Miguel Tellado y el precio de la gobernabilidad: memoria, derechos y el riesgo de la vuelta al pasado

Presentar a Vox como un partido de “centro-derecha”, como sostiene Miguel Tellado, no es una simple cuestión de matiz, sino una reinterpretación muy discutible de su posición ideológica. Más allá de etiquetas, sus propuestas y su discurso lo sitúan claramente en un espacio más radical dentro de la derecha política.

En democracia, alcanzar acuerdos es legítimo y, a menudo, necesario. Sin embargo, no todos los pactos tienen el mismo valor ni las mismas consecuencias. Cuando la gobernabilidad se convierte en un argumento para asumir discursos y políticas que erosionan derechos fundamentales, conviene detenerse y analizar el alcance real de esas decisiones. Las posiciones de Miguel Tellado, en representación del Partido Popular, en relación con los acuerdos con Vox, obligan a abrir ese debate con rigor.

El argumento de la estabilidad institucional no puede servir como un escudo que lo justifique todo. Gobernar no es únicamente sumar escaños, sino decidir qué modelo de sociedad se construye. Y en los territorios donde estas alianzas se han materializado, empiezan a observarse señales preocupantes: debilitamiento de servicios públicos, cuestionamiento de políticas de igualdad y una reorientación del gasto que afecta directamente a los sectores más vulnerables.

Cuando la gobernabilidad se convierte en un argumento para asumir discursos y políticas que erosionan derechos fundamentales, conviene detenerse y analizar el alcance real de esas decisiones. Las posiciones de Miguel Tellado, en representación del Partido Popular, en relación con los acuerdos con Vox, obligan a abrir ese debate con rigor.

En este contexto, es imprescindible recordar de dónde venimos. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que personas con escasos recursos se veían obligadas a dejar medicamentos en la farmacia porque no podían pagarlos. Aquella imagen simboliza una etapa en la que las políticas públicas no protegieron suficientemente a quienes más lo necesitaban. No es una exageración retórica: es un recordatorio de lo que ocurre cuando el equilibrio entre eficiencia económica y justicia social se rompe.

Frente a ese pasado, se han construido avances significativos. El Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un paso importante en la protección social, permitiendo que miles de familias tengan acceso a lo esencial. No se trata solo de ingresos: se trata de dignidad, de poder comer, de poder vivir con un mínimo de estabilidad. Y más aún, este tipo de medidas han abierto la puerta a algo fundamental: la igualdad de oportunidades.

Hoy, gracias a políticas públicas, personas con menos recursos pueden acceder a estudios universitarios en condiciones que antes eran impensables, incluyendo matrículas gratuitas o bonificadas. Esto marca una diferencia estructural: durante décadas, estudiar era un privilegio reservado en gran medida a quienes podían permitírselo; hoy es, o debería ser, un derecho accesible en función del mérito y no de la renta. Ese es uno de los pilares de una sociedad más justa.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que personas con escasos recursos se veían obligadas a dejar medicamentos en la farmacia porque no podían pagarlos. Aquella imagen simboliza una etapa en la que las políticas públicas no protegieron suficientemente a quienes más lo necesitaban. No es una exageración retórica: es un recordatorio de lo que ocurre cuando el equilibrio entre eficiencia económica y justicia social se rompe.

Sin embargo, estos avances no están garantizados para siempre. Las políticas que priorizan la reducción del gasto social o cuestionan el papel redistributivo del Estado pueden revertir estos logros. En ese sentido, los pactos con fuerzas que han mostrado posiciones contrarias, cuando no, opuestas hacia estas medidas generan una incertidumbre legítima sobre su continuidad.

Otro elemento clave es el lenguaje político. La forma en que se expresan los representantes públicos no es un detalle menos importante. Las palabras construyen realidad, delimitan lo aceptable y pueden contribuir a normalizar posiciones extremas. En este sentido, resulta especialmente relevante una intervención de Miguel Tellado en la que llamó a “empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido”.

Esta afirmación no puede analizarse de manera superficial. Hablar de “cavar una fosa” en España no es una metáfora inocente. Es un país donde miles de personas siguen desaparecidas en cunetas y fosas comunes desde la Guerra Civil y la dictadura. Utilizar ese lenguaje en un contexto político implica una falta de sensibilidad hacia esa memoria histórica y hacia las familias que aún buscan a sus seres queridos.

Además, la gravedad no reside solo en la frase, sino en la reacción posterior. Lejos de matizar o disculparse, se optó por minimizar la polémica, lo que refuerza la idea de que este tipo de expresiones forman parte de una estrategia de confrontación deliberada. No es solo retórica dura: es una manera de tensionar el debate público hasta límites que pueden resultar dañinos para la convivencia democrática.

Esta afirmación no puede analizarse de manera superficial. Hablar de “cavar una fosa” en España no es una metáfora inocente. Es un país donde miles de personas siguen desaparecidas en cunetas y fosas comunes desde la Guerra Civil y la dictadura. Utilizar ese lenguaje en un contexto político implica una falta de sensibilidad hacia esa memoria histórica y hacia las familias que aún buscan a sus seres queridos.

A esto se suma el tratamiento de la inmigración. La adopción de discursos que vinculan inmigración con inseguridad o delincuencia simplifica de forma injusta una realidad compleja. Las personas migrantes no son cifras ni herramientas políticas: son seres humanos con derechos, muchas veces en situaciones de extrema vulnerabilidad. Convertirlas en objeto de confrontación política no solo distorsiona el debate, sino que contribuye a su deshumanización.

En definitiva, la cuestión no es únicamente quién gobierna, sino qué políticas se aplican y qué valores las sostienen. La gobernabilidad no puede convertirse en un fin en sí mismo si el precio es el retroceso en derechos, la erosión de la memoria democrática o el debilitamiento de la igualdad de oportunidades.

Los avances sociales —desde el acceso a la sanidad hasta la educación o la protección frente a la pobreza— no son irreversibles. Requieren compromiso político, voluntad institucional y una ciudadanía consciente de su importancia.

Porque al final, una democracia sólida no se mide solo por su capacidad de formar gobiernos, sino por su compromiso con la dignidad humana, la memoria histórica y la igualdad real. En ese sentido, no se puede ignorar que determinadas posiciones políticas recuperan marcos ideológicos que evocan etapas oscuras de la historia de España, vinculadas al franquismo y a una concepción excluyente de la sociedad. Recordarlo no es abrir heridas, sino evitar que se repitan, y defender que el progreso democrático solo puede construirse desde la memoria, los derechos y el respeto a todos.