Cuando la derecha teme perder, empieza a poner en duda las urnas

Hay algo profundamente preocupante en la política cuando quienes aspiran a gobernar empiezan a insinuar que las reglas del juego no son fiables antes siquiera de que se celebre el partido. Sembrar dudas sobre las elecciones sin aportar pruebas no es una simple estrategia de campaña: es una manera de erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia. Y cuando ese discurso procede de dirigentes con una enorme capacidad de influencia, como Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, sus consecuencias no deberían tomarse a la ligera.

Por supuesto, cualquier político tiene derecho a criticar al Gobierno, a cuestionar una decisión administrativa o a exigir que el proceso electoral cuente con todas las garantías. Eso forma parte de una democracia sana y nadie debería discutirlo. El problema aparece cuando se pasa de denunciar hechos concretos y demostrables a insinuar que el propio sistema electoral puede estar bajo sospecha, porque una cosa es reclamar controles y transparencia y otra muy diferente convencer a los ciudadanos de que las urnas quizá estén manipuladas si el resultado no coincide con las expectativas de determinados partidos.

Ese terreno no es nuevo. Desde hace años forma parte de la estrategia política de una parte de la derecha internacional y el ejemplo más conocido es Donald Trump, cuya retórica convirtió su derrota electoral en una sospecha permanente y alimentó entre millones de seguidores la convicción de que un resultado adverso no podía ser legítimo. Cuando un líder político consigue que sus seguidores crean que solo son válidas las elecciones que él gana, lo que está en peligro ya no es una candidatura concreta, sino la propia confianza en el sistema.

Lo inquietante es que ese mismo guion empiece a resultar reconocible también en España.

Las declaraciones de Abascal cuestionando la confianza en lo que pueda hacer el Gobierno y poniendo el foco sobre el voto por correo se sitúan en un terreno especialmente delicado. Exigir que el voto postal tenga todas las garantías es perfectamente legítimo; insinuar, sin presentar pruebas, que detrás de ese procedimiento puede existir una operación de fraude electoral es otra cosa. Y la diferencia no es menor, porque cuando se introduce la sospecha antes de conocer el resultado se está preparando también el relato que podría utilizarse después para explicar una eventual derrota.

El mecanismo es sencillo y peligroso: primero se pone en duda el procedimiento, después se alimenta la desconfianza y, finalmente, si el resultado no acompaña, siempre queda abierta la puerta para afirmar que algo extraño tuvo que ocurrir. Si gano, las elecciones son limpias; si pierdo, quizá estaban amañadas. Con semejante planteamiento, ninguna derrota puede ser asumida como una derrota legítima, porque siempre existe la posibilidad de convertirla en una conspiración.

Y ahí aparece uno de los problemas que más deberían preocuparnos: el mal perder.

Para Popper, una de las características fundamentales de la democracia era precisamente que los ciudadanos pudieran deshacerse de sus gobernantes de manera pacífica mediante las urnas. La democracia, desde esta perspectiva, no consiste en garantizar que gobiernen quienes creemos que tienen razón, sino en mantener unas instituciones que permitan sustituirlos sin violencia cuando los ciudadanos así lo decidan.

No sería justo afirmar que toda la derecha española es incapaz de aceptar una derrota electoral. No lo es. Pero sí existe en determinados sectores de nuestra derecha una tradición de resistencia a aceptar determinados cambios políticos y sociales cuando estos cuestionaban posiciones de poder profundamente arraigadas. Nuestra historia demuestra que la democracia necesita algo más que unas elecciones: necesita que quienes pierden estén dispuestos a aceptar el resultado y a esperar su oportunidad para volver a convencer a los ciudadanos.

En este punto resulta inevitable recordar al filósofo Karl Popper, uno de los grandes defensores de la sociedad abierta. Para Popper, una de las características fundamentales de la democracia era precisamente que los ciudadanos pudieran deshacerse de sus gobernantes de manera pacífica mediante las urnas. La democracia, desde esta perspectiva, no consiste en garantizar que gobiernen quienes creemos que tienen razón, sino en mantener unas instituciones que permitan sustituirlos sin violencia cuando los ciudadanos así lo decidan.

La idea tiene una enorme importancia aplicada al debate actual. Aceptar la democracia significa aceptar también la posibilidad de que gobierne alguien a quien consideramos equivocado. Si solo reconocemos la legitimidad del sistema cuando vence nuestro partido, entonces no estamos defendiendo realmente las reglas democráticas, sino únicamente nuestro propio resultado.

Porque la democracia no consiste únicamente en votar cuando creemos que vamos a ganar. Consiste, sobre todo, en aceptar que pueden ganar los demás.

