tendrán que explicar a los ciudadanos qué España quieren construir y cuánto costará. Pero sería conveniente que empezaran por una pregunta mucho más sencilla que la de la diputada: ¿qué están dispuestos a sacrificar ellos, en términos de privilegios, comodidad y responsabilidad política?
Porque la democracia exige esfuerzos colectivos, sí, pero no consiste en pedirle al que menos tiene que entregue todavía más. Y si la defensa de España necesita que un pensionista renuncie a una atención sanitaria digna, que una familia pierda protección social o que un trabajador entregue sus vacaciones, quizá el problema no sea la falta de sacrificio de los ciudadanos, sino la pobreza moral de quienes pretenden administrárselo.
La patria, al parecer, necesita penitentes. Lo que todavía no han explicado sus predicadores de la austeridad es por qué nunca parecen ser ellos quienes deben hacer penitencia.