Pobreza castigada, derechos recortados y la advertencia moral que llega desde Galicia

España se encuentra ante una encrucijada que va mucho más allá de un simple cambio de gobierno. La posible victoria de un bloque PP-Vox no supondría solo un giro político, sino una transformación profunda del modelo social, de la manera en que entendemos la dignidad humana, la solidaridad y la justicia. Para comprender lo que puede venir no hace falta imaginar escenarios exagerados ni recurrir al alarmismo: basta con mirar a Galicia y a lo que ya ocurrió bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo. No es una hipótesis. Es una experiencia concreta. Es memoria.

La Doctrina Social de la Iglesia es inequívoca: la dignidad de la persona humana es inviolable, no depende de su productividad, de su origen ni de su capacidad para “aportar”. Gaudium et Spes lo afirma con claridad cuando recuerda que la persona es el principio, el sujeto y el fin de toda organización social. Sin embargo, el discurso que hoy comparten PP y Vox avanza en sentido contrario.Hablan de derechos como si fueran recompensas, de ayudas como si fueran privilegios sospechosos y de la pobreza como si fuera una falta moral. El lema “quien aporta, recibe” reduce al ser humano a una cifra, vacía el concepto de bien común y sustituye la justicia social por una lógica contable que siempre castiga a los mismos.

La Doctrina Social de la Iglesia es inequívoca: la dignidad de la persona humana es inviolable, no depende de su productividad, de su origen ni de su capacidad para “aportar”.

Feijóo no es un desconocido en este terreno. Ya gobernó con mayoría absoluta en Galicia y dejó una huella clara en la gestión de la RISGA, la Renta de Integración Social de Galicia. Lo que debía ser un derecho básico se convirtió en un instrumento de control y humillación. Bajo su mandato se impusieron restricciones que expulsaron a miles de personas del sistema. Muchas familias solo podían acceder a la ayuda si demostraban que ningún familiar directo podía hacerse cargo de ellas, trasladando la responsabilidad del Estado a la caridad privada. Pero la Doctrina Social es clara: la subsidiariedad no significa abandono, y el Estado no puede lavarse las manos cuando la persona queda desprotegida.

Los trabajadores sociales lo denunciaron sin ambigüedades: aquello no era integración, era sometimiento. Personas sin recursos quedaban supeditadas a la voluntad de otros, obligadas a mendigar dentro de su propio hogar, privadas de autonomía y de dignidad. Desde la llegada del Ingreso Mínimo Vital, la RISGA perdió cerca de un 40 % de perceptores y Galicia redujo millones en gasto social, no porque la pobreza desapareciera, sino porque se dejó de atenderla. Caritas in Veritate lo advierte con rotundidad: la pobreza no se combate con exclusión, sino con justicia. En Galicia se optó, por lo contrario.

Hoy, esa misma lógica se pretende extender al conjunto del Estado. Feijóo propone restringir el IMV, especialmente para inmigrantes, comprando el relato del “efecto llamada” y de las “paguitas”, un espantajo repetido mil veces pese a no existir evidencia alguna que lo sostenga. La Doctrina Social de la Iglesia es tajante: en Fratelli Tutti, el Papa Francisco afirmaba que los migrantes no son una amenaza, sino personas con derechos, y que una sociedad justa no puede levantar muros legales para excluir a los más débiles.

Decir que solo merece ayuda quien ha cotizado es moralmente insostenible. ¿Qué cotizó un niño con discapacidad severa? ¿Qué aportó una mujer que huye de la violencia machista? ¿Qué aporta quien trabaja en negro porque el propio sistema le impide regularizarse? La dignidad no se mide en cuotas a la Seguridad Social.

Como advirtió el Papa León XIV, quien gobierna negando derechos, señalando al pobre y mirando desde la distancia no solo falla al Estado: traiciona al último y pisotea el Evangelio.

En su intento de no perder votos hacia Vox, el PP ha asumido una estrategia peligrosa: señalar al inmigrante pobre como chivo expiatorio del malestar social. Es una táctica vieja, eficaz y profundamente injusta. La Doctrina Social advierte que la cohesión social se rompe cuando la solidaridad es sustituida por el miedo. Vincular inmigración con inseguridad fractura barrios, normaliza el racismo y erosiona la convivencia. Propuestas como limitar la sanidad universal no solo son inmorales, sino irresponsables desde el punto de vista de la salud pública. El Evangelio no deja espacio a la ambigüedad: “Fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35). No hay letra pequeña.

