Rafael Vez Palomino y la misericordia selectiva de la Iglesia

Hay episodios que, más allá de la anécdota, retratan una forma de proceder. La reciente polémica protagonizada por el canónigo de Pamplona Javier Aizpún, que llegó a pedir en redes sociales el bombardeo de Rabat antes de disculparse y retirarse discretamente, ha sido gestionada con rapidez: diálogo, matización institucional y recordatorio de que se trataba de una opinión personal. Un error grave, sí, pero reconducido con una diligencia que contrasta con otros casos mucho menos visibles.

La cuestión, sin embargo, no es comparar la gravedad de unos hechos con otros, sino la reacción de la institución. Porque es ahí donde aparece una pregunta inevitable: ¿por qué unas situaciones encuentran tan pronto el camino del diálogo, las explicaciones y la reconciliación, mientras otras permanecen durante años atrapadas en un silencio que parece no tener fin? La Iglesia tiene derecho —y el deber— de corregir a sus sacerdotes cuando se equivocan. Pero también tiene la obligación moral de no convertir la denuncia de una injusticia en una condena indefinida. Esa diferencia de trato es la que interpela, y es precisamente ahí donde el Evangelio deja de ser una cita para convertirse en un examen de conciencia.

¿por qué unas situaciones encuentran tan pronto el camino del diálogo, las explicaciones y la reconciliación, mientras otras permanecen durante años atrapadas en un silencio que parece no tener fin? La Iglesia tiene derecho —y el deber— de corregir a sus sacerdotes cuando se equivocan. Pero también tiene la obligación moral de no convertir la denuncia de una injusticia en una condena indefinida. Esa diferencia de trato es la que interpela, y es precisamente ahí donde el Evangelio deja de ser una cita para convertirse en un examen de conciencia.

Seis años después de una suspensión cautelar, Rafael Vez Palomino sigue esperando una respuesta que no llega. Cinco años en los que la provisionalidad se ha convertido, en la práctica, en condena. Conviene recordar el origen de todo: no fue apartado por un exabrupto ni por un desliz público, sino por alzar la voz en defensa de trabajadores, de personas vulnerables y frente a lo que consideró abusos de autoridad dentro de la propia Iglesia, señalando directamente la actuación del obispo Zornoza. Ese es el punto de partida. Esa es la cuestión de fondo.

El Evangelio, tantas veces invocado, ofrece criterios inequívocos: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados” (Lc 6,37). Sin embargo, la praxis parece aplicar filtros. Hay errores que encuentran cauces rápidos de reconciliación, y hay denuncias incómodas que se convierten en travesías del desierto.

Lo que resulta difícil de encajar no es solo la duración del proceso, sino su significado. Porque aquí no estamos ante un sacerdote que agitó el odio o la confrontación, sino ante alguien que decidió denunciar lo que entendía como injusto, defendiendo a quienes no tenían voz frente a decisiones que consideraba abusivas. Y esa decisión, lejos de abrir un espacio de diálogo, derivó —según su testimonio— en presiones, gritos, castigos y una cadena de consecuencias que acabaron afectando gravemente a su vida personal y económica.

La ironía se impone por sí sola: unas palabras incendiarias pueden resolverse con una disculpa y una salida discreta; denunciar abusos de poder en defensa de los más débiles puede costar años de silencio, desgaste y exclusión. No es una exageración; es el contraste.

“Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas… que cargáis a los hombres con cargas insoportables” (Lc 11,46). La cita no necesita forzarse para encontrar paralelismos. Cuando una medida cautelar se prolonga durante cinco años, deja de ser cautelar y pasa a convertirse en un castigo sostenido en el tiempo. Y eso, desde cualquier prisma —también el evangélico—, resulta difícilmente defendible.

Mientras tanto, la institución demuestra que sabe actuar con agilidad cuando la situación lo exige. Se emiten comunicados, se contextualizan palabras, se apela al diálogo. Se cuida la imagen y se gestiona el impacto. Pero esa misma diligencia no aparece cuando lo que está en juego es una denuncia interna que afecta a la credibilidad estructural.

La ironía se impone por sí sola: unas palabras incendiarias pueden resolverse con una disculpa y una salida discreta; denunciar abusos de poder en defensa de los más débiles puede costar años de silencio, desgaste y exclusión. No es una exageración; es el contraste.

“Sabéis que los jefes de las naciones las dominan… no ha de ser así entre vosotros” (Mt 20,25-26). La advertencia evangélica apunta directamente al uso del poder. Cuando la autoridad se percibe como imposición y no como servicio, el mensaje pierde credibilidad. Y cuando quien cuestiona desde dentro es apartado sin una resolución clara, la pregunta no es incómoda: es inevitable.

No se trata de establecer bandos ni de emitir juicios precipitados. Se trata de coherencia. Si la Iglesia reclama autoridad moral para hablar de justicia, debe aplicarla primero en casa. Si invoca la misericordia, no puede hacerlo de forma selectiva. Y si denuncia los abusos en otros ámbitos, no puede permitirse la sospecha de no afrontarlos con la misma determinación dentro de sus propias estructuras.

La pregunta final no admite rodeos: ¿puede la Iglesia sostener esta diferencia de trato sin erosionar su propia autoridad moral? ¿Puede hablar de justicia mientras mantiene situaciones sin resolver durante años? ¿Puede apelar al Evangelio sin asumir sus consecuencias más exigentes?

Seis años no son un trámite. Son una vida en suspenso. Son recursos agotados, dignidad erosionada y una incertidumbre que no encaja con el mensaje que se predica. Y, sobre todo, son demasiado tiempo para cualquier proceso que pretenda ser provisional.

“El Hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir” (Mc 10,45). La frase es clara. El servicio no es un eslogan; es un criterio. Y cuando ese criterio se diluye en dinámicas de autoprotección institucional, lo que se resiente no es solo un caso concreto, sino la credibilidad del conjunto.

Este no es un episodio aislado. Es un síntoma. Una señal de que la vara de medir no siempre es la misma, y de que el Evangelio puede resultar incómodo cuando se aplica sin excepciones. Porque defender a los débiles frente al abuso de poder no debería ser motivo de castigo, sino de reconocimiento.

La pregunta final no admite rodeos: ¿puede la Iglesia sostener esta diferencia de trato sin erosionar su propia autoridad moral? ¿Puede hablar de justicia mientras mantiene situaciones sin resolver durante años? ¿Puede apelar al Evangelio sin asumir sus consecuencias más exigentes?

Tal vez ha llegado el momento de algo más que comunicados y matices. De cerrar heridas abiertas, de ofrecer respuestas claras y de hacerlo con criterios auténticamente evangélicos. No por estrategia, sino por coherencia. Porque, de lo contrario, el mayor problema no será un tuit desafortunado, sino el silencio persistente ante quien se atrevió a denunciar la injusticia en nombre de los más vulnerables.

Porque cuando la Iglesia es implacable con quien denuncia y mucho más leve con quien provoca escándalo, no solo compromete su credibilidad: pone en cuestión su fidelidad al Evangelio que proclama.