Manual práctico para adquirir “conciencia ecológica”: lleve a su hijo a ver cómo matan a un toro

Hay ideas que, por más que uno las lea varias veces, siguen sonando como si alguien hubiera mezclado ironía, propaganda y un leve delirio en la misma coctelera. Y, sin embargo, ahí están, defendidas con solemnidad institucional. En este caso, con nombre y apellidos: Moreno Bonilla, que defiende que los menores acudan a los toros para preservar “nuestro acervo cultural”. Que la tauromaquia no solo es cultura —hasta ahí, el debate es conocido— sino que además enseña a los niños empatía con los animales y conciencia ecológica.

Detengámonos un momento. No por dramatizar —que también— sino por intentar entender el mecanismo mental necesario para sostener semejante afirmación sin que se quiebre la voz.

Porque la escena es conocida: un animal debilitado, sometido a estrés, herido progresivamente hasta la muerte, rodeado de un público que aplaude la ejecución. Y de ese espectáculo se concluye que el menor que asiste sale con una renovada admiración por la vida animal. Es decir, que observar sufrimiento ritualizado no endurece, sino que educa. No insensibiliza, sino que refina. No banaliza la violencia, sino que la convierte en pedagogía.

Es una tesis audaz. Tanto que roza lo experimental.

Pero la argumentación no se queda ahí. Se eleva aún más: la tauromaquia es presentada como un “fenómeno cultural integral”, una especie de contenedor mágico donde caben tradiciones, estética, sensibilidad, economía rural, historia, identidad colectiva y, por qué no, también valores universales como la inteligencia, el valor o el raciocinio frente a la fuerza bruta.

Esto último resulta especialmente fascinante. Porque si algo define la lidia es precisamente una asimetría radical: el animal no ha elegido estar ahí, no entiende las reglas, no participa de ese supuesto ejercicio intelectual. Hablar de “raciocinio contra fuerza bruta” en ese contexto es como atribuir mérito estratégico a quien juega una partida de ajedrez moviendo las piezas del rival.

Pero no nos desviemos. El núcleo del discurso es claro: los toros no son violencia, son cultura. Y como cultura, deben protegerse, fomentarse y —esto es clave— transmitirse a las nuevas generaciones. Porque, según esta lógica, sin niños en las plazas el legado se diluye, la tradición se erosiona y el tejido simbólico de la sociedad corre peligro.

Aquí aparece otra comparación reveladora: se equipara la asistencia a corridas con la visita a museos. Como si ambas experiencias pertenecieran a la misma categoría educativa. Como si contemplar un cuadro y presenciar una muerte ritual compartieran un mismo objetivo formativo.

No es que la comparación sea discutible. Es que revela una confusión profunda entre lo que se preserva y cómo se preserva.

Y, como broche final, aparece otro elemento que no pasa desapercibido: la concesión de nacionalidad por vía extraordinaria a un torero, justificada por su vinculación con la cultura española. No es una hipótesis abstracta: ocurrió el 31 de marzo de 2017, cuando el Gobierno del Partido Popular, mediante real decreto, concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a un matador en lo que se presentó como un caso de “circunstancias excepcionales”. Un mecanismo legal pensado para situaciones singulares que, en este caso, se activó en nombre de la cultura.

Porque sí, la tauromaquia tiene una historia. Sí, forma parte de un pasado cultural. Pero también lo eran otras prácticas —desde espectáculos con animales hasta castigos públicos convertidos en entretenimiento— que hoy nos resultan inaceptables. La tradición, por sí sola, no legitima nada. Si así fuera, cualquier costumbre heredada quedaría automáticamente blindada frente a la crítica.

De hecho, la oposición a los toros no es nueva: ya en 1567 el Papa San Pío V dictó una bula en la que excomulgaba a quienes organizaran o asistieran a corridas, considerándolas incompatibles con la moral cristiana. Al pontífice romano sí le conmovió la tortura que se inflige a los animales. De hecho, promulgó una bula, De salutis gregis dominici, contra «la pagana costumbre de lidiar toros» Años después, Felipe II maniobró para suavizar o neutralizar sus efectos en España.

