Feijóo y Abascal, enemigos de la protesta y nostálgicos de la mordaza

Todavía no han llegado al Gobierno y ya quieren decirles a los demás lo que pueden hacer, cuándo pueden protestar y hasta cuándo deben permanecer callados. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han decidido que una huelga general convocada para denunciar los problemas que asfixian a buena parte de la sociedad española es, nada menos, que una huelga contra la oposición. Hay que reconocerles cierta imaginación, porque convertir las reivindicaciones de los trabajadores en un ataque contra quienes no gobiernan exige un ejercicio de manipulación bastante considerable. O una desvergüenza política difícil de superar.

¿Contra la oposición? ¿De verdad no se les ocurre otra explicación? ¿Contra quién va una protesta por la imposibilidad de acceder a una vivienda, por unos salarios que no permiten vivir dignamente, por la precariedad laboral, por el deterioro de los servicios públicos y por la inseguridad de un transporte que debería ofrecer todas las garantías? ¿Quién lleva años ocupando instituciones, gobernando comunidades autónomas, ayuntamientos y administraciones de toda clase? Porque los problemas no han aparecido ayer ni son responsabilidad exclusiva de un partido. Son consecuencia de decisiones políticas, de años de promesas incumplidas y de una preocupante incapacidad para colocar las necesidades de la ciudadanía por delante de los intereses electorales.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han decidido que una huelga general convocada para denunciar los problemas que asfixian a buena parte de la sociedad española es, nada menos, que una huelga contra la oposición.

Lo verdaderamente escandaloso es que ambos pretendan dar lecciones de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, utilizando su tragedia para intentar desacreditar una convocatoria que ya estaba planteada antes del siniestro. El dolor de las víctimas no puede convertirse en munición electoral, ni el respeto a quienes han perdido la vida puede utilizarse como mordaza para quienes llevan tiempo reclamando derechos. Si tanto les preocupa el respeto, podrían empezar por aplicárselo a la ciudadanía y abandonar esa competición permanente por ver quién lanza la provocación más gruesa. No se puede reclamar solemnidad cuando interesa y convertir cualquier espacio público en un escenario de confrontación cuando toca hacer campaña.

Pero hay algo especialmente revelador en esta reacción: la alergia que sienten algunos dirigentes de la derecha hacia la movilización social. Y aquí conviene refrescar la memoria, porque el Partido Popular tiene un historial que no debería olvidarse. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aprobó en 2015 la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, una norma que recibió durísimas críticas por las restricciones y sanciones que introdujo en relación con el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente la protesta y la libertad de expresión. Aquella ley fue la respuesta de un Gobierno que parecía sentirse más cómodo poniendo obstáculos a quienes salían a la calle que escuchando las razones que les llevaban a hacerlo.

Esa es la tradición política que ahora parece asomar de nuevo detrás de las exigencias de Feijóo y Abascal: cuando la ciudadanía protesta, se cuestiona la protesta; cuando los sindicatos convocan una huelga, se cuestiona su legitimidad; cuando alguien denuncia una injusticia, se le acusa de estar haciendo política. Para ellos, por lo visto, la democracia funciona estupendamente siempre que nadie les lleve la contraria. Y si la ciudadanía se organiza, reclama y levanta la voz, entonces aparecen los sermones sobre responsabilidad, convivencia y respeto institucional.

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aprobó en 2015 la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, una norma que recibió durísimas críticas por las restricciones y sanciones que introdujo en relación con el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente la protesta y la libertad de expresión.

Feijóo debería explicar qué tiene de revolucionario exigir que un trabajador pueda vivir de su salario. Que explique qué tiene de partidista reclamar que los jóvenes puedan abandonar la casa de sus padres sin hipotecar media vida. Que nos cuente qué alternativa ofrece a las familias que ven cómo el alquiler devora sus ingresos y a quienes trabajan a jornada completa y siguen viviendo con dificultades económicas. Porque detrás de sus discursos de moderación y de sus permanentes poses de hombre de Estado hay una pregunta que continúa sin respuesta: ¿qué piensan hacer realmente para cambiar las condiciones de vida de quienes no llegan a fin de mes?

Y Abascal, por su parte, parece haber encontrado en el enfrentamiento permanente su único programa verdaderamente reconocible. Mucha bandera, mucho patriotismo de escaparate y mucha consigna, pero cuando toca hablar de salarios, vivienda, derechos laborales y protección social, las respuestas se vuelven bastante menos contundentes. Su modelo político mira con admiración a dirigentes como Donald Trump y Javier Milei, mientras convierte las políticas de igualdad, la protección medioambiental, los derechos de las mujeres y la diversidad en enemigos ideológicos. Una política de retroceso presentada como una supuesta batalla por la libertad.

No nos engañemos: las recetas de ambos partidos no son precisamente un proyecto de transformación social en favor de las mayorías trabajadoras. Las rebajas fiscales indiscriminadas, el adelgazamiento de lo público y el cuestionamiento de las políticas sociales no solucionan por arte de magia el problema de la vivienda ni mejoran los salarios. Y mucho menos garantizan que quienes tienen menos recursos puedan acceder a servicios de calidad. La libertad que tanto proclaman pierde bastante brillo cuando se trata de garantizar que una persona pueda vivir dignamente sin depender de su cuenta bancaria.

Feijóo y Abascal no deberían preocuparse tanto por quién convoca una huelga, sino por las razones que pueden llevar a miles de personas a secundarla. Si consideran injustas sus reivindicaciones, que presenten alternativas. Si creen que pueden gobernar mejor, que expliquen cómo.

Una huelga general no es un acto de hostilidad contra la oposición. Es una herramienta legítima de presión democrática y una advertencia a todos los poderes políticos, gobiernen o aspiren a gobernar. Los sindicatos pueden equivocarse, sus convocatorias pueden discutirse y sus estrategias pueden criticarse. Lo que no resulta aceptable es pretender deslegitimar cualquier reivindicación social porque incomoda a quienes aspiran a ocupar el poder.

Y aquí está la cuestión de fondo: Feijóo y Abascal no deberían preocuparse tanto por quién convoca una huelga, sino por las razones que pueden llevar a miles de personas a secundarla. Si consideran injustas sus reivindicaciones, que presenten alternativas. Si creen que pueden gobernar mejor, que expliquen cómo. Pero que dejen de utilizar las desgracias ajenas como argumento político y de repartir carnés de responsabilidad democrática mientras desprecian el derecho a protestar.

Porque una democracia no se demuestra mandando callar a quienes discrepan, sino garantizando que puedan hacerlo sin miedo. Y quienes todavía no gobiernan, pero ya pretenden imponer silencio, deberían recordar una cosa: España no es suya, las calles tampoco y los derechos de los ciudadanos no dependen de su autorización.

Mucho cuidado con quienes confunden gobernar con mandar y democracia con obediencia. Ya sabemos cómo terminó aquella aventura de la Ley Mordaza. Y parece que algunos no han aprendido absolutamente nada.