Por eso resulta especialmente preocupante que se empiece a hablar de posibles manipulaciones vinculadas a nuevos electores, inmigrantes o descendientes de exiliados. Una democracia no puede convertir a determinados ciudadanos en sospechosos por el simple hecho de que su incorporación al censo pueda modificar el equilibrio político. Quien tiene derecho a votar no es una amenaza para la democracia: forma parte de ella.

Lo mismo ocurre con cualquier cambio demográfico o social. Que una sociedad cambie no significa que alguien esté preparando un fraude. Significa, sencillamente, que la sociedad cambia. Y los partidos políticos deberían asumir ese hecho intentando convencer a esos nuevos ciudadanos, no insinuando que su presencia en las urnas forma parte de una operación destinada a alterar fraudulentamente el resultado.

Hay, además, una ironía que resulta difícil pasar por alto. Mientras algunos dirigentes de la derecha española contribuyen a sembrar desconfianza hacia el voto por correo, Donald Trump —precisamente el dirigente que convirtió las acusaciones de fraude electoral en una de las grandes herramientas de su discurso político— ha defendido en determinados momentos que sus propios seguidores utilicen esa modalidad de voto. La contradicción demuestra hasta qué punto el problema no es realmente el voto por correo, sino la utilización política que se hace de la sospecha.

Una democracia necesita controles, transparencia y vigilancia. Necesita instituciones capaces de detectar y corregir cualquier irregularidad y ciudadanos dispuestos a exigir explicaciones cuando existan motivos para hacerlo. Pero vigilar las elecciones no es lo mismo que desacreditarlas preventivamente. Una cosa fortalece la democracia; la otra puede terminar debilitándola.

De hecho, la ciencia política lleva tiempo estudiando un fenómeno que resulta muy revelador: el llamado losers' consent, es decir, la disposición de quienes pierden unas elecciones a aceptar el resultado y seguir considerando legítimo el funcionamiento democrático. Investigaciones recientes han encontrado que la derrota electoral puede reducir la satisfacción con la democracia y que ese efecto puede ser todavía más acusado entre sectores con una visión populista de la política. La cuestión, por tanto, no es solo quién gana o quién pierde, sino qué hacemos políticamente con nuestra derrota.

Ayuso y Abascal tienen todo el derecho a combatir políticamente a Pedro Sánchez y al PSOE, a denunciar sus errores y a intentar convencer a los españoles de que ellos representan una alternativa mejor. Nadie les pide que sean complacientes con el Gobierno. Al contrario, la crítica y la oposición son imprescindibles. Lo que sí cabe exigirles es responsabilidad cuando hablan de algo tan delicado como la limpieza de unas elecciones.

Porque cuando un dirigente político transmite a sus seguidores que no deben fiarse del sistema electoral, está jugando con algo que va mucho más allá de una campaña concreta. Está poniendo en juego la confianza colectiva en unas reglas que deben servir para todos, gane quien gane.

Y quizá aquí resulte oportuno recordar aquella conocida expresión de José María Aznar:«el que pueda hacer, que haga». Una frase que el expresidente volvió a utilizar públicamente en 2026, reclamando responsabilidad y acción. Pues bien, quienes tienen capacidad de influencia política deberían utilizarla precisamente para fortalecer las instituciones, defender la transparencia y convencer a los ciudadanos con argumentos, propuestas y resultados, en lugar de preparar el terreno para cuestionar las urnas si el resultado no les favorece.

Porque al final la verdadera prueba de un demócrata no se produce cuando gana, cuando todo marcha según sus expectativas y las urnas le entregan el poder. La verdadera prueba llega cuando pierde y tiene que aceptar que los ciudadanos han elegido otra opción.

«el que pueda hacer, que haga». Una frase que el expresidente volvió a utilizar públicamente en 2026, reclamando responsabilidad y acción. Pues bien, quienes tienen capacidad de influencia política deberían utilizarla precisamente para fortalecer las instituciones, defender la transparencia y convencer a los ciudadanos con argumentos, propuestas y resultados, en lugar de preparar el terreno para cuestionar las urnas si el resultado no les favorece.

Se puede perder una elección y seguir defendiendo las propias ideas. Se puede pasar a la oposición, denunciar al Gobierno, movilizar a los ciudadanos y trabajar durante cuatro años para volver a ganar. Eso es la política democrática. Lo que resulta mucho más peligroso es convencer a los propios votantes de que una derrota solo puede explicarse mediante un fraude.

Perder unas elecciones es un revés político. Convertir esa derrota en una conspiración es un problema para todos.

Y quizá esa sea la cuestión que algunos deberían recordar antes de volver a hablar de pucherazos, de votos sospechosos o de sistemas electorales de los que, sin aportar pruebas, dicen no fiarse: quien aspira a gobernar un país tiene que estar preparado para ganar, pero también, y, sobre todo, para perder. Porque las urnas no están para confirmar nuestras certezas, sino para expresar la voluntad de los ciudadanos, incluso cuando esa voluntad nos resulta incómoda.