En el plano económico, el proyecto compartido por PP y Vox apuesta por adelgazar el Estado, privatizar servicios y recortar lo público. Sanidad y educación dejan de ser derechos para convertirse en productos sometidos a la capacidad de pago. Un sistema de dos velocidades, donde los pobres esperan y los ricos eligen. La Doctrina Social recuerda que los bienes esenciales no pueden quedar al arbitrio del mercado. Cuando lo público se debilita, se rompe el principio del bien común y la desigualdad se dispara. Y siempre pagan los mismos.

A esto se suma la llamada batalla cultural. El veto parental, la censura de contenidos sobre diversidad y valores cívicos y la derogación de las leyes de memoria democrática no buscan neutralidad: buscan imponer una visión única. Eliminar el apoyo institucional a la exhumación de fosas comunes no cierra heridas, las niega. La Iglesia ha insistido en que no hay reconciliación sin verdad, y que la memoria no es revancha, sino justicia.

Todo esto no va de siglas, sino de principios. La experiencia gallega demuestra qué ocurre cuando la pobreza se gestiona con desconfianza y castigo. Lo que se presenta como orden acaba siendo exclusión; lo que se vende como justicia termina siendo clasismo; lo que se envuelve en tecnocracia es, en realidad, desprecio hacia los más débiles. La Doctrina Social de la Iglesia lo resume sin rodeos: una sociedad se mide por cómo trata a quienes están en el suelo.

Y hay algo más que no puede ignorarse: la credibilidad de quien encabeza este proyecto. Feijóo llegó a afirmar públicamente que, si mentía, se marcharía. No era una frase retórica, era un compromiso explícito con la verdad y con la responsabilidad política. Hoy, sin embargo, ese compromiso aparece erosionado por contradicciones y por su comparecencia telemática ante la DANA, un asunto que exigía presencia, claridad y asunción de responsabilidades, no distancia ni frialdad técnica.

Comparecer a distancia en un contexto de emergencia, cuando hay víctimas, daños y decisiones políticas que deben explicarse cara a cara, no es una cuestión de formato, sino de ética pública. La Doctrina Social insiste en que la autoridad política debe ejercerse como servicio, no como blindaje. Gobernar —o aspirar a gobernar— implica dar la cara, especialmente cuando las cosas van mal. Hacerlo desde una pantalla no es neutral: es un mensaje. El poder se protege a sí mismo antes que a la ciudadanía.

España ya ha visto este patrón. Cuando Mariano Rajoy se vio acorralado por la corrupción y por la exigencia de explicaciones, no compareció ante la gente: habló a través de un plasma. Aquella imagen no fue anecdótica; simbolizó una forma de gobernar basada en la evasión y la falta de rendición de cuentas. Hoy, el eco de aquel estilo vuelve a resonar.

Ese es el hilo que une todo lo anterior. Primero se relativiza la verdad, luego se deshumaniza al débil y, finalmente, se gobierna sin asumir responsabilidades. Se recortan derechos mientras se habla de orden, se criminaliza la pobreza mientras se invoca el mérito y se esquivan explicaciones mientras se exige sacrificio a los de abajo. La política deja de ser servicio y se convierte en gestión del daño propio.

Galicia fue el laboratorio social. La RISGA demostró que, bajo este modelo, la pobreza no se combate: se castiga. Hoy, con el IMV, con la inmigración, con los servicios públicos y con la memoria democrática, el riesgo es el mismo, pero a escala estatal.

No estamos ante un simple cambio de gobierno. Estamos ante una degradación moral del poder. Cuando quien prometió marcharse si mentía permanece, cuando quien debía dar la cara se esconde tras una pantalla y cuando la justicia social se reduce a contabilidad, el problema ya no es solo político. Es ético.

Porque cuando el poder deja de mirar a los ojos a los más débiles y empieza a gobernar desde la distancia, lo que se rompe no es solo el Estado social, sino el vínculo democrático mismo. Y cuando eso ocurre, el daño no es abstracto: lo pagan siempre los de abajo.

Como advirtió el Papa León XIV, quien gobierna negando derechos, señalando al pobre y mirando desde la distancia no solo falla al Estado: traiciona al último y pisotea el Evangelio.