La ética frente a la tentación del poder

Hay noticias que no deberían quedarse en el ruido de la confrontación partidista. Más allá de sus consecuencias políticas, obligan a plantearse preguntas de mayor calado sobre la calidad moral de nuestra democracia. Las informaciones difundidas por la Cadena SER, elDiario.es y Público sobre el supuesto acuerdo entre Koldo García, Alberto Durán, abogado vinculado al Partido Popular, y el entorno empresarial de Okdiario pertenecen a esa categoría.

Conviene precisar que hablamos de declaraciones atribuidas a sus protagonistas e informaciones periodísticas cuyos extremos deben esclarecerse. La presunción de inocencia ha de respetarse escrupulosamente. Alberto Durán y el PP han negado las acusaciones. Ninguna columna de opinión puede sustituir el trabajo de los tribunales. Pero respetar las garantías judiciales no significa renunciar a la reflexión moral.

Según la Cadena SER, Koldo García habría asegurado que mantuvo dos reuniones con Alberto Durán en mayo de 2025. En ellas, según su versión, se habría planteado sufragar su defensa judicial y ofrecerle un millón de euros adicional, a través de la empresa editora de Okdiario, a cambio de información que pudiera perjudicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otras personas de su entorno.

Según la Cadena SER, Koldo García habría asegurado que mantuvo dos reuniones con Alberto Durán en mayo de 2025. En ellas, según su versión, se habría planteado sufragar su defensa judicial y ofrecerle un millón de euros adicional, a través de la empresa editora de Okdiario, a cambio de información que pudiera perjudicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otras personas de su entorno.

Hay un elemento documental que conviene distinguir de esas afirmaciones: la empresa editora de Okdiario abonó 242.000 euros correspondientes a la defensa de Koldo García, mediante dos facturas y sus respectivas transferencias, según las informaciones publicadas por la SER y elDiario.es. La existencia de esos pagos no demuestra por sí misma la finalidad que Koldo les atribuye ni acredita el supuesto acuerdo del millón de euros, cuyo abono adicional no consta que se produjera. La empresa ha ofrecido una explicación vinculada a colaboraciones editoriales, entre ellas un libro y una docuserie.

Precisamente por eso, la prudencia resulta imprescindible. No se trata de dar por verdadera una versión porque resulte políticamente explosiva, sino de exigir que las preguntas relevantes encuentren respuestas.

El problema de fondo es que la política nunca puede quedar liberada de la responsabilidad moral por el simple hecho de perseguir un objetivo políticamente conveniente.

José Luis López Aranguren, uno de los grandes referentes del pensamiento ético español, reflexionó profundamente sobre la relación entre ética y política. Su pensamiento sigue siendo pertinente: la acción política necesita eficacia, pero no puede convertirla en su único criterio de legitimidad. Cuando la política se separa de la ética, el adversario deja de ser alguien con quien discrepar y corre el riesgo de convertirse en alguien a quien hay que destruir.

José Luis López Aranguren, uno de los grandes referentes del pensamiento ético español, reflexionó profundamente sobre la relación entre ética y política. Su pensamiento sigue siendo pertinente: la acción política necesita eficacia, pero no puede convertirla en su único criterio de legitimidad. Cuando la política se separa de la ética, el adversario deja de ser alguien con quien discrepar y corre el riesgo de convertirse en alguien a quien hay que destruir.

Si se confirmara que alguien ofreció dinero a cambio de declaraciones que pudieran ser falsas para perjudicar a determinados dirigentes políticos, estaríamos ante una quiebra moral de enorme gravedad. No porque la oposición no pueda investigar, denunciar o intentar desalojar democráticamente a un Gobierno, sino porque la democracia no puede aceptar que la mentira, la compra de testimonios o la manipulación de la justicia se conviertan en instrumentos de la competencia política.

La exigencia debe ser universal. No puede haber una ética para los adversarios y otra para los propios. El PSOE debe responder por los escándalos que afectan a personas de su entorno; el PP debe ofrecer las explicaciones pertinentes cuando las informaciones comprometen a personas vinculadas a su organización. Ninguna formación puede reclamar transparencia para los demás y refugiarse en el silencio cuando las preguntas llaman a su propia puerta.

También el periodismo tiene aquí una responsabilidad extraordinaria. Las relaciones económicas entre medios de comunicación y personas implicadas en procedimientos judiciales pueden tener explicaciones legítimas, pero requieren transparencia cuando surgen dudas sobre su naturaleza y finalidad. La independencia informativa exige preservar una frontera nítida entre información, intereses económicos y estrategias partidistas.

Una democracia puede sobrevivir a la confrontación política, pero difícilmente puede fortalecerse si pierde la confianza en la verdad, la justicia y la integridad de quienes ejercen el poder.

También el periodismo tiene aquí una responsabilidad extraordinaria. Las relaciones económicas entre medios de comunicación y personas implicadas en procedimientos judiciales pueden tener explicaciones legítimas, pero requieren transparencia cuando surgen dudas sobre su naturaleza y finalidad. La independencia informativa exige preservar una frontera nítida entre información, intereses económicos y estrategias partidistas.

Hay una referencia todavía más antigua que ilumina esta cuestión. El jurista romano Ulpiano formuló tres principios fundamentales del derecho, recogidos en el Digesto: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Es decir: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo.

Tres principios de una sencillez extraordinaria y de una profundidad que conserva toda su actualidad. Vivir honestamente exige coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace. No dañar a otro obliga a reconocer que las personas no pueden convertirse en instrumentos de intereses particulares. Y dar a cada uno lo suyo implica respetar la justicia, la verdad y los derechos de los demás.

¿Qué mayor exigencia debería plantearse a quienes tienen responsabilidades públicas?

La reflexión de Ulpiano y el pensamiento de Aranguren se encuentran en una misma convicción: el poder necesita límites, y esos límites no pueden ser únicamente jurídicos; tienen que ser también éticos. La legalidad establece lo permitido y lo prohibido, pero la conciencia moral recuerda que no todo lo legalmente posible resulta necesariamente digno o ejemplar.

Los tribunales deberán esclarecer los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad jurídica. Entretanto, los responsables políticos tienen una obligación que no depende de una sentencia: explicar, aclarar y actuar con ejemplaridad.

No todo lo que resulta políticamente útil es moralmente aceptable. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y no todo lo que permite ganar poder contribuye al bien común.

La cuestión va mucho más allá de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Koldo García o Eduardo Inda. Afecta a una manera de entender la vida pública en la que el adversario debería seguir siendo un interlocutor democrático y no un enemigo cuya destrucción justifique cualquier medio.

No todo lo que resulta políticamente útil es moralmente aceptable. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y no todo lo que permite ganar poder contribuye al bien común.

La democracia no consiste solamente en conquistar mayorías, ganar elecciones o desalojar gobiernos. Consiste también en preservar unos principios que ninguna ambición partidista debería poder comprar.

Porque cuando la política pierde la conciencia, no pierde solamente su dignidad: termina poniendo en peligro la dignidad de la propia democracia.

Y tal vez convenga recordar, para terminar, aquella vieja enseñanza de Ulpiano: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Tres principios que deberían estar escritos, antes que, en cualquier programa electoral, en la conciencia de quienes aspiran a gobernar a los demás.