Cuando la patria es un eslogan: la derecha que olvida a la gente

En los últimos años, España ha vivido algo más que una confrontación política: ha sido escenario de una campaña constante de desgaste contra el Gobierno legítimo de Pedro Sánchez, que ha traspasado con frecuencia los límites de la crítica democrática para adentrarse en el terreno del acoso político, mediático y personal. No hablamos de oposición —necesaria en cualquier democracia sana—, sino de una estrategia basada en la deslegitimación permanente.

Desde que Sánchez logró formar gobierno tras el bloqueo político, ante la incapacidad de Alberto Núñez Feijóo de articular una mayoría, el relato del Partido Popular y Vox ha sido claro: si no gobiernan ellos, el sistema falla. Han cuestionado reiteradamente la legitimidad del Ejecutivo, han pedido elecciones de forma insistente y han alimentado la sospecha sobre el funcionamiento de las instituciones.

Desde que Sánchez logró formar gobierno tras el bloqueo político, ante la incapacidad de Alberto Núñez Feijóo de articular una mayoría, el relato del Partido Popular y Vox ha sido claro: si no gobiernan ellos, el sistema falla. Han cuestionado reiteradamente la legitimidad del Ejecutivo, han pedido elecciones de forma insistente y han alimentado la sospecha sobre el funcionamiento de las instituciones.

Lo preocupante no es solo el ruido, sino el fondo. Cuando un líder político insinúa que un presidente podría “alterar unas elecciones”, como ha hecho Feijóo siguiendo la estela de José María Aznar, no está lanzando una crítica más: está erosionando la confianza en el sistema democrático. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando la ciudadanía deja de creer en las reglas del juego, lo que crece no es la alternativa política, sino la desafección, la polarización y el riesgo de fractura social.

Todo esto ocurre mientras España presenta indicadores económicos sólidos, con avances en empleo, salarios y protección social. Medidas como el Ingreso Mínimo Vital, rechazado en su momento por PP y Vox, han permitido que miles de familias salgan de la exclusión más dura. Conviene recordarlo: hubo un tiempo en que muchas personas no podían pagar medicamentos básicos, dejando recetas en la farmacia por falta de recursos. Hoy, aunque queda mucho por hacer, esa realidad se ha mitigado.

Frente a estos avances, la derecha ha optado por una oposición que muchas veces roza lo destructivo. Han votado en contra de medidas sociales clave, han judicializado la política y han intentado trasladar la batalla institucional a los platós y a determinadas portadas. No es casualidad: cuando no se gana en las urnas, se buscan otros terrenos.

Pero más allá del discurso, están los hechos. Allí donde gobiernan PP y Vox, ya sea en comunidades autónomas o ayuntamientos, se ha visto un patrón preocupante: recortes en servicios públicos, retrocesos en igualdad y abandono de políticas sociales. En Galicia, durante años de gobierno de Feijóo, se redujeron significativamente partidas esenciales como las destinadas al desarrollo rural, afectando a servicios básicos y acelerando la despoblación.

Pero más allá del discurso, están los hechos. Allí donde gobiernan PP y Vox, ya sea en comunidades autónomas o ayuntamientos, se ha visto un patrón preocupante: recortes en servicios públicos, retrocesos en igualdad y abandono de políticas sociales. En Galicia, durante años de gobierno de Feijóo, se redujeron significativamente partidas esenciales como las destinadas al desarrollo rural, afectando a servicios básicos y acelerando la despoblación.

En otros territorios, los acuerdos entre PP y Vox han supuesto la eliminación de medidas contra el cambio climático, el recorte del apoyo institucional al colectivo LGTBI+ y el debilitamiento de políticas contra la violencia de género. Todo ello acompañado, en algunos casos, de discursos que criminalizan la inmigración y fomentan el rechazo al diferente.

Resulta especialmente llamativo el contraste entre el discurso patriótico de Vox y sus políticas reales. Hablan constantemente de España, de bandera, de identidad… pero ¿dónde queda la gente en ese relato? Porque España no es un concepto abstracto: son sus ciudadanos. Son quienes necesitan atención sanitaria, educación pública, empleo digno y protección social.

Reducir la patria a un símbolo mientras se recortan derechos es una contradicción difícil de sostener. No hay patria sin ciudadanos con derechos. No hay España fuerte si se debilita su sanidad pública, si se precariza la educación o si se abandona a quienes más lo necesitan.

Además, conviene no olvidar que quienes hoy se presentan como garantes de la limpieza política arrastran importantes casos de corrupción. Desde la trama Gürtel hasta el caso Bárcenas en el PP, o las investigaciones que han salpicado a figuras vinculadas a Vox, la realidad desmonta cualquier intento de superioridad moral.

Lo preocupante no es solo el ruido, sino el fondo. Cuando un líder político insinúa que un presidente podría “alterar unas elecciones”, como ha hecho Feijóo siguiendo la estela de José María Aznar, no está lanzando una crítica más: está erosionando la confianza en el sistema democrático. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando la ciudadanía deja de creer en las reglas del juego, lo que crece no es la alternativa política, sino la desafección, la polarización y el riesgo de fractura social.

Esto no significa que el Gobierno actual sea perfecto. Quedan retos importantes: el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios públicos, la derogación de leyes restrictivas o el refuerzo de derechos laborales. Pero una cosa es exigir más —legítimo— y otra muy distinta es dinamitar la confianza en el sistema para obtener rédito político.

La democracia no consiste en aceptar los resultados solo cuando son favorables. Consiste en respetar las reglas siempre, incluso cuando no se gana. Y ahí es donde la derecha española parece haber cruzado una línea peligrosa.

Desde territorios como Galicia sabemos bien lo que significa quedar al margen de las decisiones. Por eso, cada avance en derechos y servicios no es una abstracción: es una mejora concreta en la vida de las personas. Y también por eso preocupa ver cómo se construye un discurso que prioriza el enfrentamiento sobre el bienestar común.

Porque al final, la pregunta es sencilla: ¿qué modelo de país se defiende? Uno basado en el ruido, la confrontación y el retroceso, o uno que, con sus errores, apuesta por ampliar derechos y oportunidades.

España no necesita más gritos ni más sospechas. Necesita más democracia, más respeto institucional y más compromiso con la ciudadanía. Todo lo demás —por muy envuelto que esté en banderas— es, simplemente, otra cosa.