Y, sin embargo, el discurso oficial insiste en que existe un “consenso mayoritario” sobre el valor cultural de la tauromaquia. Una afirmación que, más que describir la realidad, parece intentar construirla a base de repetición. Porque basta observar el debate social —cada vez más polarizado— para entender que ese consenso es, como mínimo, discutible.

Pero quizás lo más llamativo no sea la defensa cultural ni la económica —ese 0,375% del PIB que aparece como argumento recurrente—, sino algo más profundo: la dimensión simbólica y política que se le atribuye.

En plena precampaña, la tauromaquia deja de ser solo una práctica cultural para convertirse en marcador ideológico. Una bandera que se agita no tanto por lo que representa en sí, sino por lo que permite diferenciar: quién defiende “las tradiciones” y quién supuestamente las amenaza.

Y ahí entra en juego la competición: quién es más defensor, más auténtico, más comprometido con esa identidad. No se discute si algo debe evolucionar, sino quién lo protege con más entusiasmo.

En ese contexto, todo vale. Incluso sostener que llevar a un niño a una corrida es un acto formativo comparable a cualquier actividad educativa. Incluso afirmar que ese entorno fomenta el respeto por los animales. Incluso convertir una práctica controvertida en un símbolo incuestionable de valores positivos.

Y, como broche final, aparece otro elemento que no pasa desapercibido: la concesión de nacionalidad por vía extraordinaria a un torero, justificada por su vinculación con la cultura española. No es una hipótesis abstracta: ocurrió el 31 de marzo de 2017, cuando el Gobierno del Partido Popular, mediante real decreto, concedió la nacionalidad por carta de naturaleza a un matador en lo que se presentó como un caso de “circunstancias excepcionales”. Un mecanismo legal pensado para situaciones singulares que, en este caso, se activó en nombre de la cultura.

Aquí la ironía se escribe sola, pero además tiene fecha y firma.

Porque mientras se endurecen requisitos, se alargan procesos durante años y se convierten en una carrera de obstáculos burocráticos para miles de personas migrantes que viven, trabajan, pagan impuestos y sostienen sectores enteros de la economía, se activa con sorprendente agilidad un mecanismo excepcional para reconocer méritos culturales muy concretos. No cualquier cultura, claro. Una muy específica. Muy simbólica. Muy útil en determinados relatos.

Mientras una familia espera resoluciones interminables, acumula papeles, citas y negativas, aquí basta una firma en un real decreto para que la pertenencia se materialice de golpe. Mientras unos tienen que demostrar arraigo, integración y casi gratitud permanente, a otros se les reconoce por encarnar una tradición y por su vinculación con altas esferas sociales que, curiosamente, también se pretende blindar como incuestionable.

Mientras una familia espera resoluciones interminables, acumula papeles, citas y negativas, aquí basta una firma en un real decreto para que la pertenencia se materialice de golpe. Mientras unos tienen que demostrar arraigo, integración y casi gratitud permanente, a otros se les reconoce por encarnar una tradición y por su vinculación con altas esferas sociales que, curiosamente, también se pretende blindar como incuestionable.

No es solo una cuestión administrativa. Es una jerarquía implícita de qué vidas, qué trayectorias y qué aportaciones cuentan como cultura digna de ser premiada. Y el contraste resulta difícil de ignorar: quien arriesga su vida cruzando fronteras para trabajar aquí debe esperar; quien arriesga la de un animal en una plaza puede ser elevado, incluso, a símbolo nacional.

El mensaje implícito es potente: hay formas de pertenecer que pesan más que otras. Hay expresiones culturales que abren puertas de par en par y otras trayectorias vitales que apenas consiguen entreabrirlas, por mucho que sostengan la realidad material del país.

Y así, entre discursos grandilocuentes y argumentos que desafían la lógica más básica, se va construyendo una narrativa donde la tauromaquia no solo se defiende, sino que se eleva a categoría moral. Donde cuestionarla no es debatir, sino casi traicionar.

Pero quizás la pregunta más incómoda sigue siendo la más sencilla: ¿de verdad creemos que la empatía se enseña normalizando el sufrimiento?

Porque si esa es la lección, entonces el problema no es la tradición. Es lo que estamos dispuestos a justificar en su nombre.