Feijóo y la verdad a conveniencia: exigencias para otros y silencios ante la tragedia de Angrois

Hay declaraciones políticas que, por su contenido, merecen ser escuchadas. Pero hay otras que, además de escucharse, necesitan ser confrontadas con la memoria. Porque la verdad no puede convertirse en una bandera que se levanta cuando interesa y se guarda en un cajón cuando incomoda. Y eso es precisamente lo que sucede cuando Alberto Núñez Feijóo reclama ahora que España conozca toda la verdad sobre el accidente ferroviario de Toledo, mientras su trayectoria política en Galicia obliga a recordar lo ocurrido con la tragedia de Angrois.

Naturalmente, las víctimas de cualquier tragedia merecen verdad, justicia y reparación. No hay víctimas de primera y de segunda. No hay familias cuyo dolor merezca más atención que el de otras. Precisamente por eso resulta legítimo preguntarse: ¿dónde estaba esa exigencia de transparencia cuando Galicia reclamaba respuestas por la tragedia del Alvia?

El 24 de julio de 2013, ochenta personas perdieron la vida en Angrois y numerosas familias quedaron destrozadas para siempre. Feijóo era entonces presidente de la Xunta de Galicia. Durante su mandato, el Partido Popular utilizó reiteradamente su mayoría parlamentaria para impedir la creación de una comisión de investigación. Hubo tres vetos y una cuarta solicitud que ni siquiera llegó a debatirse.

Las víctimas de Toledo merecen toda la verdad. Las de Angrois también la merecían. Y las familias de ambas tragedias merecen algo más que declaraciones solemnes: merecen instituciones que no tengan miedo a investigar y dirigentes que no confundan la responsabilidad política con la conveniencia partidista.

El argumento de los populares era que las competencias ferroviarias correspondían al Gobierno central. Pero ¿acaso una comunidad autónoma no tiene derecho a investigar las circunstancias de una tragedia ocurrida en su territorio, escuchar a las víctimas y examinar la gestión de las emergencias?

Las víctimas de Angrois no pedían un favor político. Pedían algo tan elemental como conocer la verdad. Algunas de sus familias tuvieron que asistir desde la tribuna del Parlamento gallego a nuevas negativas a investigar. Sus gritos de indignación siguen siendo una imagen difícil de olvidar.

Esta contradicción nos lleva a una pregunta mucho más profunda: ¿qué significa realmente ejercer la política?

Aristóteles entendía que la política debía orientarse al bien común. No era simplemente una técnica para conquistar y conservar el poder, sino una actividad vinculada a la justicia y a la vida buena de la comunidad. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, recordando que quien gobierna debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Y Hannah Arendt advertía del peligro que supone deteriorar la relación entre la política y la verdad.

Desde estas perspectivas, la coherencia no es un adorno del político: es una exigencia ética de su responsabilidad pública. No basta con pronunciar discursos solemnes sobre la transparencia. Hay que defenderla también cuando puede perjudicar los intereses propios.

En este contexto cabe recordar también los cambios de posición de Feijóo respecto a Vox. Antes de las elecciones generales de 2023, afirmaba que su objetivo era gobernar en solitario y llegó a decir: «Mi objetivo no es pactar con Vox». Sin embargo, su partido ya había alcanzado acuerdos con la formación de Abascal en distintas comunidades autónomas y, cuando necesitó apoyos para intentar llegar a la Moncloa, aceptó los 33 votos de los diputados de Vox y agradeció públicamente su «respaldo responsable y generoso».

Las víctimas de Angrois no pedían un favor político. Pedían algo tan elemental como conocer la verdad. Algunas de sus familias tuvieron que asistir desde la tribuna del Parlamento gallego a nuevas negativas a investigar. Sus gritos de indignación siguen siendo una imagen difícil de olvidar.

No llegó a formar un Gobierno de coalición nacional con Vox, pero sí aceptó su respaldo parlamentario. No se trata de convertir los pactos políticos en un pecado ni de negar la legitimidad de los acuerdos parlamentarios. Se trata de algo más sencillo y más importante: la palabra de un dirigente debería conservar su valor incluso cuando las circunstancias hacen más difícil cumplirla. La política exige negociación y capacidad de adaptación, pero también honestidad para explicar los cambios de posición.

Desde una perspectiva creyente, esta cuestión adquiere todavía mayor profundidad. El Evangelio no propone una política de apariencias, sino una forma de vivir basada en la verdad, la justicia, la misericordia y el servicio. Jesús fue especialmente crítico con quienes cuidaban las apariencias mientras descuidaban lo verdaderamente importante.

En Mateo 23,23 encontramos una advertencia que conserva toda su fuerza: no se puede descuidar lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad.

Un político que se considera cristiano debería sentirse especialmente interpelado por estas palabras. No debería utilizar la fe como recurso retórico ni convertir los valores cristianos en instrumentos de confrontación partidista. Debería demostrar su compromiso con ellos en la manera de gobernar, de escuchar a quienes sufren, de reconocer los errores y de asumir responsabilidades. La fe no puede servir para bendecir estrategias de poder, sino para recordar que el poder está al servicio de las personas.

El papa Francisco lo expresó con claridad en Evangelii gaudium: la política, tan denigrada, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Pero esa nobleza desaparece cuando la preocupación principal deja de ser la dignidad de las personas y pasa a ser la conservación del poder.

El papa Francisco lo expresó con claridad en Evangelii gaudium: la política, tan denigrada, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Pero esa nobleza desaparece cuando la preocupación principal deja de ser la dignidad de las personas y pasa a ser la conservación del poder.

La tragedia de Angrois debería haber enseñado a toda la clase política que ninguna institución puede sentirse amenazada por la verdad. Una investigación no es una concesión a la oposición ni una derrota para un Gobierno. Es una obligación moral cuando hay víctimas, responsabilidades por esclarecer y familias que necesitan respuestas.

La sentencia de primera instancia de 2024 condenó al maquinista y al entonces responsable de seguridad de Adif por imprudencia grave. Posteriormente, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al responsable de Adif y mantuvo la condena al maquinista. La evolución judicial demuestra que investigar, revisar y esclarecer son procesos complejos que no deberían quedar sometidos a conveniencias partidistas.

Ahora, ante otra tragedia ferroviaria, Feijóo reclama que España conozca la verdad. Es una exigencia legítima y necesaria. Pero esa misma exigencia obliga a mirar hacia atrás y preguntarse por qué no se defendió con idéntica determinación cuando las familias gallegas la reclamaban.

La verdad no puede tener dos varas de medir. No puede ser una exigencia para los adversarios y una amenaza cuando afecta a los propios.

Las víctimas de Toledo merecen toda la verdad. Las de Angrois también la merecían. Y las familias de ambas tragedias merecen algo más que declaraciones solemnes: merecen instituciones que no tengan miedo a investigar y dirigentes que no confundan la responsabilidad política con la conveniencia partidista.

Porque, al final, la pregunta que debería acompañar a cualquier persona que aspire a gobernar no es cuánto poder puede alcanzar, sino qué está dispuesta a hacer por la verdad, la justicia y la dignidad de quienes más sufren.

Un político puede cambiar de estrategia, negociar e incluso rectificar. Lo que no debería cambiar según las circunstancias es su compromiso con la verdad. Desde la mirada del Evangelio, el poder no es un privilegio que se conquista, sino una responsabilidad que se recibe para servir. Y quien olvida esa diferencia corre el riesgo de olvidar también para quién y para qué gobierna.