Galicia fue el aviso: cuando el poder expulsa a los pobres y el Evangelio se convierte en acusación

Hay momentos en los que la política deja de ser gestión y se convierte en juicio. No porque alguien lo decida, sino porque la realidad misma comparece como testigo. Cuando un anciano recibe una orden de desalojo con una cuenta atrás de quince días, cuando se niega una mejora mínima a quienes sobreviven con lo justo, cuando se cuestiona si alguien merece agua, luz o un techo, ya no estamos ante un debate técnico. Estamos ante una interpelación moral directa.

España vive uno de esos momentos. Y para entenderlo no hace falta imaginar futuros distópicos ni recurrir al alarmismo: basta con mirar a Galicia.

Galicia fue el aviso. No una metáfora ni un eslogan, sino una experiencia concreta. Bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo, la gestión de la pobreza adoptó una lógica precisa y reconocible: desconfianza hacia el pobre, sospecha sistemática, castigo institucional. La RISGA, diseñada como instrumento de integración, se transformó en un mecanismo de control y expulsión, reduciendo perceptores, endureciendo requisitos y desplazando la responsabilidad del Estado hacia las familias y la caridad privada.

No fue eficiencia. Fue deshumanización. Y no lo dijeron adversarios ideológicos, sino los propios trabajadores sociales. que denunciaron que aquello no integraba, sometía. Vidas convertidas en expedientes, dignidad reducida a baremos, personas obligadas a demostrar su abandono absoluto para ser ayudadas. La pobreza tratada como culpa.

La Doctrina Social de la Iglesia es tajante. Gaudium et Spes afirma que la persona humana es el principio, el sujeto y el fin de toda organización social. Cuando ese orden se invierte y la contabilidad ocupa el lugar de la vida, no estamos ante una opción técnica, sino ante un pecado estructural. El profeta Amós lo denunció sin eufemismos: «Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias» (Am 2,6).

Ese mismo modelo reaparece hoy a escala estatal. La negativa del Partido Popular a apoyar la subida de las pensiones, del Ingreso Mínimo Vital no es un episodio aislado, sino coherencia ideológica. Coherencia con una visión donde los derechos se convierten en concesiones, donde ayudar al pobre se presenta como un riesgo moral y donde la pobreza se gestiona como una desviación que hay que corregir. No es responsabilidad fiscal: es crueldad organizada.

Y mientras a los pensionistas se les niega la subida mínima que les corresponde, algunos dirigentes, como Moreno Bonilla, han visto sus salarios incrementarse hasta 92.208,84 euros, lo que supone un aumento de 20.541 euros en solo tres años. Ese contraste no es anecdótico: mientras los pobres deben sobrevivir con migajas, el poder se autoadjudica incrementos sustanciales sin justificación ética.

Pero el salto cualitativo llega cuando Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de utilizar a los pensionistas como “rehenes” por aprobar junto a esa subida medidas como la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, la prohibición de cortar suministros básicos —luz, agua, gas— o la protección de quienes no tienen alternativa habitacional. Según este marco, impedir que alguien duerma en la calle sería un chantaje, y evitar que una familia quede a oscuras, una manipulación política.

La pregunta final no es económica ni electoral. Es apocalíptica en el sentido bíblico: revela lo que hay debajo. ¿De qué lado se sitúa el poder cuando un anciano de 85 años recibe un ultimátum de 15 días para abandonar su casa? ¿Del contrato o de la persona? ¿Del mercado o de la vida?

El PP, junto con Junts y Vox, sostiene que estas medidas fomentan la “inquiocupación” y desprotegen a los propietarios. El lenguaje no es neutro. El pobre vuelve a ser sospechoso, el vulnerable, un posible abusador. Isaías lo describió con una claridad que atraviesa los siglos: «¡Ay de los que dictan leyes injustas y promulgan decretos opresores, para negar justicia a los pobres!» (Is 10,1-2).

Hace poco conocí el caso de un hombre de 85 años. Vive solo. Su propietario le comunicó que debía abandonar su vivienda y le dio un plazo de 15 días. Quince días para desaparecer. No había alternativa habitacional, no había red familiar, no había margen real. Solo una cuenta atrás. ¿Qué tiene que decir Alberto Núñez Feijóo ante esto? ¿En qué párrafo de su discurso encaja este anciano? ¿En el del orden? ¿En el del mérito? ¿En el de la contabilidad?

Este caso no es una excepción. Es una parábola contemporánea. Personas mayores, familias con menores, enfermos, trabajadores pobres. Sin la suspensión de los desahucios, van a la calle. Sin la prohibición de cortar suministros, quedan sin agua, sin luz, sin calefacción. No es ideología. Es intemperie. Jeremías lo gritó con palabras que hoy incomodan al poder: «Se hacen ricos y poderosos, pero no defienden la causa del pobre» (Jer 5,28).

El Evangelio no admite interpretaciones cómodas. “Tuve hambre y me disteis de comer; fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35). No hay letra pequeña. No hay baremos. No hay distinción entre pobres “merecedores” y “sospechosos”. Cuando la política introduce filtros donde el Evangelio no los pone, se coloca frontalmente contra él.

Fratelli Tutti advierte que una sociedad se deshumaniza cuando normaliza la exclusión, y Caritas in Veritate recuerda que la pobreza no se combate recortando derechos, sino garantizándolos. Llamar “rehén” a un pensionista mientras se cuestiona su protección frente al desahucio o el corte de suministros no es solo una contradicción política: es una fractura moral.

A esto se suma la criminalización del inmigrante pobre, convertido en chivo expiatorio del malestar social. El relato del “efecto llamada” no protege a nadie: divide a los de abajo y absuelve a los de arriba. Decir que solo merece ayuda quien ha cotizado es moralmente obsceno. ¿Qué cotizó un niño con discapacidad severa? ¿Qué aportó una mujer que huye de la violencia? ¿Qué cotiza quien trabaja en negro porque el sistema le cierra la puerta? La dignidad no se cotiza: se reconoce.

Hace poco conocí el caso de un hombre de 85 años. Vive solo. Su propietario le comunicó que debía abandonar su vivienda y le dio un plazo de 15 días. Quince días para desaparecer.

En el plano económico, el proyecto compartido por PP y Vox apuesta por adelgazar el Estado, privatizar lo común y mercantilizar los derechos. Sanidad, educación y vivienda pasan de ser garantías a ser productos. Un país de dos velocidades, donde los pobres esperan y los ricos eligen. La Doctrina Social lo dice sin rodeos: los bienes esenciales no pueden quedar al arbitrio del mercado.

Y todo ello se acompaña de una forma de ejercer el poder basada en la distancia. Feijóo afirmó que, si mentía, se marcharía. Hoy, ese compromiso con la verdad aparece erosionado por contradicciones y por su comparecencia telemática ante la DANA, cuando la ética pública exigía presencia, cercanía y responsabilidad. Gobernar es dar la cara. Comparecer desde una pantalla no es neutral: es huir del rostro del sufrimiento.

España ya vio este patrón con el “plasma” de Mariano Rajoy. Aquella imagen simbolizó la evasión de la rendición de cuentas. Hoy, el eco regresa. Primero se relativiza la verdad, luego se deshumaniza al débil y finalmente se gobierna desde la distancia.

Galicia fue el laboratorio social. Allí se comprobó que, bajo este modelo, la pobreza no se combate: se castiga. Hoy, con el IMV, las pensiones mínimas, los desahucios, los suministros básicos y la vivienda, el riesgo es el mismo, pero a escala estatal.

La pregunta final no es económica ni electoral. Es apocalíptica en el sentido bíblico: revela lo que hay debajo. ¿De qué lado se sitúa el poder cuando un anciano de 85 años recibe un ultimátum de 15 días para abandonar su casa? ¿Del contrato o de la persona? ¿Del mercado o de la vida?

Porque, como advierte Jesús sin anestesia, al final no se nos preguntará por el déficit ni por el equilibrio presupuestario, sino por el pobre expulsado, el hambriento ignorado y el forastero rechazado. Y entonces, ya no habrá comparecencias a distancia.

Galicia fue el aviso. Ignorarlo no será ingenuidad. Será complicidad.